La vida debe ser desquiciante para quienes se quedan sin cobertura con que tapar su desnudez mental de tanto rasgarse las vestiduras al grito, interesado y pueril de ¡España se rompe!, al contemplar como la sociedad cambia y evoluciona en una dirección que no les gusta. Idea maniquea que requiere de un culpable; al fin y al cabo, el maniqueísmo es una religión —como no— fundada por el persa Manes en el siglo III, que reduce la realidad a la oposición radical entre lo bueno y lo malo: entre el bien y el mal. De ahí que las derechas radicales y fascistas vean a Pedro Sánchez como el demonio, por una gestión que reconoce nuevos derechos y realidades sociales que acaban con privilegios y desigualdades inveteradas de colectivos sojuzgados, y se abre a negociar demandas históricas que emponzoñan la vida política y social de España desde hace más de un siglo.
Así sucede con el acuerdo entre el PSC y ERC, para investir a Salvador Illa presidente de la Generalitat —otorgada por el Rey de Aragón en 1412—, que ha levantado ampollas en los de siempre, y en algunos socialistas —Page, cómo no— que cuestionan el pacto con el mismo argumento de la derecha: acaba con la solidaridad interterritorial y abre el camino a la España federal, cuando el PSOE ya aprobó en 2013 en Granada la propuesta de desarrollar un Estado Federal para España. Voces que claman, no por una cuestión de federalismo, sino por el supuesto beneficio que obtiene Cataluña por gestionar el 100% del IRPF, temerosos de que aporte menos al resto: ¡se rompe la caja de la solidaridad! ¡Siempre se rompe algo!
¿Resolvemos la cuestión catalana de una vez o dejamos que crezca y se emponzoñe, y luego aplicamos la mano dura como hizo el PP? Ni PSC ni ERC han dicho que el acuerdo suponga que Cataluña vaya a dejar de ser solidaria, pues en él figura que seguirá manteniendo su cuota de solidaridad con el resto del Estado. La caja no se rompe, por muchos bulos que está poniendo en circulación la derecha que algunos socialistas —una minoría—compran. Aznar cedió a Cataluña la gestión del 30% del IRPF y el 100% de los impuestos de patrimonio y sucesiones en el pacto del Majestic, lo que le garantizó en 1996 los votos de CiU para poder gobernar. La derecha no protestó ni puso el grito en el cielo: ¡al fin iban a gobernar!
¿Qué cambia? Que la Generalitat comenzará a recaudar en 2026 la totalidad del IRPF, y la misma parte del IVA que ya recauda, a través de la existente Agencia Tributaria de Cataluña; con el compromiso de no suprimir los impuestos de sucesiones y patrimonio. Y lo que pagará al Estado por los servicios que presta en Cataluña, y su aportación a la solidaridad interterritorial, se establecerá en una negociación bilateral—ésta es la singularidad— entre la Generalitat y el Gobierno de España. Lo que no han explicado aún es si esa cuota se fijará a partir de un porcentaje mínimo o en función de lo que se recaude cada año. Explicación que los partidos implicados deben dar cuanto antes, para desmontar las mentiras con las que la derecha y ultraderecha atacan al Gobierno.
Singularidad de Cataluña reconocida como nacionalidad en la Constitución —como Galicia y País Vasco (Andalucía y C. Valenciana se reconocen nacionalidades en sus estatutos)— que no aceptan quienes desean una España uniforme y a los catalanes sometidos. Singularidad que no va en demérito ni detrimento de ningún territorio—cada uno tiene sus singularidades que los enaltecen—; pero no todos tienen cedidas las mismas competencias porque no las han solicitado por no poder gestionarlas o incluso las han rechazado. Que una autonomía tenga mayores cuotas de gestión, no anula ni impide que otras las puedan tener.
Igual de falaz es el argumento de que el acuerdo va a sobre financiar a Cataluña que como todas las autonomías tiene un déficit abultado, acrecentado por los gastos derivados de la pandemia del Covid, que el Ejecutivo palía con el reparto entre las comunidades autónomas de 154.467 millones de euros este año, que suponen un aumento histórico del 14,9% respecto a 2023. Anticipo para abrir el melón de la negociación de la reforma del sistema de financiación autonómica, ante la que el PP se muestra renuente encerrado en la estrategia de a Pedro Sánchez ni agua.
No estaría mal, incluso es necesario, que en lugar de enredarnos en la denominación de un acuerdo que no rompe ni va a romper España, nos fijáramos en lo que hacen las comunidades autónomas con ese río de millones destinados a mejorar los servicios públicos y el estado del bienestar, y no para que el sector privado haga negocio mediante concesiones—muchas de ellas opacas— para la gestión de hospitales, residencias, colegios e instituciones pagadas con dinero público. ¡Eso sí rompe España!, pues ahonda la división entre ricos y pobres.