El juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, que investiga el caso de Tsunami Democrático no esconde sus maniobras para intentar esquivar la aplicación de la ley de amnistía, tal como ha demostrado con una nueva interlocutoria conocida en que confirma la personación de dos policías heridos durante las protestas post-sentencia. El magistrado recuerda que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acudió al hospital a visitarlos, después de resultar lesionados durante los disturbios del 18 de octubre de 2019 en Barcelona. No se puede minimizar esta acción ni el resultado ocasionado, incompatible con el derecho en la vida y la integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución y el artículo 2 del Comité Europeo de Derechos Humanos, y del cual podrían ser partícipes los investigados.
La mención al CEDH es nueva, pero ya se había referido a la directiva europea 2017/541 de lucha contra el terrorismo que salía en anteriores redactados de la amnistía. Inicialmente, la proposición de ley que registró el PSOE decía que quedaban excluidos del olvido judicial los actos de terrorismo que tuvieran sentencia firme y que hubieran consistido en algún acto recogido en esta directiva. En el artículo 3 se señala que los estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los siguientes actos intencionados, tipificados como delitos según el derecho español que, por su naturaleza o contexto, puedan perjudicar gravemente n un país [...] se tipifiquen como terrorismo cuando se cometan con una de las finalidades del apartado 2: incluye los atentados contra la vida y la integridad física de las personas, y las destrucciones de instalaciones estatales o públicas, sistemas de transporte o infraestructuras", escribía el juez en la interlocutoria de imputación de Carles Puigdemont i Marta Rovira.
Después que la vicepresidenta Teresa Ribera sugiriera que el juez del caso Tsunami Democrático actúa con motivación política, el PSOE, ERC y Junts han pactado cambios en la ley de amnistía en cuanto al terrorismo y al retorno de los exiliados. En la comisión de justicia del Congreso, todos los grupos salvo de PP y Vox han aprobado dos enmiendas transaccionales sobre dos puntos que más preocupaban los independentistas: como blindar más las causas de los CDR y de Tsunami y garantizar la aplicación inmediata de la ley. ERC y Junts han celebrado las modificaciones, que consideran una mejora. Ahora bien, Junts insiste en incluir los casos de lawfare. mientras ERC cree que así la amnistía ya “incluye absolutamente todo el mundo”, Por su parte, el PSOE subraya que la ley continúa excluyendo los delitos de terrorismo, pero admite que, el caso Tsunami quedaría protegido.
Las formaciones independentistas son conscientes que jueces como García-Castellón harán todo el posible para esquivar la aplicación de la ley de amnistía a las causas de Tsunami Democrático y de los CDR. De hecho, los últimos días han circulado guías sobre como frenar la norma. Por eso, mantienen vivas otras enmiendas para reducir el margen de interpretación de los jueces. Todavía hay partido hasta el día 30, ha subrayado la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras. Su grupo llevará enmiendas pactadas con el PNB, entre las cuales una sobre el terrorismo y otra sobre las causas de lawfare como el caso Volkov.
Públicamente, el PSOE no quiere hablar de causas concretas, pero en privado reconoce que la de Tsunami Democrático no encaja en estos casos graves y, por lo tanto, entraría en la amnistía. A su entender, habría podido ser amnistiado con el redactado anterior, pero subraya que es clave haber incorporado el requisito de la intencionalidad en la violación de derechos humanos. Ahora bien, los socialistas también son conscientes que la última palabra la tendrán los jueces, y García-Castellón podría encontrar la manera de interpretar que la amnistía no es aplicable en sus causas. El PP ha cargado de nuevo contra el que considera un error histórico del PSOE. Siempre consiguen caer más bajo ha dicho su líder, Alberto Núñez Feijóo, en su cuente de Twitter.
Vean la opinión que le merece el juez Manuel García Castellón al juez del Supremo ya retirado, Juan Antonio Martin Pallín.
Desde ERC, su portavoz adjunta, Teresa Jordà, ha explicado que todavía aspiran a conseguir una ley de máximos, que pasa por no hacer ninguna mención al terrorismo en el apartado de exclusiones, pero ha mostrado satisfacción por el promedio al cual han llegado y que cerraron a medianoche. Queda más blindada y más fortalecida ante los enemigos que quieren impedir la amnistía, ha coincidido con esta afirmación, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés.
Desde el PSOE rechazan eliminar del todo el terrorismo de la ley. Dijeron que era una línea roja que no tocarían y que solo aceptarían enmiendas técnicas y sacan pecho de haber cumplido. En rueda de prensa a la Moncloa, el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, aseguraba que quedaba claro que no se pueden amnistiar casos de terrorismo que comporten violaciones graves de derechos humanos. Según el PSOE, con el redactado anterior se podía dar la circunstancia que casos sin sentencia firme y que contravinieran la directiva de la UE sobre terrorismo quedaran amnistiados. Y ahora esto no pasará.
Más allá del terrorismo, PSOE, ERC y Junts también quieren blindar el retorno de los exiliados. El redactado original ya preveía que las medidas cautelares -las órdenes de detención y el ingreso a prisión- se levantarán cuando entre en vigor la amnistía, aunque se presente un recurso de inconstitucionalidad ante el TC que ponga en suspenso el procedimiento. Los independentistas tenían miedo que no sucediera lo mismo si los jueces presentan una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y han acordado con los socialistas mencionarlo en la exposición de motivos.
En cambio, en el artículo que aborda los efectos de la amnistía en la responsabilidad penal simplemente se refuerza la obligación de los jueces de dejar sin efecto las órdenes de detención e ingreso a prisión de las personas a las cuales resulta de aplicación la amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención. También, que la suspensión del procedimiento penal [por el hecho de haberse dirigido al TC o al TJUE] no impedirá el levantamiento de las medidas cautelares acordadas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley y que implicaran la privación de los derechos fundamentales.Son cambios orientados al retorno de Puigdemont y Marta Rovira, y a la vez se refuerza otro apartado que beneficiaría las personas que ya están condenadas y que todavía cumplen penas de inhabilitación, como es el caso de Oriol Junqueras: El órgano judicial procederá a dar por finalizada la ejecución de todas las penas privativas de libertad, privativas de derechos y multa que se hayan impuesto con carácter de pena principal o accesoria, y que tuvieran su origen en acciones u omisiones que se hayan amnistiado. De esta forma, se intenta que la amnistía tenga efecto inmediato para quienes han sido condenados por el 1-O.