En medio de la profunda crisis de la izquierda comunista española, influenciada por un PSOE globalista, sionista, atlantista y al servicio de la angloesfera, y una IU más próxima al liberalismo progresista (de nulo sindicalismo y municipalismo) y a un ''antifascismo nada popular, muy de fosa común y cuneta'' (usando la expresión de dos históricos militantes del Partido Comunista del País Valenciano) como digo, si en medio de esta crisis de la izquierda en España, tuviésemos que comparar (con perspectiva histórica e internacional) la actual situación del Partido Comunista de España, sería con el Partido Comunista Chino hasta la salida (a finales del 2022) del entonces Secretario General, Hu Jintao, y de todos los suyos del Comité Central del PCCh, y con la toma de control del actual Presidente de China y Secretario General del PCCh, Xi Jinping.
Con Hu Jintao, el PCCh se había convertido en una antena anglosajona y ramificación del Partido Demócrata de los EEUU, y estaba bajo el casi total control de la CIA y del MOSSAD, y de los intereses globalistas, sionistas y anglosajones. La situación, bajo la Presidencia de Trump, cambió con la colaboración diplomática entre Trump y el Presidente Xi: patriota chino opuesto al globalismo anglosajón, con toda su mediocre ideología liberal-capitalista, y cuyos intereses son China, el pueblo chino y tomar las riendas del PCCh para darle una nueva orientación patriótica, nacional y popular a la política china.
De forma paralela, el PCE, con su Secretario General Enrique Santiago (los allegados lo definen como ''personaje con dotes de gobierno, fortaleza moral y política, e inteligencia muy mejorables y centradas en su promoción personal sectaria'') se ha convertido en una antena o ramificación de los intereses globalistas, atlantistas, sionistas y liberales de la angloesfera.
¿Por qué se afirma con tal rotundidad esto?
En primer lugar, porque el mencionado Secretario General del PCE, Enrique Santiago, destaca:
- En el ámbito Internacional, por haber sido elegido como ''mediador neutral'' con las FARC a favor de los intereses anglosajones, no de España o de nuestra amada Colombia.
- Y en el ámbito interno, por haber sido seleccionado (algunos nos informan que no por las bases sino por determinados grupos de poder dentro del Estado) para ''monitorizar el comunismo en España a interés anglosajón, como hizo con el proceso de paz en Colombia''.
Veamos ahora algunos de los ''logros'' del PCE de Enrique Santiago y, después, la clara oposición del Partido Comunista del País Valenciano, un claro ejemplo de lealtad al comunismo popular hispano, centrado en los intereses del pueblo y no de las élites usureras, ya sean éstas financieras, inmobiliarias, farmacéuticas, digitales o de empresas de seguridad y militares:
- Apoyo activo a la intervención militar en Ucrania contra Rusia, tanto bajo el paraguas de la OTAN, de las instituciones de la UE y del Ministerio de Defensa de España.
- Apoyo, más o menos activo o encubierto, a la reciente Cumbre de la OTAN celebrada en España, con instrucciones dadas desde el Comité Central del PCE (así nos informan fuentes de confianza) a determinados militantes ''veteranos'' que se mueven por las diferentes formaciones de izquierdas, sobre todo en Madrid, Euskadi, Aragón y Valencia (Valencia especialmente) con el fin de boicotear las manifestaciones organizadas contra la OTAN por las bases, y neutralizando las actividades de la Plataforma OTAN NO, BASES FUERA, insisto, en especial en Valencia mediante elementos internos a dicha plataforma.
- Apoyo a las directivas de la UE, canalizadas por la Vpta. y Ministra, Nadia Calviño, relativas a la reducción de salarios, liberalización del despido, pensiones cada vez más reducidas y con menor poder adquisitivo, nula oposición al aumento del precio de los hidrocarburos y de determinados productos básicos como el aceite, el pan, frutas y verduras, y respaldando el argumento:
''Fue por la crisis de la covid y ahora es por la Guerra de Putin''.
- Silencio total ante la entrada en el IBEX de farmacéuticas como Pfizer y ante las reuniones secretas del Presidente Sánchez con agentes financieros extranjeros como George ''Soros'' Schwartz, Bill Gates y Rothschild, hijo.
- Silencio casi total, e inacción, ante la traición al pueblo saharaui con Marruecos y el cambio a una política promarroquí y de oposición a Argelia.
- Silencio e inacción similares ante la política prosionista de sus socios en el Gobierno y nulo respaldo al pueblo palestino.
