La muerte de Nahel, un menor de diecisiete años, a manos de la policía francesa en el suburbio de Nanterre, al oeste de París, ha desencadenado una ola de protestas que han desembocado en disturbios en las ciudades más significativas de Francia, como Toulouse, Lyon, Marsella y Nanterre, extendiéndose a otros países limítrofes como Bélgica y Suiza.
Para establecer el status quo del país, el gobierno de la nación ha movilizado a unos cuarenta y cinco mil policías, gendarmes y miembros pertenecientes a unidades de élite, que no han titubeado en emplear cañones de agua a presión, botes de humo y lacrimógenos, e incluso armas de fuego para neutralizar o detener los disturbios. Por el contrario, se ha informado a los medios de comunicación que por el momento al menos unas novecientas personas han sido detenidas por los altercados ocasionados.
Podríamos centrar el artículo en las cifras de los agentes de autoridad desplegados en el país del queso Gruyère, en los vehículos blindados que han sido destinados para reprimir e imponer el status quo en las ciudades, incluso detenernos en el número de saqueos, incendios y ataques a edificios públicos. Pero quizás, ése no es el caso en este preciso momento de este artículo o por lo menos su fin. Porque quizás habría que analizar ante todo el origen de la violencia que se ha desatado. Centrarse en cuáles son las causas que han provocado el estallido social en las periferias de un país que tiene como lema nacional a la Igualdad, la Fraternidad y la Libertad.
La situación de las diferentes comunidades raciales y étnicas que pueblan Francia han estado sujetas al racismo institucional y a la brutalidad policial. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos subrayó que ya era hora de que el país reconozca su historial de racismo en el ámbito policial. En un comunicado emitido en Ginebra el pasado día 30 de junio, la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, expresó su profunda preocupación por la muerte de Nahel. Después que un efectivo de la policía francesa abriera fuego contra él cuando huía de un control en el suburbio parisino de Nanterre. Ravina Shamdasani hizo hincapié que era el momento para que el país aborde seriamente los problemas profundos de racismo y discriminación que existen en las fuerzas del orden y en la aplicación de la ley. También hizo énfasis en la importancia del diálogo: “Hacemos una llamada a las autoridades para que garanticen que el uso de la fuerza por parte de la policía para hacer frente a los elementos violentos en las manifestaciones se aplique siempre respetando los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación, precaución y rendición de cuentas”. En un duro mensaje contra la administración francesa, Ravina Shamdasani exhortó a que se investiguen con celeridad todas las denuncias de uso desproporcionado de la fuerza en contra de personas. Porque de acuerdo con las últimas cifras publicadas por la policía francesa, en 2021, se documentaron treinta y siete fallecimientos durante operaciones policiales, de las cuales diez fueron ocasionadas por armas de fuego. Organizaciones como Amnistía Internacional, el Consejo de Europa y el Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos han denunciado las actuaciones de las fuerzas de seguridad francesas por el abuso policial en las intervenciones realizadas en las ultimas manifestaciones, como lo fueron la de los chalecos amarillos o las protestas surgidas contra la reforma de las pensiones.
En los últimos años, Francia se enfrenta a un gran problema social. Después de la pandemia, la brecha social en suelo francés se ha ampliado a un millón de personas más que viven en precariedad y por debajo del umbral de la pobreza, junto con los nueve millones de personas en especial situación de vulnerabilidad que ya se encontraban en esa tesitura. Personas que viven en un estado de extrema pobreza y que, entre otras causas, sufren una merma de sus ingresos, que los aboca a no disponer de capacidad para hacer frente a las rentas del alquiler, los gastos fijos básicos como el agua, el gas y la luz, así como los gastos de alimentación, de productos de higiene, de vestido y de transporte que han soportado en los últimos meses el aumento desmesurado de la inflación, cebándose con el poder adquisitivo de las clases populares y de las comunidades más vulnerables. Los sectores sociales más afectados por la crisis son aquellos que viven en los banlieues o periferias de las ciudades. “Sufriendo estas condiciones de vida, la comunidad migrante dos veces más probabilidades que el promedio nacional y tres veces más de posibilidades de estar desempleados”, según ha aseverado Iona Lefebvre en un artículo para el Instituto Montaigne. Este hecho hace que, en cierto grado, la necesidad y la desigualdad socio económica degrade aún más el paisaje social y deteriore la geografía íntima, física, económica, social y cultural de las relaciones humanas que se establecen alrededor de las zonas urbanas del extrarradio. Este deterioro del tejido social permitido y alimentado por las diferentes administraciones públicas ha terminado en convertirse en un problema social que ahonda la situación de emergencia humanitaria que atraviesa el país y la angustia asociada a las condiciones infrahumanas que vive parte de la población que puebla la sexta economía mundial.
El racismo y la xenofobia está tan institucionalizada en las diferentes administraciones públicas del país galo que nos queda en la retina las palabras del que fuera Ministro del Interior y después Primer Ministro de la nación, Nicolas Sarkozy, que calificó a los manifestantes que comenzaron las protestas de dos mil cinco por la muerte de dos menores electrocutados como escoria y que días más tarde volvió a reiterar y afirmar que eran “matones, escoria”. Insistió y ratificó.
Francia es el espejo del fracaso de las potencias occidentales en su política de integración con las diferentes comunidades, etnias y colectivos que constituyen la estructura social de los diferentes Estados. La muestra de ese fracaso social es el hecho en sí de la constitución y existencia de los suburbios o/y guetos en las periferias de las ciudades. Imagen que contrasta con la versión oficial de muchos estados que intentan presentar una imagen deformada de la realidad.
La lucha por acabar por la desigualdad social pasa irremediablemente por el empoderamiento real y efectivo de todos los miembros de la sociedad, en especial, de las mujeres y de las niñas. Sobre todo de aquellas personas que se encuentran en extrema y en especial situación de vulnerabilidad. Quizás, por ello, lo primero que hay que realizar es generar una mayor conciencia y apoyo en materia de políticas para reducir la desigualdad del acceso y las oportunidades. Sensibilizar a la población de las diferentes realidades a través de los medios de comunicación, de una administración pública comprometida y responsable que apoyen el cambio de paradigma, por medio del uso de un lenguaje integrador e inclusivo y alejado de los discursos de odio o de xenofobia.
Se debe fijar objetivos y replantear las prioridades del gasto público para atender las necesidades de los más vulnerables, centrando los esfuerzos de las organismos públicos en la mejora en el acceso a los recursos públicos básicos como educación, salud, agua y energía. Reorientar los marcos fiscales y tributarios para reducir las desigualdades, buscando el equilibrio entre ingresos y gastos, bajando la presión fiscal a las rentas más bajas y en los productos de primera necesidad. Debemos combatir los cambios tecnológicos para evitar la exclusión y la brecha digital. Concienciar de la importancia de la inversión y la colaboración en materia de cooperación y desarrollo para promover el crecimiento participativo, horizontal y sostenible, no sólo en las regiones de cada nación, sino también en los países de orígenes, como resultado de la responsabilidad social. Y, sin duda alguna, el apremio para garantizar la protección de la sociedad civil en las emergencias humanitarias y respetar los derechos humanos, marco este último inquebrantable para permitir las mínimas condiciones de paz y seguridad que cualquier sociedad civil necesita para su desarrollo y bienestar.presidente