El próximo 9 de mayo, a las 9,30, en la Sala 29 de la Audiencia Provincial de Madrid, se celebrará un juicio contra un personaje que cuando me procesaron en la Fiscalía de Odio escribió en Twitter que lo que yo me merecía era una pistola y una bala (textualmente) Este personaje utiliza un nombre femenino y fue precisa la investigación de la policía para identificarlo. Interrogado por el juez de instrucción, añadió que esa amenaza no se refería únicamente a mi, si no a todas las personas que estamos en contra de los términos en que se ha aprobado la llamada ley trans.
A continuación se incoó contra él procedimiento por amenazas de muerte y delito de odio, que indujo a la Fiscalía a redactar y presentar una querella por ambos delitos, con la petición de cinco años de prisión para el autor de tales hechos.
Desde que comenzó esta saga han transcurrido dos años en los que sobre todo mis hijos han estado muy preocupados de que ese personaje, u otros de la misma trinchera, cumplieran sus amenazas. En ese espacio de tiempo los transactivistas han estado muy diligentes dedicándome toda clase de insultos y calificativos despreciativos en esa selva oscura de las redes sociales, y cuando nos hemos tropezado en algún acto público.
La justicia es lenta, pero a veces -no siempre- llega a tiempo. Y ese se cumple -de momento- el 9 de mayo próximo. O eso creía. Porque una vez señalada fecha de juicio, asombrosamente, la Fiscala ha retirado la acusación de delito y la ha convertido en una falta, es decir un delito menor que ya no conlleva la pena de prisión sino -si cabe- alguna multa y -si cabe- indemnización.
En el curso del tiempo que ha transcurrido hasta el señalamiento de juicio oral, he sido víctima de las consecuencias de haberme mostrado en contra de la doctrina queer. Me han cancelado la presentación de libros míos, la celebración de un debate sobre feminismo, el acto público de denuncia contra la empresa Bayer por la fabricación de un anticonceptivo que significó graves sufrimientos a las usuarias, me han despedido del periódico Público después de una decena de años de colaborar periódicamente en él, Izquierda Unida decidió romper la coalición que sostenía con el Partido Feminista desde hacía cinco años, y hasta llegó a negar que hubiera existido nunca, porque no la inscribió en el Ministerio del Interior.
Y la lista de insultos y descalificaciones que han soportado mi X y Facebook, sería demasiado larga para relacionarla aquí.
Ni la letrada que lleva mi defensa entiende por qué, de pronto, el Ministerio Público se retira de la acusación, después de que durante dos años la sostuvo. Buscando en la espesa selva de la jurisprudencia mi abogada ha encontrado varios procedimientos y sentencias en las que muy duramente se acusaba y se condenaba a quienes manifestaban “su odio" contra trans, gays, emigrantes, después de que el acusado increpara a la victima con el calificativo de “maricón” o de “moro”.
Solamente uno de los acosadores de la escritora Lucía Echeverría, que ha sufrido, como yo, lo embates de los pertenecientes a ese lobby, ha logrado que se condene a uno de ellos por la comisión de una falta.
Este próximo 8 de mayo sabré si ser trans constituye una calificación que lleva en sí la impunidad de sus delitos de acoso y persecución contra todas las personas que nos mostramos críticas con su doctrina, convertida hoy en dogma de fe.
Diríase que convertirse en trans es una condición que lleva aneja la permisividad de su actos de represión, insultos y calumnias contra todo aquel que no esté de acuerdo con su ideario. Ni siquiera se puede criticar la ley, que está blindada con la protección no solo del voto afirmativo de los parlamentarios que la apoyaron, sino también de jueces y fiscales que se sienten compadecidos con los trans perseguidores de todo aquel que se manifieste crítico con su criterio.
La pregunta sin respuesta es, ¿de qué clase de privilegio disfrutan estos personajes que han conseguido convencer a los magistrados de que sus miras son tan altas que merecen un trato diferente al que se otorga a los demás acosadores, calumniadores y amenazadores personajes que fastidian la vida de las personas normales que creemos todavía en la garantía constitucional de la libertad de expresión.