La lucha contra los incendios forestales en España se estructura bajo un modelo de competencias compartidas que, en la práctica, recae principalmente en las comunidades autónomas. La Ley de Montes (Ley 43/2003) establece que las CCAA son las responsables directas de la “prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales” en sus territorios. La Administración General del Estado (AGE), a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), actúa de manera subsidiaria y de apoyo, proporcionando medios aéreos y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) cuando la situación lo requiere o cuando una comunidad lo solicita.
Esta distribución de responsabilidades implica que el foco del gasto público en prevención y extinción, que asciende a unos 1,100 millones de euros anuales a nivel nacional, corresponde en su mayor parte a los gobiernos regionales, que aportan casi el 80% de la inversión total. Entender este marco dual es fundamental para contextualizar el análisis, ya que las políticas presupuestarias de cada región tienen un impacto directo en su capacidad para gestionar el riesgo de incendios.
Una de las principales limitaciones para delimitar la responsabilidad de las distintas administraciones es la opacidad en la presentación de los datos presupuestarios a nivel autonómico. La falta de un desglose claro entre las partidas destinadas a prevención y las de extinción por parte de muchas administraciones regionales es un obstáculo significativo para un análisis detallado y uniforme. La dificultad para acceder a esta información es un problema sistémico de transparencia en la gestión pública. De hecho, un pedido de acceso a la información pública realizado en 2023 reveló que, en ese momento, solo cuatro CCAA (Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Baleares) disponían de datos detallados que distinguieran entre ambas partidas.
El análisis global de la inversión pública en España para la prevención de incendios forestales revela una tendencia clara de recortes masivos en la última década. Según los datos de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO), la inversión total del Estado y las CCAA en prevención se desplomó un 51% entre 2009 y 2022. El presupuesto pasó de 364.1 millones de euros en 2009 a 175.8 millones en 2022, lo que demuestra un retroceso significativo en las políticas proactivas de gestión forestal.
Esta drástica reducción contrasta notablemente con el gasto en extinción, la otra gran partida presupuestaria en la lucha contra el fuego. A diferencia de la prevención, el presupuesto de extinción se ha mantenido relativamente estable, en 417 millones de euros anuales desde 2009, con la única excepción de una caída a 329.5 millones en 2012. Este desequilibrio demuestra una clara priorización de la respuesta inmediata sobre la planificación a largo plazo, una estrategia que tiene graves consecuencias tanto ecológicas como económicas. El peso de la inversión en prevención sobre el total de la lucha contra incendios cayó del 47% al 30% en esos 13 años.
Aunque la reducción del gasto en prevención es una tendencia nacional, el análisis de casos específicos en CCAA gobernadas por el PP durante la última década muestra ejemplos particularmente severos.
La Junta de Castilla y León, bajo el gobierno continuado del Partido Popular desde 2001, representa el ejemplo más claro de la política de recortes en prevención. La inversión de esta comunidad en prevención se redujo en un 90% en un periodo de 13 años, pasando de 10.27 millones de euros en 2009 a 1.41 millones en 2022. Este dato contrasta directamente con las declaraciones del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha afirmado públicamente que su gobierno "ha triplicado" la inversión en prevención. La discrepancia entre la retórica política y los datos presupuestarios oficiales es notoria, y revela un intento de gestionar la percepción pública frente a la evidencia del recorte.
Este patrón de reducción no es exclusivo de los gobiernos del PP. Otras comunidades, como Aragón y Asturias, también redujeron su inversión en un 50% al inicio de la década del 2010, coincidiendo con la crisis financiera. Sin embargo, el recorte en Castilla y León ha sido uno de los más pronunciados y sostenidos en el tiempo, lo que demuestra una política continuada de infra-inversión en esta materia.
La disminución del gasto en prevención forestal tiene una correspondencia directa con la virulencia y extensión de los incendios en los últimos años. Los datos oficiales del MITECO y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias revelan una tendencia alarmante. En 2022, la superficie forestal afectada por los incendios en España ascendió a 267,939.64 hectáreas, una cifra casi tres veces superior a la media de la última década (94,248.58 ha), convirtiendo a ese año en el de mayor superficie quemada en el periodo analizado.
En los años siguientes, con la inversión en prevención estancada en niveles bajos, los datos provisionales de 2025 ya sugerían que se podría superar la cifra de 2022, con más de 150,000 hectáreas ya quemadas para agosto de ese año.
