Tras estudiar toda la documentación aportada en mis últimos cinco artículos publicados en este mismo medio, puede aseverarse lo siguiente:
Que la cifra oficial de 7.0 millones de personas fallecidas en el mundo por causa de la COVID-19 en los últimos más de tres años, ni siquiera superaría a la de 8.0 millones que, a una media de 2.5 millones al año, habrán fallecido durante este mismo periodo de tiempo por causa de la neumonía. Y que esta cifra de 7.0 millones de personas fallecidas en el mundo por causa de la COVID-19 en realidad no es más que pura ficción, ya que la misma ha sido creada artificiosamente contabilizando 1) a personas ejecutadas no por el influjo del Sars-Cov-2, sino por el de los protocolos de la muerte en geriátricos y hospitales; y 2) a personas fallecidas por las causas de toda la vida diagnosticadas fraudulentamente como COVID-19 a través falsos positivos en las pruebas PCR, que además de ser inespecíficas e inútiles para diagnosticar esta enfermedad, se estuvieron realizando a umbrales de ciclos de los que resultarían un mínimo de un 97% de falsos positivos para cualesquiera de los virus que se intentasen encontrar.
De manera que, en caso de que la COVID-19 no sea también pura ficción –las dudas son a cada día que pasa más razonables–, ¿a cuanta gente podría haber matado en realidad? ¿A 300.000 personas en todo el mundo durante los más de tres años transcurridos desde su presunta aparición en Wuham y posterior propagación allende sus fronteras?
300 mil personas fallecidas en más tres años es una cifra ridícula. La cifra de 100 mil personas al año debe encontrarse entre los índices de mortalidad por cualquier causa más bajos del mundo. La gripe y la neumonía se llevan consigo a 650 mil y a 2.5 millones, y las enfermedades vinculadas al alcoholismo y al tabaquismo, 3 y 8 millones al año, respectivamente.
Con estos datos en la mano, puede concluirse que la “vacuna” contra la COVID-19 fue y continua siendo innecesaria desde cualquiera de los ángulos que se mire. Suponiendo que fuese eficaz y segura, uno podría considerarla tan necesaria como un chubasquero en el desierto.
Pese a lo mucho que políticos y presuntos periodistas se llenan insisten en hablar de la efectividad de estas “vacunas”, lo cierto es que los números hablan en el sentido diametralmente opuesto.
El problema, como siempre, reside en que la plebe cree ciegamente en la palabra de telepredicadores de tres al cuarto y no se molesta en verificar absolutamente nada de lo que se le dice. Si le ordenan que debe quedarse encerrada en casa y sufrir la pérdida ilegal de derechos tan fundamentales como el de la libre circulación o el del trabajo porque le dicen que un virus asesino se está propagando por cada rincón del planeta, así lo hace e incluso sale diariamente al balcón a aplaudir como una mona amaestrada a las 8 de la tarde. Si se hubiese molestado en documentarse mínimamente, habría concluido que este nuevo virus ni siquiera podía ser más peligroso que el de la gripe de toda la vida.
Las cifras oficiales apuntan que durante el año 2020, con la población mundial todavía sin inocular, murieron 1.8 millones de personas por causa de la COVID-19, y que durante el año 2021, con la población ya inoculada, lo hicieron 4.2 millones. Así que tampoco es necesario ser un gran matemático para saber que 1.8 es menos de la mitad de 4.2 y así concluir que las “vacunas” contra la COVID-19 no solo no son eficaces, sino que más bien parecen ser la causa del problema.
Como estos números no cerraban y, sí o sí, debían cerrar para que a susodichos telepredicadores no se les tirase al cuello la parroquia a la que ellos mismos estuvieron chantajeando, manipulando, engañando y coaccionando de todas las maneras habidas y por haber para que accediese a ser banderilleada una vez tras otra, llegado el 2022 se decidió dar fin a la que los no creyentes, tan acertadamente, denominaban como “plandemia del coronavirus”. Los falsos positivos dejarían de ser utilizados para que cualquier persona que falleciese por cualquier otra causa –de las de siempre o de las ahora ocasionadas por la propia “vacuna”–, pasase a engrosar las cifras oficiales de muertos por COVID.
En España sería nuestra recién nombrada ministra de sanidad, Carolina Darias, la que ejercería el rol de “matador” y diera la estocada final al, a cada día que pasaba, menos aterrador miura de la COVID-19.
“Y un tema muy importante que también hemos abordado es la diferenciación entre hospitalizados “con y “por” COVID. Como saben, hasta ahora los datos que damos son globales, sin distinguir a nivel nacional quienes ingresan “con COVID” y “por COVID”. A partir de ahora ya vamos a implementar un sistema junto con las Comunidades Autónomas, seguiremos dando los datos a nivel global pero estableceremos un apartado en donde especifique los ingresos “por” COVID para tener así una información más adecuada”.
Estas fueron las palabras exactas con las que la Ministra de Sanidad se rió en la cara de todos los españoles. Debe reconocérsele el mérito. Pese al marronazo de estar admitiendo tácitamente que el gobierno le había estado tomando el pelo a la ciudadanía durante más de dos años seguidos, articuló una palabra tras otra sin dar en ningún momento muestra de rubor alguno. No sé a vosotros pero a mí se me hubiera caído la cara de la vergüenza. A Carolina solo le faltó, para evidenciar más si cabía la estafa, puntualizar que cuando dijo “con COVID”, quiso decir “con falsos positivos PCR”.
