El menú político se cocina en los fogones de Madrid. Escuchando a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negando a la vez el acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa pase por un concierto económico, y ni tampoco reformando del modelo actual de financiación, demuestra, a las claras, que se trata de un caso de manual del choque que existe entre Cataluña y España.
La política cocinada en Madrid es la forma normal de la política en España, la que tiene por defecto. Las cosas se resuelven en Madrid o no se resuelven, y se tiene por seguro que lo que conviene a España le conviene también a Madrid, y al revés. La política española es, en términos generales, un negocio patriótico que se dirige desde Madrid entre dirigentes madrileños o políticamente integrados en la capital del reino.
Esto significa que lo que llega desde la periferia se percibe como ajeno, intrusivo, distorsionador, de no fiar. Muy en particular si viene de Cataluña, para quien rige el mismo principio que Madrid, pero al revés: lo que le conviene a Cataluña no le puede convenir a Madrid. Y, por lo tanto, tampoco a España. Este planteamiento lleva a menudo a conclusiones estúpidas, como por ejemplo el bloqueo del Corredor Mediterráneo, por citar uno solo.
De acuerdo con el planteamiento descrito antes, dado que el acuerdo se presenta como positivo para Cataluña, la interpretación automática establece que no será bueno para Madrid y, por lo tanto, con la misma lógica descrita antes, no puede ser bueno para España y esto no es aceptable: si es bueno para Cataluña es una concesión al chantaje independentista, porque ahora Illa se ha vuelto, según Madrid, un converso al independentismo.
Juan Carlos I ha creado una fundación para dejar el patrimonio extranjero a sus hijas, El emérito ha montado una entidad con Elena y Cristina para que hereden el dinero que tiene en Abu Dabi. El Borbón empieza a mover hilos para dejarlo todo arreglado antes de su muerte. Ha creado una fundación en Abu Dabi para centralizar todo el patrimonio que tiene en el extranjero. El objetivo de este movimiento seria dejar en herencia este dinero más fácilmente a sus hijas, Elena y Cristina. Según la información que publica El Confidencial, él sería el presidente de la entidad, mientras que ellas dos también tendrán un cargo destacado en ella.
Por cierto, desde finales de la década de los 70, el hoy rey emérito ha estado cobrando una comisión por cada barril de petróleo que compraba España, de no cobrarlo, aunque poco, el precio de la gasolina habría sido algo más bajo. Lo que significa que, cada vez que llenábamos el depósito de nuestros vehículos, estábamos enriqueciendo a quién no se lo merece y que, por muy jefe de estado qué fuera, solo pensaba en enriquecerse. La fundación que plantea a está destinada a que sus hijas se ahorren impuestos, al fin y al cabo, se trata de la saga de los Borbones.
El Constitucional ha admitido el recurso del Supremo contra la amnistía. El Supremo lo denuncia por el trato discriminatorio de la ley. Luz verde del Constitucional a estudiar a fondo la cuestión de inconstitucionalidad que ha presentado el Supremo contra la ley. La sala que preside el juez Manuel Marchena decidió recurrir al Tribunal de Garantías el artículo 1 de la norma del olvido penal con la absoluta convicción que vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, los principios de seguridad jurídica. El Tribunal lo hace mientras examina el recurso de casación de un condenado por un delito de desórdenes públicos agraviados en una protesta contra la sentencia del proceso.
Ocho comunidades autónomas recurren al Constitucional contra la ley de amnistía. Los barones del Partido Popular continúan con su ofensiva judicial contra la ley de amnistía. Los gobiernos populares de Madrid, Aragón, Murcia, Andalucía, Galicia, Cantabria y la Comunidad Valenciana, han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la medida de gracia y puede ser que alguna más se añada posteriormente.
Todos dicen que la ley és inconstitucional. Aconsejo que vean el video sobre el dictamen de la Comisión de Venecia.
España, como en otras ocasiones, no hace caso a las indicaciones o dictámenes de la UE. En este caso concreto lo que prevalece el último párrafo: El informe (dictamen) no es vinculante,