El, afortunadamente ya, ex inspector Jefe de la Comisaría de Policía Nacional del distrito de Valencia, Ricardo Ferris, manifestaba en una mesa redonda organizada por Vox que «la inmigración ilegal es igual a delincuencia«, que «la práctica totalidad de los detenidos que hace la policía nacional y la Guardia Civil son extranjeros» y que «absolutamente todas las violaciones son cometidas por inmigrantes«.
La gravedad de las manifestaciones es evidente por quien lo dice ostentando la responsabilidad que tenía y, además, por no estar avaladas por los datos que ofrece el Ministerio de Interior. Estas manifestaciones, además, de ser la tesis recurrente que viene defendiendo la ultraderecha, representa un acto de xenofobia y de odio que no puede ni debe quedar impune en modo alguno.
Mucho nos tememos que este individuo tendrá acomodo en cualquier lista electoral de la ultraderecha presente en las próximas elecciones municipales, autonómicas o generales para darle la correspondiente cobertura económica al susodicho.
Pero lo peor de lo dicho por el impresentable ex comisario es que tanto él como la ultraderecha sabe que tiene mercado electoral y por eso se atreven a manifestarlo sin el menor recato y miramiento, así como, hasta ahora no ha tenido ningún coste judicial para quienes en público y ante los medios de comunicación manifiesten la xenofobia y odio al extranjero sin temor alguno.
Cabe preguntarse, qué directrices propias estaría dando a sus subordinados en su función como Inspector Jefe de la Comisaría acerca de la investigación de hechos delictivos en su ámbito de competencia. Eso también sería materia de investigación, porque alguien que se manifieste de esa manera suele impregnar su labor con esos tintes xenofóbicos.
La imagen de la Policía Nacional en general, y en concreto en Valencia, no puede quedar en entredicho porque a un impresentable, al saberse rodeado de los suyos, se le caliente la boca y diga lo primero que le viene a su cabeza, máxime cuando lo que dice está ampliamente rebatido por todos los organismos oficiales y las propias estadísticas del Ministerio del Interior de que la delincuencia no está relacionada con la inmigración.
La fiscalía no tendría que esperar a ningún proceso de investigación interno de la Policía Nacional para depurar responsabilidades y actuar de oficio para llevarlo ante un juez. En modo alguno se puede entender como una opinión en el seno de la libertad de expresión. Alguien con la responsabilidad que ostentaba debería ser cauto en sus manifestaciones por las repercusiones sociales que puede tener, además, de ser falsas de toda falsedad.
Limpiar las Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado de personajes como el susodicho es una obligación de salud democrática y, por supuesto, un aviso a navegantes de que actitudes de este tipo no se pueden permitir ni quedar impune.