Cuando José María Aznar enunció su particular letanía con la que pretendía utilizar todos los medios posibles, lícitos o no, para expulsar del gobierno a la izquierda, se le olvidó aportar una última propuesta: “el que no quiera hacer que no haga”, o algo similar.
Porque es cierto que, los jueces que podían hacer el correspondiente lawfare entendieron bien el mensaje. Otra cosa es que les salga bien, porque llegará un momento en que los casos que amenazan a la familia de Pedro Sánchez se irán derritiendo como un azucarillo; eso sí, ya les habrán dado suficiente munición a Feijoo, Cuca Gamarra y Tellado para que repitan, una y otra vez, la manida frase: “el escándalo de corrupción que envuelve a la familia de Pedro Sánchez”, lo cual no se cree mucha gente, incluso pienso que algunos de los suyos empiecen a estar cansados de oír algo que se dice pero que no se concreta.
Y en estas tenemos al inútil pero interesado juez Peinado, que después de iniciar una causa contra Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno, apoyándose en recortes de “prensa” y en contra de la doctrina del Tribunal Supremo, mantiene la imputación sin que hasta ahora haya salido algo irregular. El pobre, para cumplir con su obligación, lleva meses investigando lo único que puede, el uso de un software de la Universidad Complutense, aunque de paso pida informes mil para nada, cuentas corrientes para nada, llame a declarar hasta a los conserjes de la Universidad Complutense, pero se oponga a que declaren testigos propuestos por Begoña Gómez. Todo un legado de imparcialidad. Algún día se le acabará el carrete y se archivará este peculiar caso. Espero que sea sancionado por el CGPJ.
Algo parecido ocurre con el caso de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, inicialmente investigado por un enriquecimiento personal de 1,4 millones de euros, eso sí, información obtenida también de recortes de prensa, y aunque el BBVA ha declarado que solo tiene algo más de 70.000 euros en acciones, el juez no se da por vencido y sigue su prospectiva investigando cómo entró en su trabajo, dónde trabaja, en qué lo hace. En total, res de res. Otro caso que pende de un alambre.
Y, por último, y más dañino, implica a Isabel Díaz Ayuso. En esta ocasión actúa el “lawfare inverso” enunciado al principio, porque los jueces implicados han perdonado a su padre por un préstamo no devuelto a Aval Madrid, a su hermano por enriquecimiento millonario por venta de mascarillas -este hecho denunciado por el propio PP le costó el puesto al mismísimo Casado, la Presidenta está por encima de todo, como Esperanza Aguirre-, a ella misma por los 7291 mayores fallecidos en residencias por negarse a llevarlos a hospitales justificándose en que “iban a morir igual”. ¡Cuánta indecencia! Aunque parece que, algunas causas, se van a reabrir. ¡Justicia por facor!
Pero el caso más flagrante es el de la pareja de Isabel Ayuso, confeso de estafa a hacienda, a falta de juicio y sentencia. Caso que debería estar en vías de resolución pero que todavía no se ha iniciado porque la Justicia ha considerado más importante imputar al Fiscal General del Estado en un delito de filtración de información de algo que hizo el “matón de taberna” Miguel Ángel Rodríguez (MAR), a la sazón Jefe de gabinete de la Presidenta, al filtrar una mentira y amenazar a periodistas de El Diario. A estas alturas, después de las declaraciones como testigos de Mar y unos periodistas, ya se sabe con certeza que no fue el Fiscal General del Estado el que filtró la noticia. Pero ahí sigue el caso, dándole juego al PP para que pueda mantener sus acusaciones de corrupción a Sánchez, su entorno familiar, su gobierno y su partido.
Que por nadie pase.