- Promoción legislativa, social y económica del liberalismo antidemográfico que ataca a los bienes de producción estatal, y que se materializa en leyes proaborto, proeutanasia, lgtbiq+ y que no siguen los camaradas del Partido Comunista Portugués.
Y, sin ánimo de ser más exhaustivo, nula oposición a las políticas de sus socios en el Gobierno que favorecen la usura y la especulación monetaria e inmobiliaria en toda España, y de manera muy especial en Valencia, siendo una oposición activa (aunque limitada por sus capacidades y competencias legales) el Vpte. de la G.V. Héctor Illueca, que, aún estando en Podemos, viene de una tradición política comunista y está haciendo más política comunista (en lo económico e internacional, con una clara oposición a la OTAN y apoyo a los pueblos palestino y saharaui) que los que formalmente deberían hacerla, como es el actual Comité Central del PCE; sin embargo las relaciones entre el Vpte. Illueca y el PCPV son estrechas y el apoyo tácito, aunque deba ''respetar los cargos elegidos en el PCE y en IU''.
Es en este punto (lucha contra la usura y especulación inmobiliaria) que pasamos a comentar y publicar en exclusiva el reciente comunicado del PCPV:
''El PCPV exige políticas públicas de vivienda que incluyan la prohibición de desalojos de familias vulnerables de inmuebles propiedad de entidades bancarias y fondos buitre. El Partit Comunista del País Valencià, PCPV, ante el alarmante incremento de lanzamientos y situaciones de acoso inmobiliario en el País Valencià, exige políticas públicas de vivienda que incluyan de forma explícita la prohibición de desalojos, de familias vulnerables, de inmuebles propiedad de entidades bancarias y fondos buitre, el alquiler social obligatorio, la regulación del precio y soluciones inmediatas por parte de los Ayuntamientos y de la Generalitat Valenciana a la emergencia habitacional en la que se encuentran las personas en situación de vulnerabilidad.
El PCPV, en línea con las demandas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH PV) y activistas de movimientos sociales y vecinales (como la HOAC, València es Refugi i CAVE COVA) reconoce las iniciativas puestas en marcha por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, entre las que destaca el recientemente aprobado Decreto Ley 3/2023, de 17 de febrero, y la ampliación del parque público valenciano con 500 viviendas de la SAREB (en este último año se ha incrementado hasta las 1.262) aunque las considera insuficientes para garantizar el derecho fundamental a la vivienda digna y la lucha contra el abuso inmobiliario.
La formación comunista reitera su compromiso con la iniciativa legislativa popular por una Ley de Vivienda Digna y exige que la Ley de Vivienda Estatal recoja la paralización de los desahucios, que contemple el alquiler social obligatorio, que regule el precio del alquiler, que transforme la SAREB en un parque público de viviendas, que garantice los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones, que se establezca la segunda oportunidad para mantener una vivienda habitual que incluya a los avalistas y que la vivienda deje de ser un producto de mercado para ser un derecho social básico.
En el País Valencià hay 13.400 demandas de vivienda pública y el número de lanzamientos practicados por los juzgados, tanto los derivados de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como los derivados de las ejecuciones hipotecarias, alcanzaron en 2022 a 3.894 familias: en el primer trimestre a 1.042; a 1.043 familias en el segundo trimestre; a 973 en el tercero y 840 en el cuarto, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Cifras que, en 2023, se han incrementado derivado del impago de alquileres e hipotecas o la finalización de contratos de arrendamiento.
Se trata de situaciones, a juicio del PCPV, que demuestran la inoperancia de medidas aisladas como la ampliación del periodo de suspensión de los desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables hasta el 30 de junio de 2023, aprobada en el RD 20/2022, al carecer del acompañamiento de políticas públicas de viviendas.
En el último trimestre de 2022, los desahucios se dispararon un 40% en el País Valencià, según los datos del CGPJ.
Una situación –señala el Partit Comunista del País Valencià–, que se vive con especial preocupación en Alicante, en donde, en los dos primeros meses de 2023, los tribunales han ordenado ocho lanzamientos de familias vulnerables de pisos propiedad de fondos buitre y entidades financieras y que, en su mayoría, han sido paralizados por la movilización vecinal y la intervención de la Unitat d'Ajuda davant Desnonaments (UAD) de la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana:
En enero, la SAREB trató de desahuciar a tres familias de un bloque del número 8 de la calle Elda.
El 8 de febrero el fondo buitre, Global Licata, S.A., lo intentó con Jan, su mujer y sus dos hijos.
