El pasado 6 de abril el gabinete de prensa delCGPJ hacía público el resultado de las sorprendentes actuaciones e informacionesrealizadas por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia en el ámbito delos Registros Civiles de Castilla-La Mancha, por las que se ordenaba revisarlas inscripciones de fallecimiento por el Covid-19 practicadas por losRegistros Civiles en el ámbito de la comunidad autónoma.
A la información del órgano de gobierno de losjueces se acompañaba efectivamente el inusitado “ACUERDO EXCMO. SR. VICENTEMANUEL ROUCO RODRIGUEZ PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA”de 6 de abril, por el quese daba a conocer un pretendido desfase en la lista oficial de fallecidosproporcionada por el Ministro de Sanidad en Castilla La Mancha.
Según el comunicado de prensa, las licencias deenterramiento expedidas por los registros civiles de la región, con motivo dela situación originada por la pandemia del COVID-19, supuestamente había ascendidoa la cantidad de 1.921, un cifra muy superior a los 1.132 fallecidosoficiales registrados por la estadística ofrecida por el Ministerio de Sanidad conrespecto a la Comunidad Autónoma. Esta cifra suponía un 69,7% más que los datosoficiales.
Rouco justificaba su intervención “en elejercicio de las facultades de inspección que corresponden a estaPresidencia sobre los Registros Civiles de este Tribunal Superior de Justiciasin perjuicio de las que corresponde a la Dirección General de SeguridadJurídica y Fé Pública del Ministerio de Justicia”.
Por ello decidió, a título personal, abrir unexpediente gubernativo y dictó un Acuerdo dirigiendo prevención a losJueces Encargados de los Registros Civiles para que “en lo sucesivo, se velepor que se haga una identificación lo más precisa posible de la causa inicial ofundamental de la muerte en todos aquellos casos en los que aparezcan procesospatológicos o causas o intermedias que puedan considerarse compatibles osospechosos con el Coronavirus Covid-19”.
Es cierto que el Reglamento de los Órganos deGobierno de Tribunales establece que corresponde a las Salas de Gobierno delos Tribunales Superiores de Justicia, mediante acuerdo, “dirigir, por conductodel Presidente, a los Juzgados y Tribunales a ellos inferiores, lasprevenciones que estimen oportunas para el mejor funcionamiento de los Juzgadosy Tribunales (art.4)”.
Sin embargo, en el caso de los fallecidos por elCovid-19 en Castilla La Mancha el acuerdo de la Sala de Gobierno “brilla por suausencia”.
Vicente Roucosuplantó a la Sala deGobierno del TSJ de Castilla La Mancha cuando ordenó revisar lasinscripciones de fallecimiento por el Covid-19, acordando a título personal lasprevenciones que dirigió a los jueces encargados de los registros civiles de lacomunidad, sin estar legalmente habilitado para hacerlo.