Cómo podrá imaginarse el lector, pregunto por la lógica del hecho, no cuestiono su legalidad, puesto que está recogida en la Constitución (Título II de la Corona, artículo 56.3) que dice textualmente: La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a ninguna responsabilidad. Sus actos serán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, sin ello no tendrán validez, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2 (casa real y privacidad).
Según el artículo 56 1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen la Constitución y las leyes. A causa del incesante trabajo que tiene encomendado, ¿Para qué necesita tener inviolabilidad?
La monarquía se reinstauró por voluntad de un dictador, la transición a la democracia se hizo en momentos muy difíciles, con el franquismo bastante vivo y el ejercito expectante, quizás por ello, la constitución que se estableció surgió a través de un pacto que, a estas alturas, encontramos extraño, desfasado e ilógico.
Los escándalos protagonizados por Juan Carlos I han sido siempre silenciados por los medios de comunicación hasta hace muy poco tiempo, mujeres, amantes, cacerías de elefantes, demandas de supuestos hijos, venta de armas, comisiones, fiscalidad, fortuna personal, etc., han ido saliendo a la luz hacia el final de su reinado, pero la inviolabilidad impidió la actuación de la justicia española. Vean el siguiente vídeo, donde padre e hijo hablan de honestidad de los servidores públicos que, Juan Carlos no practica habiéndose aprovechado de su cargo.
También nos quedó una duda razonable sin aclarar, sobre la actuación del hoy rey emérito, en el desarrollo anterior y posterior del golpe de estado del 23-F. Se nos presentó como su salvador y, ya en su momento, resultó difícil entender las declaraciones que Sabino Fernández Campo les hizo a Ignacio Anasagasti y García Trevijano. En mi opinión creo que la duda ha dejado de existir.
Ahora se vuelve a hablar del AVE a la Meca y los 100 millones € que habría recibido del gobierno de Arabia Saudí como regalo y/o comisión. Lo sabíamos por las declaraciones de Corinna, recogidas por Villarejo, pero la fiscalía archivó el caso. En Suiza se investigó el caso y la justicia española, muy a su pesar, se vio obligada a colaborar.
Su padre, Juan de Borbón, al morir, dejó una herencia de 1000 millones de pesetas que también se encontraban en el país helvético. Si repasamos la historia de los Borbones, la mayoría tenían dinero en el extranjero y se consideraba normal. ¿Era lógico que fuera así? ¿No confiaban ni en la banca ni en la economía del país en que reinaban sus propios monarcas?
El representante de Bildu en el senado hizo una propuesta para retirar todos los aforos políticos y la inviolabilidad del jefe de estado. No prosperó, como tampoco se aceptó la creación de una comisión de investigación a Juan Carlos que, a pesar de ser rey emérito, tiene un aforo que le permite un trato especial de la justicia española.
¿Cómo se califica en derecho encubrir quién haya cometido un delito? ¿Cómo es que se niegan determinados partidos políticos a investigar lo que está en boca de todos? ¿No fue el propio rey el que en su discurso navideño hablaba de ética y comportamiento de los responsables políticos y decía que la justicia era igual para todos? ¿Qué piensan los integrantes y votantes de los partidos que negaron la formación de una comisión de investigación? ¿Es España una democracia plena o hay quién tiene derecho a estar al margen de la ley, con el beneplácito de PP, Vox y PSOE?
¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Dónde está la transparencia a la que tenemos derecho todos los ciudadanos? ¿Una persona no votada ni escogida por el pueblo, tiene el derecho a ser inviolable según la constitución? Quiero recordar que, salvo error, Juan Carlos no juró ni prometió nunca la carta magna que es, por ironías del destino, la norma que hasta ahora le ha protegido.