El 20 de febrero, Ticatana Servicios Empresariales S.L con Rafael, María y sus tres hijos.
Dos días más tarde, el 22 de febrero, el BBVA, lo intentó con Antonio y su familia y el 24 del mes pasado, Colba Directorship S.L., hizo lo propio con Zulhika y sus tres hijos.
El lanzamiento de María, una pensionista y su hijo, con una discapacidad psíquica e informes de vulnerabilidad reconocidos, no se pudo parar y fueron desahuciados de su vivienda del barrio de Carolinas de Alicante, por el fondo buitre Majoro Reo Spain II, S.L., el pasado 1 de febrero.
Todos ellos propiedad de usureros profesionales pertenecientes a fondos anglo-israelíes.
La Conselleria de Vivienda ha cedido un piso en régimen de alquiler asequible durante un mínimo de siete años, prorrogables tres más, tras recibir el decreto de emergencia habitacional del Ayuntamiento de Alicante, que ha tardado más de tres semanas en firmarlo. Una dilación en la elaboración de los decretos de emergencia habitacional que desde el PCPV, denuncian, consiste en una práctica “habitual” del ejecutivo municipal alicantino en manos de PP y Cs:
Partidos liberales comprados por fondos de inversión y usura.
A esto hay que sumar decenas de casos de desahucios y acoso inmobiliario en València que denuncia también el PCPV, como el que tuvo lugar en octubre de 2022, cuando una familia de refugiados con dos menores de 4 y 7 años fue desalojada de una vivienda vacía del barrio de Malilla.
El que se produjo en Cullera, en febrero, cuando una jubilada encontró su vivienda cerrada por orden judicial, a petición de Cerberus Capital Management, de Global Pantelaria, después de que pasara unos días con su hijo tras quedarse viuda o el intento de desahucio de siete familias alquiladas en Cabanes, Castellón, de pisos propiedad de la SAREB, en junio de 2022.
Situaciones dramáticas a las que hay que añadir la de varias familias en València, las que, pese a tener una orden de paralización de desahucio por discapacidad, una, y un alquiler social, la segunda, viven hostigadas por una empresa de desokupación y acosadores anónimos:
''Vinculada a fondos buitre, al PSOE-PSPV y a determinado empresario de la seguridad privada, con estrechas relaciones en interior y presidente de una organización política neonazi'', citando a Miquel Ramos en su fundamentado libro Antifascistas.
Desde el PCPV, que reconoce los avances en materia de vivienda incluidos en las medidas implementadas en el Decreto Ley/ 3/2023, de 17 de febrero, se solicita celeridad en la aplicación de la regulación de los grandes tenedores de vivienda y las medidas de cesión de uso y expropiación; en la puesta en marcha de medidas de protección frente al acoso inmobiliario y frente a la discriminación en el acceso a la vivienda y en la implementación de medidas dirigidas a frenar el trato preferencial en la fiscalidad de los fondos buitre y Socimis y a impedir la concentración de propiedad inmobiliaria.
Para el PCPV, la función social de la propiedad de la vivienda debe prevalecer cuando hay millones de viviendas vacías y cientos de miles de familias tienen dificultades para tener una vivienda digna o directamente no la tienen, por lo que a las medidas urgentes del Pacto del Botànic, el Partit Comunista del País Valencià exige, ante un rescate impagado de 48 mil millones de euros, la compra a precio simbólico (como el PSOE de González hizo con RUMASA) de todos los activos de la SAREB –más de 31.000, entre viviendas, solares y trasteros en la Comunitat, según la PAH–, para implementar un mecanismo claro de Alquiler Social Obligatorio''.
Concluyo este artículo, no sólo alabando al PCPV y a sus máximos representantes, Javier Parra y Tito Alapont, sino con una petición y solicitud a la dignidad, al decoro y al honor a Enrique Santiago ''instándole a que dimita y que se convoquen elecciones para que las bases puedan elegir abiertamente a Javier Parra u a otro capacitado como Secretario General que limpie el PCE de agentes al servicio de la angloesfera y que mire por los intereses de España desde una perspectiva comunista y popular'', citando las conclusiones a las que llegaron varios históricos comunistas españoles y portugueses, con los que pude conversar.
¿Qué le recomiendo y aconsejo al Sr. Santiago?
''No espere a que le saquen de la Asamblea como le pasó a Hu Jintao (aunque para algunos esto sería lo justo dado el profundo mal que has causado al PCE y a España) y márchese facilitando al PCPV y a otras federaciones del PCE a que sanéen el PCE y la soberanía popular de España''.