El escándalo de espionaje a los políticos de Podemos revela una renovada violación del Artículo 5 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Este artículo establece que los miembros de estos cuerpos deben actuar con absoluta neutralidad política e imparcialidad, respetando la Constitución y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, las actividades de vigilancia y seguimiento indebido a políticos de un partido específico muestran una clara transgresión de estos principios. Y el problema es que, desde siempre, se ha espiado y se ha destruido policialmente a los “enemigos del régimen”. De ese régimen de la Unidad de España, de los curas pederastas, de los rojos al paredón y de los maricones arreglados a hostias.
El espionaje a representantes de Podemos no solo representa una intromisión ilegal en la privacidad de individuos electos democráticamente, sino que es una fotografía de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el orden público. Este tipo de acciones, lejos de proteger a la ciudadanía, confirman que la policía española, de la mano de los jueces, generan, y tienen la voluntad de generar, desconfianza y miedo, erosionando los pilares de una sociedad democrática y plural.
Esos policías que, recordémoslo, los pagamos con nuestros impuestos.
Es fundamental recordar una vez más que el respeto a la legalidad y la protección de los derechos fundamentales son pilares imprescindibles en cualquier Estado de derecho. Las fuerzas y cuerpos de seguridad deben ser garantes de estos principios, y el mantenimiento en su desviación hacia prácticas de espionaje político representa un abuso de poder que debe ser investigado y sancionado con severidad.
Para la Policía Nacional y Guardia Civil no hay obediencia debida en estos casos, luego todos los que han participado son igualmente responsables; y los que no participaron, pero lo sabían, también.
La actuación imparcial y neutral de los cuerpos de seguridad es esencial para mantener la integridad del sistema democrático. La instrumentalización de estos cuerpos para fines políticos pone en peligro la esencia misma de la democracia y los derechos ciudadanos. En una sociedad libre, no podemos permitirnos tener cuerpos de seguridad que actúen como herramientas de persecución política. Y aquí no hemos dejado de tenerlos nunca.
Por todo ello, los ciudadanos no necesitamos policías que, en lugar de protegernos, violen nuestros derechos fundamentales y actúen al servicio de sus propios intereses políticos. Es imperativo exigir una profunda reforma y un estricto control sobre las actividades de los cuerpos de seguridad para garantizar su conformidad con la ley y su compromiso con la defensa de los derechos de todos los ciudadanos. Y los que han accedido y utilizado a esos registros, de cualquiera, indebidamente, su sitio es en la calle y procesado.
Acabo estas líneas con la nunca esperada sorpresa del fallecimiento del compañero letrado Pepe Giménez. Provisto de un radical sentido de la justicia, fue uno de los que levantó el fraude del “euribor”, y que la Federación Bancaria Europea, a la que se dirigían y con la que se excusaban los bancos españoles, tenía su sede en un descampado de Zurich. Y con los que ningún policía ni juez español quiso meterse.
Alma de la Jurídica del 15M de Barcelona, aglutinó por primera vez a los especialistas que han ido haciendo frente en sucesivas oleadas a los abusos bancarios. Como muchos otros activistas, incluso no siendo político, fue seguido y radiografiado por las diversas policías españolas. Mossos y CNI inclusive.