“Los ejércitos permanentes (miles perpetuus) deben desaparecer totalmente con el tiempo” (Kant, Sobre la paz perpétua).
En medio del fragor de las batallas diarias, surgen opiniones de todo tipo. Algunos dicen que los mercaderes de la muerte están sedientos de sangre y solo buscan demonizar al enemigo. Unos ven aceptable el 5% acordado por Europa, mientras que otros consideran que es insuficiente. Estos últimos se encuentran próximos a la gran potencia, desconfían de Rusia, país que parece buscar anexionarse el mayor territorio posible y atacará si no encuentra impedimentos.
Ya han muerto tantos soldados rusos que se ven obligados a contratar mercenarios de Corea del Norte, quienes se quejan de no recibir el pago acordado. Hay quienes piden que la comunidad internacional cumpla su papel, aunque con poca convicción, ya que el Derecho Humanitario ha sido reemplazado por la ley de la fuerza.
Otros, con más sensatez, opinan que Europa tiene mucho que decir, si el Secretario General de la OTAN no se muestra servil ante el autoproclamado dueño del mundo. ¿Es posible hacer las cosas de otra manera que no implique gastar sin límite?
La realidad es que a Estados Unidos le beneficia invertir el 5% del PIB para enriquecerse a costa de terceros países. Tiene preparado el mayor material bélico posible y está dispuesto a venderlo, pero no a buen precio, ya que empieza a subirlo porque sabe que lo necesitan quieran o no. Entonces, ¿qué comprar? ¿Era necesario o no?
Europa debería preguntarse no cuánto gastar, sino cómo hacerlo. Ahora tiene una gran oportunidad para desarrollar autonomía tecnológica y no depender de Estados Unidos. Podría construir medios defensivos que le permitan separarse de este país, si fuera necesario, ya que las relaciones son cada vez más complicadas. Europa debe proponerse tomar sus propias decisiones y no depender tanto de otros.
¿Quién puede confiar en alguien que se atreve a declarar que la Unión Europea se formó para perjudicar a Estados Unidos? Esto es claramente una provocación. No entiendo cómo puede aceptar un aumento sin antes exigir disculpas públicas por sus palabras. Es tan cínico que, además, afirma amar a los países europeos. Hay que bajarle los humos, su hostilidad está de más, y debemos hacérselo saber. Este es el momento oportuno, si no queremos más recortes, aumentos de impuestos y una mala gestión de prioridades.
Solo exportamos un 4,8% a Estados Unidos y dependemos poco de América del Norte, ¿entonces realmente vale la pena ceder ante la amenaza? Se rompería la línea política del Gobierno. Esto podría dañar la buena marcha de España, ya que parece que su objetivo es destrozarnos para enriquecerse él.
Trump amenaza con que tendremos que pagar el doble y busca imponer un acuerdo bilateral. Sin embargo, no tiene en cuenta que los acuerdos comerciales son competencia de la UE, aunque quizás ni siquiera lo sepa.
Aceptar su propuesta implicaría recortes en diversas áreas como educación, infraestructuras o un aumento significativo de la deuda pública, lo que tensaría las relaciones con Bruselas y podría generar inestabilidad política.
Por ejemplo, elevar el gasto militar al 5% del PIB supondría superar los 80.000 millones anuales, lo que tendría consecuencias graves: recortes de pensiones hasta un 40%, reduciendo una pensión media de 1.200 € a 720 €; reducción en educación de más de 15.000 millones anuales; y un gasto militar que duplicaría el presupuesto sanitario nacional. Además, desaparecerían ayudas sociales como el subsidio por desempleo, por maternidad o el ingreso mínimo vital.
La alternativa del Gobierno debe ser mantener el estado del bienestar y evitar subir impuestos a la clase media para cumplir con estas demandas. La propuesta parece muy pensada y no acepta que nadie se meta en la soberanía española.
De ceder, tendríamos que aplicar recortes en varias áreas al mismo tiempo: educación, infraestructuras o un aumento significativo de la deuda pública. Esto afectaría las relaciones con Bruselas y podría generar inestabilidad política. Concretemos más: elevar el gasto militar al 5% del PIB supondría superar los 80.000 millones anuales, lo que traería consecuencias, que no pueden aceptarse.
La alternativa del Gobierno es no sacrificar el estado del bienestar ni subir impuestos a la clase media para cumplir con estas exigencias.