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El CGPJ desoye a su gabinete técnico y nombra a Rafael Mozo sucesor de Carlos Lesmes como presidente del Consejo

15 de Octubre de 2022
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Rafael Mozo

El CGPJ desoye a su gabinete técnico y nombra a Rafael Mozo sucesor de Carlos Lesmes como presidente del Consejo. El acuerdo fue aprobado por una amplia mayoría de los vocales este jueves por la tarde después de que Lesmes anunciara su dimisión como consecuencia del inaudito bloqueo que vive el órgano.

Francisco Marín Castán, por su lado, ocupará la presidencia del Tribunal Supremo hasta que se produzca la renovación del órgano de gobierno de la magistratura. Una bicefalia que el gabinete técnico del Consejo trató de evitar sin éxito.

Todo se remonta a mediados de septiembre. El ya expresidente del Consejo, Carlos Lesmes, solicitó un informe a su gabinete técnico para que informare sobre quien debía sucederle en la presidencia del CGPJ en caso de renunciar a su cargo.

El gabinete atribuyó la responsabilidad al magistrado de Sala más antiguo del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, indicando que nuestro ordenamiento jurídico exigía que ambas presidencias (del CGPJ y del TS) fueran asumidas por el mismo magistrado.

Asimismo, se indicaba en el informe que, si bien la asunción del cargo habría correspondido al vicepresidente del Tribunal Supremo (plaza vacante desde que en el año 2019 el magistrado que la ocupaba alcanzara la edad de jubilación), y dada la imposibilidad del CGPJ en funciones de realizar nombramientos después de que PSOE y Podemos tirarán adelante la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la presidencia debía ocuparla el magistrado de Sala del TS más antiguo: Francisco Marín Castán.

No obstante, el CGPJ ha hecho caso omiso a las indicaciones de su gabinete técnico y ha optado por la vía de hecho. La mayoría de vocales adoptaron, el jueves por la tarde, el acuerdo que atribuía al magistrado progresista Rafael Mozo la presidencia del órgano de gobierno de la magistratura. Pero no la del Tribunal Supremo, que corresponderá a Francisco Marín Castán.

¿A quién corresponde la presidencia del CGPJ y del TS?

Lo primero que debemos preguntarnos es a quién corresponde la presidencia del CGPJ y del TS. Con el simple estudio de nuestro ordenamiento jurídico podríamos concluir que, cuanto menos, existe una discrepancia lógica desde ciertos sectores de la magistratura con el nombramiento de Rafael Mozo.

La Constitución establece que el CGPJ estará “integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años”. En consecuencia, no puede producirse una bicefalia en la presidencia del Consejo y del TS sino que ésta debe ocuparse por el mismo magistrado. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial también establece esta analogía subjetiva en la figura de ambas presidencias. Y el propio Reglamento de funcionamiento del Consejo también.

Nombramiento de Rafael Mozo por el Consejo

No obstante la claridad de la legislación y la rotundidad con la que el gabinete técnico del Consejo se pronunció en su informe, la mayoría de sus vocales decidieron no acatar el precitado informe y nombrar como sucesor de Carlos Lesmes al vocal progresista Rafael Mozo (al ser éste el de mayor edad).

Desde el Tribunal Supremo esta noticia no fue recibida con agrado. Sectores de la doctrina entienden que aun no siendo un informe preceptivo, el del gabinete técnico era un informe que expresaba un criterio acorde a la ley y repleto de seguridad jurídica ante una situación de extrema gravedad.

En el Consejo, sin embargo, entienden que la sucesión no viene predeterminada por automatismo legalmente establecido sino que son los propios vocales los que, por las mayorías pertinentes, deben escoger al vocal que sustituya al presidente dimitido.

El debate está servido. No parece que esta historia vaya a acabar aquí. El máximo órgano de gobierno de la magistratura tiene una posición francamente contrapuesta a la del Alto Tribunal. Y, entretanto, los principales partidos políticos tienen la obligación de renovar el CGPJ y acabar con la inseguridad jurídica que produce, agravada – probablemente – por esta bicefalia en ambas presidencias que ha recibido el beneplácito de la mayoría de vocales en funciones.

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