Existe una clara relación entre el descenso en el presupuesto destinado a la prevención y la magnitud de los daños causados por el fuego. No obstante, una explicación simplista que atribuya la proliferación de incendios únicamente a los recortes sería incompleta. Un análisis más profundo debe considerar que estos recortes en prevención no son la causa única, sino un factor de amplificación del riesgo. La principal amenaza proviene del cambio climático, que eleva las temperaturas y prolonga las sequías, creando un entorno más propicio para la aparición y propagación de grandes incendios forestales. La despoblación rural, que deja los bosques sin gestión humana (ganadería extensiva, agricultura), también aumenta la carga de combustible forestal. Por lo tanto, los recortes presupuestarios en prevención reducen la capacidad de las administraciones para mitigar un riesgo que está creciendo exponencialmente debido a factores climáticos y socioeconómicos. Esto transforma la política de infra-inversión de un problema directo a una causa que magnifica los efectos de la crisis climática.
La priorización de la extinción sobre la prevención, evidente en la distribución presupuestaria, es insostenible tanto económica como estratégicamente. Diversos estudios técnicos y análisis de expertos estiman que la extinción de un incendio forestal tiene un coste de 19,000 euros por hectárea, mientras que las labores de prevención se sitúan en aproximadamente 3,000 euros por hectárea. Esta desproporción subraya la ineficiencia del modelo actual. Se invierte más en apagar el fuego que en evitar que se produzca, una estrategia que no solo es más costosa, sino que también genera daños irreversibles en los ecosistemas, la seguridad de los operativos de emergencias y la vida de las comunidades afectadas.
El predominio de la extinción se explica a menudo por una lógica política más que por una racionalidad económica o ambiental. La extinción es una respuesta visible, heroica y mediáticamente rentable. La llegada de medios aéreos y equipos de bomberos genera titulares y la imagen de una administración que actúa con celeridad. Por el contrario, la prevención es un trabajo silencioso, de largo plazo y de baja visibilidad política. Las labores de limpieza de bosques, la gestión de pastos o la creación de cortafuegos no generan réditos electorales inmediatos. Esta diferencia en la percepción pública ayuda a entender por qué los gobiernos, independientemente de su color, se han inclinado históricamente por un modelo reactivo en detrimento de uno proactivo.
La cuestión de la inversión en prevención de incendios se ha convertido en un punto de fricción constante en el debate político español, con un cruce de acusaciones entre los principales partidos.
El Partido Popular ha criticado al Gobierno central por la falta de medios aéreos y otros recursos para la lucha contra el fuego, atribuyendo esta deficiencia a la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado aprobados. Líderes del PP han acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de estar "huido" y "aislado" mientras el país arde.
El Gobierno, por su parte, ha respondido señalando los recortes históricos de los gobiernos del PP en materia de prevención, tanto a nivel central en el pasado como en las CCAA que gestionan en la actualidad. Las declaraciones del presidente Mañueco sobre un supuesto aumento de la inversión, desmentidas por los datos, se han utilizado como un ejemplo de esta estrategia.
A esta confrontación se suma el discurso de algunas formaciones, como Vox, que han cuestionado abiertamente la emergencia climática, banalizando sus efectos y tildando las políticas verdes europeas de "dogmatismo". Esta postura política, adoptada por el PP en comunidades donde gobierna en coalición con Vox, contribuye a una dinámica de "negacionismo institucional" que obstaculiza la implementación de medidas racionales y basadas en la evidencia científica para la gestión forestal. La pugna política y la fragmentación de responsabilidades entre el Estado y las CCAA, con la consiguiente negativa de las regiones a ceder competencias en la gestión de emergencias al gobierno central, impiden una respuesta coordinada y unificada.
Para revertir esta situación haremos cuatro propuestas concretas:
- Transparencia Presupuestaria Obligatoria: Las administraciones autonómicas deben estar obligadas a publicar de forma clara, detallada y desagregada las partidas de gasto destinadas a la prevención y la extinción. Esta medida es un requisito fundamental para la rendición de cuentas y la evaluación de la efectividad de las políticas públicas.
- Reequilibrio de la Inversión: Es imprescindible reorientar los presupuestos para aumentar significativamente la inversión en prevención. El modelo actual de priorización de la extinción no es viable a largo plazo y la evidencia demuestra que invertir en la gestión forestal proactiva es la estrategia más eficaz y rentable.
- Planificación y Profesionalización Anual: La gestión forestal debe dejar de ser una política estacional centrada en los meses de verano. Se necesita una planificación que contemple las labores de limpieza y mantenimiento de los bosques durante todo el año, lo que requiere la profesionalización y la estabilidad laboral de los equipos de prevención y extinción.
- Consenso Político transversal: Es necesario despolitizar el debate sobre la gestión de incendios. Un acuerdo de Estado entre los principales partidos, basado en la evidencia científica y las recomendaciones de los expertos, es fundamental para superar el ciclo de acusaciones y recortes y garantizar una respuesta coordinada y eficaz frente a una amenaza que afecta al conjunto del país.
Un saludo a todo el mundo