Víctor Arrogante el otro día, aquí en Diario16, nos apuntaba que “la opacidad de España es superior a la del Vaticano”, como una atribución que justificaba su tesis de un Estado que permanentemente guarda sus secretos en la alfombra del régimen. La realidad es que, en este país, priman los intereses del status quo del sistema político económico sobre la transparencia de las decisiones de nuestros gestores públicos. Ciertos hechos históricos seguirán envueltos en la capa que todo lo tapa, algunos históricos, como el intento del golpe de Estado y otros más mundanos, como la liquidación de Pedro Sánchez. Y aunque la prensa ridiculiza la expresión, si que existe un régimen, un régimen político nacido de la transición que se agota, aunque se rebela como ave fénix con un novedoso gobierno de una große koalition en la sombra. La cuestión es la supervivencia de esta estructura en un contexto de crisis, donde de una forma más o menos encubierta se seguirán produciendo ajustes estructurales y recortes en servicios públicos junto a una progresiva privatización de la sanidad, la educación y las pensiones. De forma paralela, el sistema de instituciones y leyes parece igualmente marchito, como ocurre con el problema territorial del carácter multinacional del Estado, que tampoco quiere ser admitido por los dos grupos políticos que condicionan el régimen. Desde un punto de vista de transformación, la explosión que supuso el 15-M y su desarrollo en fuerza social y política, tiene la obligación histórica de cambiar este régimen, acelerando su crisis con elementos que catalicen el cambio, desde una oposición institucional férrea pero con una fuerte movilización en la calle. Teresa Rodríguez lo decía recientemente en Vistalegre-II, lo que se consigue en la calle se remata en el Parlamento, y tiene una fuerza que nadie lo puede parar. La trampa en este sentido puede venir de una suerte cosmética de reforma de la Constitución, cambiarlo todo para dejarlo todo igual. Además, la ley ordinaria española en las décadas recientes, se ha instrumentado de forma maleable, ciertas conquistas sociales han quedado difuminadas en el naufragio del Estado del bienestar con el que el sistema pretendía narcotizar el pulso sindical. En el régimen jurídico actual ha cabido la reciente reforma laboral, la ley mordaza u otros cambios recientes de carácter regresivo. El llamado pacto social de la transición, que aunó intereses de los herederos de la Dictadura con las formaciones políticas democráticas, tuvo un coste en la limitación de las aspiraciones de la entonces izquierda política, que ha derivado, a lo largo de los años, en una postura acomodaticia, especialmente visible y ostentosa en la élites que conforman los aparatos de los partidos y sindicatos. Por todo ello, la crisis del régimen es fundamentalmente la crisis de la izquierda y la crisis del sujeto principal de lo que la ciudadanía en general consideraba como izquierda, es decir el Partido Socialista. Costará aún que cunda una percepción social de otro modelo posible. Podemos tiene muy difícil este reto, pues no se trata de ganar unas elecciones, sino de encabezar un proceso de instauración de un nuevo sistema político y económico; el “yoyoísmo” exacerbado de sus líderes no parece abrigar el optimismo.
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