Casi dos años han tardado los padres de la patria en ponerse de acuerdo para la preceptiva renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, con la consiguiente violación de un precepto constitucional. Menos mal que habían prometido cumplirlos todos. Pero más importante que el cumplimiento, es colocar a los suyos, y eso no ha resultado fácil. Se los han repartido entre el PSOE y el PP a razón de diez para uno, y nueve para otro. Al parecer también hay acuerdo sobre quien será el presidente. Otra infracción legal, porque el nombramiento corresponde a los nuevos vocales una vez constituidos. ¿Pero a quien le importa? Fue recurrida la decisión en alguna ocasión anterior y se rechazó. Pero hombre, ¿A quién se le ocurre pensar que los próximos a los nombrados vaya a admitir el recurso? Otros partidos políticos están molestos porque no han intervenido en el “guisado”, como tampoco ha gustado algunas asociaciones judiciales que no ha intervenido en el “banquete” de esta importante designación de la que dependerá el futuro nombramiento de los principales magistrados que han de componer las más altas instancias judiciales.
“Reparto de jueces” esa es la expresión que hemos leído y escuchado los sufridos ciudadanos que con paciencia y resignación venimos soportando la situación pandémica que afecta a la salud, a la economía, al trabajo y a la Justicia. Voy a ponerla con mayúsculas para destacar su presencia,una vez más olvidada sin tener presente que los derechos de los ciudadanos solo existen cuando el sistema judicial está en condiciones de protegerle. Los derechos del ciudadano. ¿Qué cosa? ¿Quién se acuerda de ellos? Los más valientes, los más desinformados o los que nos les queda más remedio seguirán acudiendo a los Palacios de Justicia, a los que también han llegado los efectos de la pandemia dilatando sus tiempos desesperantes, y llegan acompañados de sus abogados, porque la abogacía es el primer escalón al que acude el que precisa asistencia legal.
Y en estas, leo al letrado Fuertes Segura en “Confilegal” del pasado 10 de agosto, que a la vista de los defectos acumulados, se refiere al peor servicio público que se residencia en la Administración de Justicia, frente a la Agencia Tributaria que tiene un tejado muy cuidado. Escribe sobre su profesión agonizante, que es una queja lastimera y doliente, para cuantos hemos peleado y defendido la noble profesión de la abogacía, sin cuya adecuada colaboración no funcionaría ningún juzgado o tribunal. Profesión agonizante. Palacio de Justicia con “goteras”. He procurado escuchar a distinguidos colegas que me confirman la pandemia judicial. Y así ha resultado que el justiciable no confía en esa gestión de los jueces que a la vez no se consideran bien tratados, y no se sabe por dónde andan los fiscales con una jefa que no puede conseguir más críticas, llegándose a denunciar turbias relaciones de la Fiscalía Anticorrupción con algún partido político.
El justiciable contempla aterrado este panorama, porque está preocupado de la decisión sobre la custodia de sus hijos, o del acoso a su patrimonio mediante impuestos de plusvalías, que no son tales, o de sucesiones que no son cuales, en el primer caso, pendiente de un recurso que se resolverá positiva o negativamente según el juez que te toque, o cuando no del ocupa que vive a su costa, o de aquel caco que ha sido detenido ya 66 veces y rezas para que no te lo encuentres, o de aquella orden de alejamiento que no se cumple sin dejarte dormir a la víctima, y de tantos desaguisados que debían resolverse a tiempo, para que la tutela judicial que la Constitución promete le llegue algún día ¡Pobre Constitución! Está hecha unos zorros ¿ Y quienes son los que la maltratan? Bueno, ahora no tenemos que preocuparnos porque ha habido “reparto de jueces”, y debemos pensar que será para bien. Ellos se van a ocupar del gobierno de los jueces, del buen funcionamiento de los tribunales, de exigir responsabilidades a los que se salgan de la raya, mientras disfrutan de una buena canonjía conseguida por sus buenas relaciones con los grandes partidos, que nunca se ponen de acuerdo, pero en este caso es diferente.
Algunos, no muchos, regresan de sus vacaciones, aterrizan en este solar de lo cotidiano, y vuelven a leer el periódico, oír la radio o ver la televisión, comentan la situación con sus amigos, con sus vecinos, con la parienta o el pariente, sin quitarse la mascarilla que no le puede proteger de la que se avecina, esperando que nada ni nadie le ataque en su derechos, porque estamos en un estado democrático amparador de los mismos, pero a lo peor no le llega su manto protector. Pepito Pérez no ha podido ir de vacaciones, y está pendiente de la ayuda oficial que espera desde hace tres meses. También ha sabido del “reparto de jueces” y de las sesiones parlamentarias para comprobar sus prestigiosas excelencias, y se queda pensando si toda esa parafernalia le servirá para algo. El retraso ha servido para que algunos hayan seguido percibiendo sustanciosos sueldos, ante lo cual hasta en los retrasos somos desiguales en sus efectos.
Y vuelvo con la abogacía, mi querida profesión, sin la cual los tribunales no funcionan. León Fernández del Campo, prestigioso abogado, con experiencia internacional, acaba de publicar ABOGACÍA CRITICA. MANIFIESTO EN TIEMPO DE CRISIS, y lo ha hecho en medio de la crisis más profunda que ha vivido la abogacía española en los últimos 40 años , porque no quiere que nuestra generación pase a la historia como la qué de la estocada final a la abogacía, que no esta representada ni por el Consejo General, ni por sus Colegios profesionales, ante la evolución en su modelo profesional. Cree que junto al Poder Judicial precisan una puesta al día inmediata, porque ambas profesiones son las llamadas a sostener ese Palacio de que derrumba.
Y los de arriba, a lo suyo, al reparto de canonjías entre los propios. Diez para ti y nueve para mi.