En mi artículo anterior, dejé perfectamente aclarado y documentado que la vida de los casi 30 mil ancianos que fallecieron en el interior de los geriátricos españoles durante la llamada primera ola de la pandemia, no llegó a su fin por causa del virus del Sars-Cov-2, sino por la de los denominados como protocolos de la vergüenza o muerte. Unos protocolos que recomendaban la administración de medicamentos contraindicados para personas que sufren de insuficiencia respiratoria, precisamente a quienes que sufrían dicha sintomatología. La Morfina y el Midozalam, era una medicación que solo podía provocar el agravamiento de estos pacientes y postrera inducción a su muerte mediante la sedación paliativa también incluida en estos mismos protocolos.
Dando por zanjado lo acontecido en las residencias de ancianos con lo expuesto en mi último artículo, hoy concentraré mis esfuerzos en demostrar lo ocurrido en hospitales y, mucho más específicamente, en sus unidades de cuidados intensivos (UCIs) durante estos últimos años de presunta pandemia. Pues aunque todavía no se haya hablado tan alto y tan claro a este respecto, lo cierto es que los hospitales también recibieron una serie de protocolos de muy dudosa buena intencionalidad que, tal y como veremos a continuación, contribuirían a sesgar precozmente la vida de muchísimas personas que serían contabilizadas como fallecidos COVID-19.
Sucesos que deben ser aclarados aportando la documentación pertinente porque, sin olvidar en ningún momento la gravedad de los crímenes cometidos, fueron los que justificaron, junto a lo acontecido en el interior de las residencias de ancianos, el gran engaño al que fue sometida la población mundial. Un engaño que tuvo como principal objetivo el de dar credibilidad a la ilusoria veracidad de una pandemia que no fue en realidad sino un genocidio programado desde las más altas instancias del poder gubernamental y supranacional que rige el control socio económico y político en este mundo.
Si bien antes de proceder al análisis de los mencionados protocolos hospitalarios y de la medicación administrada a los presuntos pacientes COVID-19 diagnosticados en base a los fraudulentos test PCR, quiero recordar las declaraciones del Dr. Cesar Carballo en televisión. Unas declaraciones en las que dijo textualmente lo siguiente: “la comparación del siglo XIII, sanguijuelas, cataplasmas, ungüentos, a lo mejor hubiese sido mejor que tratásemos con eso que no con los fármacos que tratamos”; “fijate, yo dos meses después hablaba con una intensivista amiga mía y me decía, es que los pacientes se nos están muriendo porque les hemos abolido el sistema inmune, les hemos puesto corticoides, inmunosupresores, otro inmunodepresor, de diferentes familias, interluquina 6, interluquina 13, se nos están muriendo de enfermedades oportunistas. Ese ansia que teníamos de poner algo que salvara vidas, tenemos que hacer autocrítica y decir, si no sabes, espérate”. “Nuestra propia agencia española del medicamento, nuestro propio hospital, nos daba unos protocolos en el cual salían esas medicinas; es decir, que tú hacías mala praxis si no ponías eso, y eso creo que es una autocrítica que hay que hacer al médico y tenemos que hacernos nosotros, o sea, no hicimos bien, no hicimos bien en esa primera ola”.
Este testimonio, de un doctor oficialista que ha legitimado el uso de los fraudulentos test PCR para diagnosticar la enfermedad y que ha recomendado el uso de la mal llamada vacuna para frenar el contagio y proteger al ciudadano, y que por tanto jamás podría ser tachado de “negacionista”, bastaría por sí mismo para poner en evidencia los protocolos de manejo clínico del COVID-19 en la atención hospitalaria, así como la medicación recomendada.
Lo mismo a este respecto podemos leer en el informe pericial realizado por el Médico Forense y Doctor en Emergencias (entre un extensísimo currículum) Manuel J. Rodriguez, en relación a estos protocolos. Básicamente, viene a decirnos que estos protocolos y medicación suministrada fue la causa de la muerte de muchos pacientes que hoy todavía vivirían si se les hubiese tratado debidamente.
En la misma línea que el Dr. Cesar Carballo, el Dr. Manuel J. Rodriguez resalta en su informe que los médicos se sintieron presionados por estas recomendaciones –protocolos-, ya que de las mismas se deriva el hecho de que si ocurre algún incidente y no se han aplicado los protocolos descritos, el médico puede temer ser sancionado de alguna forma.
De esta forma se consiguió que en muchos hospitales se administrasen unos tratamientos que jamás hubiesen sido administrados por cualquier médico responsable y verdaderamente profesional. No cabe duda de que muchos médicos pensaron: “si sigo los protocolos pese a considerarlos inapropiados y el paciente fallece, no será mi responsabilidad. ¡Al fin y al cabo habré actuado según los protocolos! En cambio, si no los sigo y actúo como considero adecuado y las cosas se tuercen… ¡Toda la responsabilidad recaerá sobre mí!”
