Las últimas semanas están siendo ajetreadas a nivel informativo en España.
Hay poco espacio para el aburrimiento aunque, a decir verdad, la mayoría de las noticias que nos llegan desde el ámbito político hubiera sido mucho mejor ahorrárnoslas.
Parte de las noticias que están llenando más páginas de periódicos y horas de tertulias, sin ser directamente creadas por decisiones políticas, sí que podrían adscribirse a este ámbito al estar relacionadas a las corrupciones varias originadas por parte de personas “demasiado” cercanas a lideres políticos tanto del Gobierno Central como de los autonómicos…y nadie dimite.
Nadie dimite y parece que gran parte de la población ni se inmuta con toda la inmundicia y basura que va saliendo a la luz, dejando claro que los representantes políticos son a veces una fiel representación de la ciudadanía que les vota.
La corrupción se permite y hay políticos electos que los son a sabiendas de un pasado que no es para nada edificantes.
Dentro de las decisiones meramente políticas el efecto domino causado por las elecciones en Catalunya va a tener repercusiones en toda la ciudadanía española y el Gobierno de Pedro Sánchez parece estar “cómodo” dejando que 2024 pase a ser un año en blanco sin demasiado progreso en ese programa de trabajo que presentó en la campaña electoral.
El retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado hasta 2025 va a tener diversas consecuencias en España, tanto económicas como políticas.
Dentro de las consecuencias económicas, se va a producir una incertidumbre para las empresas y los inversores, lo que puede frenar la inversión y el crecimiento económico.
Igualmente va a causar un retraso importante en las inversiones públicas, que no debemos olvidar que son un motor importante del crecimiento económico, y su retraso puede tener un impacto negativo en la economía. Habrá muchos puestos de trabajo que se hubieran creado en 2024 que tendrán que esperar, así como los beneficios de la inversión pública en la sociedad a través de los programas que se aparcarán.
Las acciones que se planearon para ayudar a gestionar mejor las diferentes crisis económicas y sociales que estamos experimentando también se retrasan y sin un presupuesto aprobado, el gobierno no podrá responder debidamente a los problemas que están produciendo en la sociedad.
Hay un riesgo también de aumento del déficit público para financiar los gastos y bien sabemos las consecuencias y el impacto negativo en la economía a largo plazo.
En cuanto a las consecuencias políticas, estas son igual de variadas y complejas.
El primer problema es la inestabilidad política que este retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado va a generar y que la oposición traducirá como un signo de debilidad del gobierno.
Sin presupuesto hay una gran dificultad para gobernar ya que no tendrá la capacidad de implementar sus políticas.
Puede que se incremente el descontento social, ya que el retraso hasta 2025 puede ser visto como una señal de que el gobierno no está dando prioridad a las necesidades de los ciudadanos.
No podemos olvidar que hay otros problemas añadidos como el retraso que sin duda va a sufrir la reforma de la administración pública. La reforma de la administración pública es una de las reformas más importantes que necesita España, y su retraso puede tener un impacto negativo en la eficiencia del gobierno.
La falta de presupuestos puede dificultar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 ya que muchos de los pasos necesarios para poder cumplir con esta ambiciosa agenda van de la mano de partidas presupuestarias.
En el ámbito de la ciudadanía en el exterior nos tememos que va a haber una reducción de recursos y como en anteriores ocasiones con repeticiones electorales o inestabilidad política, las partidas asignadas a los 3 millones de españolas y españoles en el exterior sufrirán recortes.
No olvidemos los años que el Consejo general de la Ciudadanía española en el Exterior (CGCEE) dejó de reunirse presencialmente por falta de voluntad política y sufriendo a la vez un descenso dramático en los recursos disponibles para las políticas migratorias, afectando a programas de ayudas, asociaciones, asistencia social, educación y planes de retorno.
Este año por ejemplo y antes de conocer la fecha de las elecciones en Catalunya el Ministerio de Educación de España ha decidido seguir poniendo freno a los programas de Aulas ALCE en el Exterior y de una posibilidad de abrir aulas de lengua y cultura española en 6 ciudades de Reino Unido han pasado a recortar algunas de las aulas que existen en Londres…no solo no se crece, sino que se recortan las que hay mostrando una falta de empatía y reconocimiento hacia la emigración española.
El prometido nuevo Estatuto de la Ciudadanía en el Exterior, si se aprueba este 2024, lo hará con un retraso en la implementación de nuevas medidas por la sobre utilizada “falta de presupuesto” y por ejemplo, habrá que ver que sucede con la reforma de la Ley de Extranjería, la creación de nuevas vías de regularización o la ampliación de derechos para los inmigrantes.
La falta de recursos y la incertidumbre sobre el futuro de las políticas migratorias dificultan el impulso de planes de retorno que faciliten la vuelta de muchos emigrantes tanto a nivel nacional como autonómico.
La incertidumbre y la reducción de recursos puede generar un aumento de la tensión social entre la población española en el exterior y las instituciones españolas, como la que se esta produciendo en los Consulados generales que ya están al borde del colapso … quizás se sufran más retrasos con las aperturas de nuevos consulados o mejoras de algunas instalaciones y esto es especialmente preocupante en un contexto de crisis agravada por el incremento de demanda por una Ley de Memoria Democrática con fecha de caducidad.
¿Por cierto…como va a afectar este retraso en el calendario de actividades de instituciones como el CGCEE? ¿Volveremos al congelador?
La sociedad es la que paga la falta de consenso…