Después de unas vacaciones me reincorporo a este medio nuevamente. Durante este tiempo las noticias han sido las mismas que antes i las mismas que ahora. Ucrania, Gaza, la viruela del mono y las preliminares futuras elecciones en EEUU donde el que es el actual presidente ha dado un paso atrás y no se presentará a la reelección.
En España dos han sido las noticias que han acaparado la atención de los medios de información. El primero ha sido el acuerdo ERC/PSC, que han dado como resultado que Salvador Illa fuese proclamado presidente de la Generalitat de Cataluña. Del mencionado acuerdo tendremos ocasión de comentarlo y analizarlo más detenidamente porque, de momento, lo único que ha generado és una gran controversia y enfrentamiento político.
El segundo ha sido, sin duda alguna, la vuelta a España de Carles Puigdemont y su posterior desaparición cuando se había montado un dispositivo para su detención. Se ha culpado a los mossos del fracaso, pero nadie ha cuestionado que la guardia civil de fronteras no lo localizase ni en la entrada ni en la salida del país.
Del porqué de esta situación se ha hablado muy poco. Me refiero a la orden de detención del juez Llarena y la no aplicación de la ley de amnistía a Puigdemont. Solo dos personajes se han expresado sobre la cuestión, el juez emérito del supremo, Martin Pallín y el catedrático de derecho constitucional, Javier Pérez Royo. Ambos han expresado muy claramente, que la situación no és normal i arremeten contra el supremo.
Los medios no han hablado mucho de ello y, el artículo que mejor coincide con ambos és el aparecido de la revista norteamericana Newsweek que alerta del golpe togado que está sufriendo la democracia española y que yo les transcribo aconsejando su lectura:
En el tumultuoso escenario político de España, el Tribunal Supremo ha decidido desafiar al poder legislativo de una manera que ha levantado cejas en el mundo entero. La publicación estadounidense @Newsweek ha encendido una señal de alarma, señalando que la justicia española ha sobrepasado sus límites al enfrentarse al parlamento, creando un cisma inquietante en la frágil democracia del país. Desde su perspectiva, este choque de titanes no solo desestabiliza el equilibrio interno, sino que también pinta un cuadro sombrío de la salud democrática en España.
La visión de Newsweek es clara y despiadada: España, en lugar de ser un modelo de gobernanza democrática, está mostrando signos alarmantes de un sistema judicial que no duda en pisotear el rol que le corresponde para desempeñar un papel político activo. En el epicentro de la controversia se encuentra la reciente negativa del Tribunal Supremo a aceptar una ley de amnistía aprobada por el parlamento para los políticos catalanes involucrados en el proceso independentista. Desde el punto de vista estadounidense, el Tribunal no solo se está extralimitando al desafiar la voluntad legislativa, sino que está tomando un riesgo enorme al convertirse en un agente de desestabilización política.
Este tipo de intervención judicial no es algo que se tome a la ligera en un sistema democrático. Según Newsweek, la decisión del Tribunal Supremo español no es meramente un ejercicio de interpretación jurídica, sino una maniobra política que desafía la autoridad del parlamento y pone en tela de juicio la eficacia de los controles y equilibrios democráticos. La crítica es dura: al asumir un rol de árbitro en el conflicto político catalán, el Tribunal no solo se aleja de su función original, sino que también socava el principio fundamental de la soberanía legislativa.
Desde fuera, la democracia española empieza a verse como un frágil castillo de naipes. En lugar de una estructura sólida en la que los poderes se controlan y equilibran mutuamente, parece ser un terreno en el que la justicia actúa más como un actor político que como un guardián de la Constitución. Esta percepción no solo alimenta una visión negativa sobre la estabilidad democrática de España, sino que también plantea serias dudas sobre la integridad de su sistema judicial.
La imagen que se proyecta es la de un país en el que los jueces no se limitan a aplicar la ley, sino que la utilizan como un instrumento para imponer su propia agenda. Esta conducta, según Newsweek, no solo debilita la credibilidad de las instituciones, sino que erosiona la confianza pública en el sistema judicial y, en última instancia, en la democracia. Cuando el poder judicial actúa como un actor político en lugar de árbitro neutral, se corre el riesgo de que el sistema democrático se convierta en un campo de batalla donde el poder no se equilibra, sino que se descompone.
En resumen, la visión crítica de Newsweek pinta un retrato desalentador de la democracia española, reflejando una preocupación más amplia sobre la tendencia de los sistemas judiciales a sobrepasar sus límites y convertirse en agentes de conflicto político. En lugar de ser un pilar de estabilidad, la justicia en España parece estar contribuyendo a la desestabilización, poniendo en riesgo la solidez de las instituciones democráticas y el equilibrio de poder en el país.
Aconsejo visualizar una entrevista a Javier Pérez Royo sobre la amnistía.