En marzo nos encontró impreparados la primera oleada del Coronavirus SARS-CoV-2, a pesar de los avisos de China y especialmente de Italia.
Las administraciones publicas actuaron tarde y a menudo mal, pero pudieron contar con la complicidad de la inmensa mayoría de la población que confió en las decisiones tomadas durante el estado de alarma y en la desescalada posterior.
La consigna fue salvar el sistema sanitario del colapso, salvar vidas y evitar el derrumbe del sistema económico, productivo y financiero.
Sin entrar a discutir la “matanza” de las residencias de la gente mayor, el sacrificado fue el sistema educativo, con el segundo semestre acabado con más penas que gloria gracias a las herramientas de comunicación a distancia disponibles.
Después de unas semanas de “bonanza” el número de contagios diarios ha vuelto a subir constantemente, dando al traste con la ilusión de poder recuperar una cierta normalidad en los centros escolares al comienzo del nuevo curso.
Se han redactado planes de contingencia para definir como actuar en caso de detectarse brotes de contagios en las aulas, protocolos que cuasi con toda seguridad llevarán a una situación de auténtico caos didáctico (amen del riesgo para la salud de alumnos, docentes y familias).
Imagínese un instituto con docenas de clases, donde se empiecen a detectar algunos casos puntuales, pongamos en 3 o 4 clases. Estas se suspenderán en cuarentena durante un mínimo de 14 días, quedando sus alumnos atrasados en el programa.
Imaginen más casos a lo largo de los primeros meses y llegaremos a fin de año con una situación de varias clases de alumnos con niveles de cumplimiento del programa “a mancha de leopardo” en el instituto.
Ahora imaginen lo mismo a nivel de distritos escolares, comunidad autónoma o estatal: el Armagedón del sistema educativo está servido.
Algo parecido puede llegar a pasar al sistema económico si las empresas privadas, las administraciones publicas y las familias, quedaran expuestas a una secuencia de paradas y arranques repentinas e imprevisibles.
El famoso “mercado” aquello que peor tolera es la incertidumbre.
Ahora conocemos algo mejor que en marzo las vías de difusión del virus y como actuar para cortar o reducir las cadenas de contagios.
Es el momento de cambiar las actuaciones meramente reactivas (que además sabemos tardan entre 3-4 semanas en comenzar a dar resultados) por unas estrategias planificadas anticipándonos a la evolución de la pandemia.
Sabemos que la manera más eficiente a nuestra disposición para romper la cadena de los contagios es la restricción de los contactos sociales y que la que consigue los resultados más rápidamente y de forma masiva es el confinamiento domiciliario.
Sabemos también que una parada completa de las actividades productivas y de los desplazamientos tiene una repercusión letal en nuestro sistema económico (y por derivación los impuestos que financian los servicios públicos y el estado del bienestar).
La estrategia ideal sería aquella que puede llegar a combinar el máximo de eficacia en cortar los contactos y minimizar el impacto en el sistema económico, sanitario y educativo.
Una vez tengamos claro que antes del año 2021 no tendremos una vacuna ni sabremos si funciona de verdad y hasta que punto asegura la inmunidad, el arma más potente que tenemos es el confinamiento domiciliario con las medidas higiénicas y el uso de mascarilla.
Una propuesta a estudiar podría prever la programación de las paradas durante los próximos 4 meses alternando un periodo de actividad con uno de confinamiento domiciliario y de pruebas selectivas en áreas o colectivos identificados.
La imagen es solo un ejemplo para intentar abrir el debate y las aportaciones de todos los especialistas y responsable en el intento de abrir las alternativas y pensar más allá de la simple reacción tardía a los acontecimientos.
Esperando mejores tratamientos y la deseada vacuna, merece la pena pararnos a pensar en ello.