Ya por fin ya ha sido aprobada la ley de amnistía. Este hecho marcará el inicio de la gran batalla de la democracia en Cataluña, en España y con repercusiones a Europa. Ante la iniciativa legislativa de la mayoría parlamentaria, el Poder Judicial español se ha organizado para boicotear la aplicación de una ley surgida de la voluntad popular. Es un hecho sin precedentes y un abuso de poder, una intervención política ilegítima basada en la tergiversación de hechos y leyes.
Desde que la mayoría parlamentaria planteó la iniciativa legislativa de la amnistía, el juez García-Castellón ha ido tomando decisiones sobre la marcha, según se iba redactando y modificando la proposición de ley para poder inculpar algunas personas de terrorismo e impedir que sean amnistiadas. El objetivo no es que solo Carles Puigdemont i Marta Rovira sean detenidos y encarcelados, sino que se trata de una operación para dinamitar la mayoría parlamentaria que sostiene el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué el juez se presta a hacerlo en contra de la Fiscalía y los tribunales extranjeros? ¿Quién es García-Castellón?
Vean un video donde se detalla la trayectoria de este juez una vez reclamado por el PP para conveniencia propia del partido.
Esto lo explica el juez Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional, en su libro que acaba de publicar, La Justicia en el banquillo (Arpa editoras). Según constata Joaquín Urías: Todavía perviven los hábitos, maneras e ideas de la dictadura en el funcionamiento cotidiano del Poder Judicial español.
El libro de Joaquín Urías, es un texto que merece la pena leer y tenerlo cerca para consultarlo a menudo, ofrece todas las claves del problema. Recuerda que la actual ley orgánica del Poder Judicial fecha de 1870 y que en 150 años solo ha sufrido cambios estéticos, pero ha mantenido la esencia del modelo. Los mismos jueces se encargaron de boicotear la reforma que pretendía la República y fueron los primeros a legitimar el golpe de estado del general Franco, todavía venerado hoy en buena parte del ámbito judicial.
Afirma Urías: A menudo, cuando alguien atribuye criticas franquistas a la carrera judicial española, responden jueces indignados diciendo que la mayoría de nuestros magistrados nacieron después de la muerte del dictador. Es una manera de esconder que del que se habla, en realidad, no es de personas, sino de la pervivencia de los hábitos, maneras e ideas de la dictadura en el funcionamiento cotidiano del Poder Judicial porque, en efecto, muertos los franquistas, el franquismo sobrevive. No se manifiesta en la adhesión al régimen dictatorial, pero sí en una manera de entender la función judicial.
Esta semana García-Castellón ya ha iniciado los trámites ordenando la detención y/o búsqueda y captura de personas a las cuales pretende acusar de terrorismo por haber supuestamente participar en las protestas del Tsunami Democrático. La cuestión es que el juez no trabaja solo. Solo es la punta de lanza de la rebelión del Poder Judicial contra el Legislativo y el Ejecutivo. Los pronunciamientos políticos de jueces, de organismos judiciales y asociaciones diversas contra la amnistía han estado continuos. Jueces de varias ciudades ya se manifestaron ataviados con sus togas contra el pacto PSOE-Junts y el Consejo General del Poder Judicial se negó a sancionarlos.
Esta semana García-Castellón ha sido condecorado por el Colegio de Procuradores de Madrid con la obvia intención de calentar el ambiente de cara a la aprobación de la ley. Por si no había suficiente, el colega Toni Muñoz ha publicado en La Vanguardia que mediante el servidor del CGPJ se ha hecho llegar a todos los jueces españoles una guía práctica para poder plantear cuestiones de inconstitucionalidad y/o prejudiciales europeas sobre la ley de amnistía, un documento de 126 páginas donde se explica a los jueces todo lo que pueden y deben hacer para impedir la aplicación de la ley. Aún quedan jueces demócratas que han protestado, pero no son muchos y menos en cargos que comportan algún mando.
Veremos si Pedro Sánchez es capaz de liderar y llevar a cabo la desarticulación de este contrapoder judicial antidemocrático, mal endémico español. Después de las elecciones catalanas, todo el establishment progubernamental y sus amanuenses celebraban la muerte del procés como inicio de una nueva etapa de estabilidad política en Cataluña y España, pero es evidente que no es esto lo que pretende el Poder Judicial y sus lacayos políticos y mediáticos. La batalla está a punto de estallar y la previsión es de decisiones y sentencias judiciales arbitrarias contra personas inocentes.
Si vuelve a haber persecución, encarcelamientos y exilio, la calle volverá a hacerse sentir, pero los poderes Ejecutivo y Legislativo tendrán que actuar en consecuencia, en defensa propia y de la democracia. Necesitarán audacia y coraje para, mediante reformas políticas profundas y osadas, desarticular este contrapoder antidemocrático, mal endémico español. Si Pedro Sánchez no es capaz de llevarlo a término, toda la propaganda contra la derecha y la extrema derecha habrá sido un engaño.
¡Alerta! No nos equivoquemos. Esto no es un problema solo de los catalanes. El conflicto que se abrirá no tendrá nada que ver con la independencia de Cataluña; en todo caso, es la coartada de los conspiradores que desafían e interpelan todos los demócratas. Ya lo escribió el jurista Hans Kelsen, si los jueces pueden socavar la voluntad popular democrática y constitucionalmente expresada, ya no hacen falta militares para dar un golpe de estado.
Para la realización de este escrito me he basado en varios textos publicados en diferentes medios, pero en especial, el del artículo del periodista, Jordi Barbeta, publicado en elnacional.cat y a quien agradezco que me permitiera utilizar una parte de su escrito y poderlo así publicar en castellano. Yo me he dedicado a su traducción, ya que la misma no siempre es buena de forma automática y, he añadido algún comentario propio y modificando el orden original.