Dentro de los servicios públicos lógicamente la enseñanza tiene un lugar muy destacado, pues mediante la pública, independientemente de su estatus social y económico, se ofrece más igualdad de oportunidades a los estudiantes. Por eso no se comprende con respecto a la universitaria, como desde hace más de 25 años no se haya creado ninguna universidad pública y, sin embargo, durante este periodo de tiempo, han proliferado como hongos 27 universidades privadas.
Algunas de estas regidas por la Iglesia y todas, constituidas en plan mercantilista y como si fueran estrictamente negocios vendiendo titulos. El problema para que esto haya venido ocurriendo es que, las iniciativas han estado en manos de las comunidades autónomas. Por eso no es de extrañar que, por ejemplo, en la de Madrid esta modalidad educativa, este primando ante la pública.
Ahora al fin, el gobierno del PSOE y Sumar por lo visto, quieren hacerle frente a esta anómala e injusta situación y corregirla con una serie de condiciones, para la creación y funcionamiento de las universidades privadas, pero sin especificar que se vayan a abrir nuevas universidades públicas. Esto es fundamental, para corregir los desequilibrios que se vienen produciendo en favor de las privadas.
Por supuesto, se tendría que abordar y darle soluciones con su erradicación, a la enseñanza privada-concertada, debido a que es injusta y arbitraria pues a la misma, no pueden acceder niños y jóvenes de familias humildes y migrantes. Como hipócritamente dijo Felipe González en la campaña para las elecciones generales de junio de 1977: ¡quien quiera enseñanza privada que la pague!.
La enseñanza durante la nefasta dictadura franquista, estuvo en manos de la Iglesia y por eso, fue la referida frase de Felipe González. Sin embargo, nada más llegar a la Moncloa por mediación de las elecciones generales de octubre de 1982, se reunió con la reaccionaria Conferencia Episcopal y, acordaron establecer la mencionada enseñanza privada-concertada, y que esta continuara a disposición de la Iglesia.
Ya el colmo de la hipocresía, ha sido contemplar como relevantes dirigentes “socialistas”, se han venido aprovechando de esta modalidad educativa, escolarizando en la misma a sus hijos. Esperemos a ver que, ocurrirá con todo esto y las medidas que, supuestamente piensa implementar el Gobierno, sabiendo que la educación es el pilar básico y esencial para combatir las desigualdades.
El otro servicio público sumamente esencial es el de la sanidad, comparado con el de otros países, por ejemplo, el norteamericano, el de nuestro país es bastante más aceptable y se puede decir que goza de buena salud. Pero al respecto y de un tiempo a esta parte, se ha venido bajando la guardia en favor de la sanidad privada concertada y, en consecuencia, la pública está resintiéndose. Aun siendo ésta de mucha mejor calidad, como se puede demostrar cuando por ofrecer más garantías, se recurre a la misma en detrimento de la privada, para ser atendidos pacientes con patologías o accidentes de mucha gravedad.
Otro pilar del Estado del Bienestar, es la atención a la dependencia. Ésta fue implantada en el gobierno de José Luís Zapatero, por mediación del ministro Jesús Caldera. El derecho a la atención sociosanitaria se ha extendido por todo el país, aunque de forma desigual, debido a problemas administrativos y burocráticos en la evaluación de las personas necesitadas. En este sentido, hay comunidades autónomas unas más ágiles que otras, en resolver los trámites que posibilite la percepción del servicio. Esta es una de las asignaturas pendientes y que, se debería mejorar y para lograrlo es fundamental, que se produzca el necesario acuerdo y decidir la institución responsable para prestar este servicio tan importante.
Debido a su cercanía con los vecinos, por agilidad, eficacia y costes, este servicio tendría que ser transferido a la administración más cercana del Estado como son los ayuntamientos. Eso si con los debidos presupuestos, infraestructuras y equipamientos de los que disponen las comunidades autónomas, diputaciones y cabildos. De esta forma se podría abordar y resolver el problema, en los propios municipios como espacio más cercano de los pacientes con sus familiares.
Otros servicios públicos pero muy solapados, son el bancario y energético. En lo que respecta al bancario, para evitar arbitrariedades y extorsiones de la banca privada, necesitamos contar con un banco público. Inexplicablemente se perdió una gran oportunidad de lograrlo mediante Bankia, que perteneciente al Estado, se permitió su absorción por La Caixa. La banca privada se ha convertido en un oligopolio, que ha permitido a los cinco primeros bancos del país, obtener en 2023 unos beneficios de 38.922 millones de euros, cifra que se ha visto superada en el 2024, con una media entre todos del 17%.
Esto ha venido y viene ocurriendo, después de ostentosamente imponerse un impuesto a la banca, pero como se esperaba, este ha recaído en sus clientes, mediante el aumento en los intereses de los créditos, servicios prestados y cierre de muchas sucursales diseminadas por todo el país, afectando mucho más a las zonas rurales, al quedarse sus vecinos sin este servicio y haberse producido el despido de miles de sus empleados.
También necesitamos disponer de una empresa energética pública y mediante la misma, hacerle competencia a la privada, para poder bajar los precios energéticos.