La Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) se ha conformado como una institución indispensable para proteger el derecho y los intereses financieros europeos.
Se le ha dado a la EPPO un arma letal. Con su derecho de avocación, la EPPO puede asumir la responsabilidad de investigar y perseguir delitos, aunque las autoridades nacionales ya hayan iniciado previamente una investigación. Y no solo eso; puede excluirlos y llevarse la instrucción a un tribunal que no sea del estado de donde se tramitan las diligencias. Un asunto español puede recalar en Rumanía o Estonia.
Cuando un Estado miembro, a través de sus jueces, o por simple denuncia anónima a través de un buzón de denuncias, transmite un caso a la Fiscalía Europea, está aceptando que la UE tiene la autoridad y la competencia necesarias para manejar dicho asunto. Y en el momento que ésta la toma, se cierra el círculo.
La EPPO tiene el poder exclusivo para investigar y perseguir delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea, incluyendo fraude, corrupción y otros delitos graves de naturaleza con efectos transfronterizos. Cuando por denuncia o porque las autoridades nacionales ponen en marcha una investigación sobre estos delitos, la EPPO tiene conocimiento, puede decidir avocar el caso y tomar el control absoluto de la totalidad de la investigación y el enjuiciamiento. Jueces y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quedan a sus órdenes.
Este novedoso derecho de avocación se ejerce, eso sí, tras una evaluación minuciosa de cada caso, considerando la gravedad del delito, la complejidad de la investigación, el alcance transfronterizo y, por supuesto, la incapacidad implícita de las autoridades nacionales para llevar a cabo una investigación efectiva.
En el estado de integración actual, ningún país podría gestionar sus propios problemas, porque los efectos siempre transcienden más allá de sus fronteras.
El tema tiene su punto guasón. El principal impulsor de la Fiscalía Europea fue el Gobierno del Partido Popular de Rajoy. Y se ha intentado en los últimos tiempos que funcionase como ariete contra el Partido Socialista, pero va dando la impresión de que se están comiendo sus propios actos. Cada denuncia supone reconocer que no se es soberano; cada vez que actúa la Fiscalía Europea, deja en la cuneta al poder judicial español. Con curiosos efectos como el tener que negociar la estructura del CGPJ en Bruselas; Y de que la UE reconociera, después de aburrirse con el tema, que era preciso empoderar al actual gobierno español con la capacidad para romper el bloqueo.
La misma metedura de pata la han perpetrado con el tema de la mujer del presidente. Al avocar el procedimiento, el juez instructor se ha quedado con una mano delante y otra detrás, y sin capacidad de actuar sobre la política en ese tema. Ha recurrido a la chapuza de abrir piezas separadas, diligencias que le durarán lo que tarde en cabrearse la Fiscalía Europea.
El ejercicio del derecho de avocación por parte de la EPPO implica un reconocimiento efectivo, de que la soberanía en esa parte del Derecho se ha transferido a la Unión Europea, para siempre. Cuando un Estado miembro, a través de sus jueces, transmite un caso a la Fiscalía Europea, está admitiendo que la UE tiene la autoridad y la competencia necesarias para manejar el asunto.
Este acto de transferencia no es meramente administrativo; es una rendición formal de parte de la soberanía nacional en aras de la utópica integración europea. Los Estados miembros, al ceder esta porción de su soberanía, están reconociendo que la protección de los intereses de la UE requiere una respuesta centralizada y que prácticamente todo es interés de la UE.
Aunque la EPPO tiene la autoridad para avocar casos, este poder se ejerce en "estrecha" colaboración con las autoridades nacionales. La EPPO puede trabajar conjuntamente con fiscales y fuerzas de seguridad locales, proporcionando apoyo y coordinación para asegurar una investigación "eficaz".
La Fiscalía Europea actúa de manera proporcional y subsidiaria, avocando casos solo cuando es "necesario" para proteger los intereses financieros de la UE y cuando las autoridades nacionales no puedan manejar adecuadamente la investigación. Lo cual, por supuesto, es casi siempre que entra en una materia.
El proceso comienza con la notificación de las autoridades nacionales a la EPPO sobre cualquier delito que pueda caer dentro de su competencia. Tras recibir la notificación, la EPPO evalúa si debe avocar el caso. Si decide hacerlo, comunica su decisión a las autoridades nacionales y asume la responsabilidad de la investigación; de toda. Posteriormente, las autoridades nacionales deben transferir todos los materiales de la investigación y cooperar con la EPPO según sea necesario.
El derecho de avocación de la Fiscalía Europea no solo fortalece la lucha contra el fraude y la corrupción, sino que también simboliza un avance hacia la integración judicial dentro de la UE.
La EPPO y su derecho de avocación representan un paso decisivo en la construcción de un espacio judicial único europeo, donde la cooperación y la coordinación son esenciales para enfrentar los desafíos de una criminalidad cada vez más globalizada y compleja. Pero, sobre todo, está pensada para acotar a aquellos que son capaces de mover el BOE y los jueces a su favor.