A la vista de la actuación del Juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, me ha entrado una duda sobre el verdadero significado de la palabra terrorismo. Como acostumbro a hacer, en estos casos, es acudir a la RAE y otros diccionarios para comprobar si lo que pensaba era o no lo correcto. Estas son las definiciones encontradas:
1/Dominación por el terror, violencia, intimidación
2/Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror.
3/Actuación criminal de banda organizada, que, reiteradamente y de modo indiscriminado, pretenden crear alarma social con fines políticos.
4/Movimiento político que utiliza el terror basado en la violencia como herramienta de presión.
Una vez vistas las definiciones y, dando por sentado que el mencionado juez es una persona inteligente, me cuesta entender que una manifestación como la que sucedió en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, la pueda calificar como un acto de terrorismo.
Pese a que la Fiscalía está en contra de su decisión, el juez ha elevado al Tribunal Supremo el caso contra Carles Puigdemont, al que acusa de terrorismo por el fallecimiento de un ciudadano francés que se encontraba en el aeropuerto de El Prat en una terminal, mientras que la manifestación se producía en otra.
El Servicio de Emergencias Médicas desvinculó la muerte del ciudadano francés por las protestas, el hombre sufrió una parada cardiorrespiratoria en el aeropuerto. Los servicios médicos aseguraron que la manifestación no impidió una atención inmediata, su traslado en helicóptero y que falleció poco después en el hospital.
El juez no recogió en su auto la conclusión del SEM, pese a que fue una información ampliamente divulgada en todos los medios. En cambio, sí encargó a la Guardia Civil que informara sobre su fallecimiento y de su posible vinculación con el bloqueo de los accesos a El Prat con el objetivo de ofrecer a sus familiares ejercer la acusación del caso. En su informe la Guardia Civil no hizo mención alguna sobre el fallecido.
García Castellón se resigna a tramitar las recusaciones. El juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa del Tsunami Democrático decidió, finalmente, tramitar los incidentes de recusación que algunas defensas habían planteado contra él por haberse mojado sobre la amnistía. Lo intentó primero el abogado de Oriol Soler i Oleguer Serra, dos de los investigados, pero ha sido el intento de Josep Lluís Alay el que ha acabado llevando al magistrado a tramitarlo. Así, la titular del juzgado de instrucción 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, se hará cargo.
Mientras tanto, las defensas cuestionan los movimientos de García Castellón a pesar de estar en entredicho su continuidad al frente de la causa. El abogado Gonzalo Boye presentó un escrito de apelación, en contra la resolución del juez, en la cual ofrecía a la familia del turista francés que murió durante las protestas del aeropuerto del Prat del 14 de octubre de 2019 si se quería personar en el caso. Todo ello, a la espera que el Tribunal Supremo decida si asume o no la causa.
El juez parece estar obsesionado con el asunto, el caso ha de ser, si o si, tratado como terrorismo, las ultimas noticias indican que se ha dirigido a la UE e incluso a la OTAN, recabando información sobre si la invasión de las pistas o la posible injerencia de los controladores aéreos podrían haber ocasionado algún peligro.
La biografía el juez García Castellón es de sobras conocida y sus decisiones han sorprendido en muchos casos, ello refuerza una opinión, bastante generalizada, en cuanto que merma la credibilidad de la justicia española en general i que se añade a la del Consejo General del Poder Judicial, pendiente de renovación hace cinco años.