Frente a la imposición lingüística, derechos y libertad

El actual consejero de Educación en Cataluña en aplicación del artículo 155 de la CE, Iñigo Méndez de Vigo, a la sazón portavoz del Gobierno de España, debe publicar en los próximos días una resolución que incorpore las normas de prescripción y matrícula de los alumnos para el curso que viene en los centros educativos catalanes sostenidos con dinero público. Tiene una oportunidad histórica de cumplir y hacer cumplir la ley y las sentencias del Tribunal Constitucional… tras 30 años de incumplimientos sucesivos y, por tanto, de vulneraciones flagrantes de un derecho ciudadano esencial que ni los distintos gobiernos ni los principales partidos políticos han querido proteger: me refiero al derecho de los niños y niñas a estudiar en español, que no es solo nuestra lengua común sino un idioma hablado por más de 500 millones de ciudadanos en todo el mundo y, por tanto, una auténtica puerta de oportunidades, relaciones humanas y progreso.Lo que se le pide al consejero de Educación y al Gobierno de España es sencillo de entender, por mucho que los talibanes lingüísticos se opongan: que quien quiera estudiar en español, nuestra lengua común y, en muchos casos, lengua materna, pueda hacerlo, sin barreras absurdas ni limitaciones represivas. Si el Gobierno de España no garantiza este derecho, volverá a dar muestras de una enorme cobardía. Del PSOE ya no se puede esperar nada tampoco en este asunto: al fin y al cabo, son unos de los principales responsables del modelo de inmersión lingüística hoy día vigente en Cataluña, ese que obliga a los estudiantes a estudiar todas las materias en catalán, a mayor gloria del nacionalismo y del independentismo. Más allá de los defensores bienintencionados de las lenguas minoritarias, bien hablándolas, bien promoviendo que quien quiera pueda aprenderlas y utilizarlas, conviene recordar los propósitos que suele albergar el nacionalismo cuando conculca derechos lingüísticas para imponer al conjunto de la sociedad la que denominan “lengua propia”: diferenciarse del resto y promover la “construcción nacional” para, primero, reivindicarse como nación cultural y, después, como nación política, titular de soberanía y, por tanto, poseedor del derecho a la segregación y a la independencia. Por mucho que todo sea una inmensa falacia, ese es su objetivo y su habitual modus operandi… y por eso se impone el catalán en Cataluña… y el euskera en el País Vasco.Los derechos son de los ciudadanos, no de las lenguas. Las lenguas no tienen el derecho a disponer de los ciudadanos para convertirlos en hablantes forzosos que las perpetúen. Las lenguas son para los ciudadanos, no los ciudadanos para las lenguas. El derecho a la elección del español como lengua vehicular en la enseñanza es un derecho constitucional que debe ser protegido por el Gobierno de España. Y los principales partidos deben impulsar las acciones políticas que correspondan para garantizarlo. Dicho esto, cabe añadir que tal garantía no sería suficiente, dado que habría que suprimir los abusos que se cometen en algunas administraciones públicas autonómicas, al exigir conocimientos en la lengua cooficial para tener acceso a puestos de trabajo donde no es necesario ni usarla ni conocerla.Han sido varios colectivos ciudadanos los que han alzado la voz estos últimos días para exigir al Gobierno de España que garantice el derecho de los niños y niñas catalanes a estudiar en español. Otros llevan defendiéndolo años. Y otros (las víctimas) han visto sus derechos ciudadanos vulnerados por los talibanes de la imposición lingüística. La Plataforma Ahora se une a quienes reivindican la libertad de elección lingüística y abogan por dejar atrás la inmersión lingüística y la imposición. Como plataforma cívica ubicada en la izquierda cívica no tenemos dudas al respecto: abrazamos y hacemos nuestras todas las reivindicaciones progresistas.