Con este terrible dilema servido… ¿Cuántos serían los médicos que dejarían de hacer lo que considerarían correcto para salvar vidas para mantener cubiertas sus espaldas?
Al parecer, durante la denominada como primera ola de la pandemia, fueron muchos los médicos que prefirieron cubrirse el culo a cambio de dejar morir a sus pacientes. No en vano, al menos durante las primeras semanas de esta primera ola, murieron prácticamente todos los presuntos pacientes COVID-19 que fueron hospitalizados e ingresados en la UCI.
Un problema que, una vez pasada la primera ola de la pandemia, persistiría en muchos hospitales donde verdaderos irresponsables con bata blanca, pese a haber sido testigos de lo sucedido en los meses anteriores, todavía continuarían aplicando estos mismos protocolos.
En su informe pericial, el Dr. Manuel J. Rodríguez también nos habla de las implicaciones que la administración de oxígeno en las dosis recomendadas en los protocolos tuvo sobre los pacientes. Dice textualmente:
“El protocolo recomienda la utilización de oxígeno con saturaciones de oxígeno en sangre hasta ahora consideradas fisiológicamente normales y a dosis extremadamente altas”.
“Esto produce una alteración del centro respiratorio del cerebro, en la protuberancia del bulbo raquídeo bajo el tálamo cerebral, enviando órdenes equívocas a los músculos respiratorios disminuyendo la frecuencia respiratoria y el volumen respiratorio provocando una disminución en la saturación de oxígeno en sangre. Ante ello, el protocolo obliga a aumentar el aporte de oxígeno provocando un círculo vicioso hasta niveles de oxígeno que provocan irritación del parenquima pulmonar, dolor respiratorio que, según el protocolo, se oblige a iniciar el tratamiento sedativo”.
“Cualquier medico sabe, o debe de saber, lo que ocurre cuando se administra oxígeno de forma inadecuada por lo que está más que claro que se está produciendo una negligencia médica que conduce a daños graves e incluso la muerte, avalada y defendida por el protocolo de manejo clínico”.
Efectivamente, los protocolos recomendaban iniciar la oxigenoterapia en pacientes con saturación de oxígeno del 92% o menor (SaO2 <92%):
Sin embargo, la hipoxemia severa siempre fue diagnosticada con porcentajes de saturación de oxígeno inferiores a 80%, (SaO2 <80%).
Por otra parte, tal y como puede verse en la imagen anterior (tabla 1 de los protocolos de manejo clínico del COVID-19 en la atención hospitalaria) bastaba con un porcentaje de saturación de oxígeno inferior a 90% (SaO2 <90%) para que al paciente le fuese diagnosticada una neumonía grave.
Pero la oxigenoterapia fue considerada inapropiada porque se dijo que las terapias de oxígeno aerosolizarían/propagarían el virus. Con este pretexto, se justifico que pacientes que ni siquiera estaban verdaderamente urgidos de recibir oxigenoterapia o de ser ingresados en la UCI, fuesen sedados para ser sometidos a tratamientos tan invasivos y peligrosos como lo son la intubación o la ventilación mecánica; los únicos que los Protocolos de manejo clínico en la UCI para pacientes COVID-19 no aconsejaba evitar.
El resultado de semejante aberración fue el de que el de que fallecieran el 88% de los presuntos pacientes COVID.
Huelga decir que fueron muchos los médicos que, en todo el mundo, denunciaron estar utilizando los ventiladores mecánicos con demasiada precocidad. Alegaban que su uso debía retrasarse todo lo posible y probar inicialmente con la oxigenoterapia.
Por otra parte, en su informe pericial, el Dr. Manuel J. Rodriguez indica que los protocolos alentaban a ingresar en planta con aislamiento o en UCI a muchos pacientes que no lo necesitaban.
“En este paso no se respetan los fundamentos estudiados en la facultad de medicina ni los resultados de la experiencia médica, no, se aplican unas directrices para el ingreso y el aislamiento que no se corresponden ni con la realidad asistencial, ni con el Código Deontológico Médico ni con la práctica habitual de los tratamientos de neumología actuales que ya incluían el manejo de las infecciones por coronavirus”.
“Debido a este cambio drástico en los criterios de hospitalización, que obligaba a hospitalizar a pacientes con signos y síntomas que jamás nunca se había hecho por ser síntomas y signos inespecíficos, leves y con tratamiento domiciliario posible”.
Es en el párrafo 3º del punto 4.1. de los protocolos de manejo clínico del COVID-19, donde se alentaba a los médicos a ingresar precozmente a los pacientes en la unidad de cuidados intensivos.
Estas medidas no solo supusieron poner en riesgo la vida de pacientes que no necesitaban de tratamientos tan comprometidos, sino, que, además, desembocaron en el innecesario colapso de las UCIs.
Al mismo tiempo que se acabó con la vida de presuntos pacientes COVID relativamente sanos al ser innecesariamente intubados y/o conectados a ventiladores mecánicos, se desatendió o dejó morir a pacientes con otras patologías que no tuvieron acceso a las UCIs por encontrarse colapsadas con los primeros.
La prioridad eran los presuntos pacientes COVID, pese a que sus signos o sintomatología nunca antes hubiesen sido criterio de hospitalización y/o ingreso en UCI.
Para más inri, se metería todavía más miedo a la población respecto al coronavirus, hablando de los terribles efectos secundarios que la COVID-19 estaba dejando en los supervivientes, cuando en realidad estos efectos habían sido provocados por la intubación y/o ventilación mecánica a la que tantos presuntos pacientes COVID fueron innecesariamente sometidos.
Los protocolos de manejo hospitalario y UCI de la COVID-19, fueron la causa de que cientos de miles de personas en todo el mundo fueran aisladas de sus seres queridos e inducidas a la muerte en base a la administración de una medicación y de unos métodos de tratamiento (sedación, intubación y ventilación mecánica) que no necesitaban. Todo esto, por descontado, tras ser diagnosticadas fraudulentamente por mediación de las pruebas PCR como pacientes COVID pese a haber acudido a los hospitales por otras causas.
Aquí os dejo algunos testimonios de familiares afectados recogidos por el colectivo Bizitza en el País Vasco, España. Aunque, evidentemente, testimonios semejantes los hay en todo el mundo, como por ejemplo lo es éste verdaderamente terrorífico recogido por la plataforma de Periodistas por la Verdad a una mujer residente en los EE.UU.
Estos familiares narran las experiencias que vivieron tratando de evitar que sus seres queridos fuesen diagnosticados como pacientes COVID-19 y sometidos a los protocolos pertinentes. Algunos de ellos consiguieron sacar de los hospitales a sus familiares y así salvarles la vida; otros no tuvieron tanta suerte.
Lo que es seguro es que todos ellos esperan que se haga justicia y que los responsables de estas atrocidades sean juzgados por ello.
Para cerrar este artículo, y ayudar a responder algunas de las preguntas lógicas que muchos lectores se estarán haciendo, haremos un seguimiento del origen de un elevadísimo porcentaje de los crímenes que se cometen en el mundo.
Hablo del dinero, por supuesto. Del dinero con el que los centros hospitalarios serían recompensados en base a cada PCR realizado y a sus pacientes "COVID”, tal y como por ejemplo en España viene perfectamente reflejado en el BOE.
¿Por qué en los hospitales se dio la orden de realizar pruebas PCR indiscriminadamente a todo el mundo? ¿Incluso a pacientes con patologías bien diferenciadas de la COVID-19? ¿Por qué se realizaban PCRs incluso a “tráficos”?
93 euros por PCR realizada, tenían la culpa… ¡Solo para empezar!
Porque si la persona que había sufrido un atropello y tenía que ser ingresada en la UCI, daba además positivo a su prueba PCR, el hospital era recompensado con nada más y nada menos que otros 43.000 euros.
No sé que cobrará un hospital por tener a un cardiópata ingresado durante más de 72 horas. Pero lo que sí puede leerse claramente en el Boletín Oficial del Estado, es que si dio positivo a PCR, el hospital se llevará 5000 euros de recompensa.
A nadie debe, pues, extrañar, que a aquellos pacientes cuyos resultados PCR eran negativos, se les repitiese la prueba una vez tras otra hasta obtener el resultado que más beneficios económicos reportara al hospital.
Beneficios económicos para el hospital…
…Y riesgo de ser sometido a unos protocolos de verdadero infarto para el pobre desdichado positivo PCR. Dado el caso, mucho cuidado con una SaO2 <92% u otros de los no menos novedosos que ridículos síntomas o signos vitales considerados para ser diagnosticado como paciente COVID-19 grave.
Porque lo que es entrar, sí se podía entrar en los hospitales. Pero todo lo que no fuese salir con los pies por delante –exitus– aportando otros 5000 euros al hospital de turno como paciente COVID…
Cuanto más pienso en lo que sucedió en los hospitales, en las residencias de ancianos, y en el uso fraudulento de los PCR, más difícil me resulta asimilar que todavía haya gente que continúe creyendo en el cuento de la pandemia y que no tome plena consciencia de los crímenes de lesa humanidad que durante los últimos años han sido perpetrados sin que todavía nadie haya respondido por ellos.