¿Vieron que fácil?
Para terminar con la plandemia no hicieron falta ni más encierros, ni más mascarillas, ni más “vacunas”; solo se necesitó dejar de contabilizar como muertos “por COVID” a quienes morían por otras causas “con resultados positivos PCR”.
Los protocolos para definir quién moría por causa de la COVID-19 fueron modificados en todos los países del mundo prácticamente al unísono. Y, abracadabra pata de cabra, las cifras de contagios y muertos mundiales por COVID, frenaron en seco su inmediatamente anterior vertiginoso ascenso.
La “vacunación” había sido legitimada en base a una nueva tomadura de pelo que, eso sí, conllevaba la jubilación de la tomadura de pelo anterior. La falacia “las vacunas son efectivas y han terminado con la pandemia”, pasó a ocupar el lugar de la falacia preliminar “los muertos por cualquier causa con positivo PCR son muertos por COVID”.
Lo que desde luego no es ninguna falacia, son los índices de sobre mortalidad que, desde que dio comienzo la inoculación de la “vacuna” contra la COVID-19, se están produciendo en el mundo precisamente en aquellos lugares donde existe un mayor porcentaje de “vacunación”.
Unos índices de sobre mortalidad cuyos motivos, por increíble que pueda resultar decirlo, los telepredicadores de la COVID-19 y sus “vacunas”, no terminan de explicarse.
Y eso que el diputado David de la Hoz, les dio la pista a seguir con sus declaraciones en el parlamento canario al hablar al respecto del exceso de mortalidad en España y Europa en los años 2021 y 2022: “¿Qué hemos hecho en estos años? ¿Qué hemos hecho para que hoy nos preguntemos qué está sucediendo? Y termino si me permite el Sr. Presidente unos segundos, con algunas gráficas pero sobre todo con una noticia del mismo periódico que nos decía hace unos meses: España y Portugal locomotora de la Unión Europea en la vacunación del COVID-19. Y ese mismo periódico ahora nos dice: España y Portugal lideran una mortalidad inesperada en Europa”.
Por su parte, el eurodiputado rumano Cristian Vasile Terhes, también se despacharía a gusto en el parlamento europeo con las siguientes declaraciones: “Ahora, si miras el mapa, que ha publicado Eurostat, no nosotros. Si miras este mapa veras que los países con la tasa de vacunación más alta, tienen ahora mismo la tasa de mortalidad más alta. Entonces, obviamente, nos preguntamos: ¿existe una conexión entre la vacunación y el exceso de mortalidad?”
Pero como no hay más ciego que el que no quiere ver, tampoco fue de esperar que los Federicos Jimenes Los Santos, Anas Rosas Quintanas y Ristos Mejides de este mundo reaccionasen con la debida coherencia a noticias como la de que en la Comunidad Valenciana los ingresos de niños por COVID se quintuplicasen tan solo un mes después del inicio de la campaña de vacunación infantil.
Estas “vacunas” no evitaban que los pacientes “con positivo COVID” desarrollasen la enfermedad grave y tuvieran que ser ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos. Todo lo contrario. Actuaban y todavía actúan como boletos de la más infausta de las loterías. Unos boletos que, de salir premiados, obsequian al afortunado con un trombo, un ataque al corazón, una reacción alérgica severa, o un accidente cerebro vascular entre un sin fin de posibles efectos adversos; los cuales ya fueron enumerados en un interminable listado que la FDA se vio obligada a publicar por orden judicial. Claro que de esto tampoco se ha enterado nadie, ya que mientras los “periodistas” barren bajo la alfombra las excreciones de sus amos, las redes sociales, controladas también por estos últimos, censuran indiscriminadamente a todo aquel que tiene alguna verdad incómoda que contar.
E aquí el mayor problema de estas “vacunas”; el cual no estriba en que sean ineficaces o innecesarias, sino en que son, por decirlo suavemente, inseguras.
Hasta el día 12 de marzo del 2023, en la plataforma OpenVAERS se han recogido 34.653 reportes de muertes causadas por las “vacunas” contra la COVID-19. Y, entre otros muchos reportes, también se han recogido ya los de 18.766 ataques al corazón; 26.584 Miocarditis/pericarditis; y 64.038 discapacidades permanentes.
Solo que a estas cifras hay que añadirles un mínimo de dos ceros en la cola porque el propio OpenVAERS nos informa que ni siquiera se reportan el 1% de los casos totales.
¿Pero cuánto es “ni siquiera e 1% de los casos”? ¿El 0.75, el 0.50, el 0.10, el 0.05% de los casos?
Veamos en que se quedarían las cifras reportadas con cada uno de estos porcentajes:
La cantidad de millones, quizá incluso decenas de millones de personas que habrán fallecido y/o desarrollado enfermedades graves o muy graves como miocarditis o derrames cerebrales, o que habrán quedado discapacitadas permanentemente por causa de haberse inoculado una “vacuna” que ni era efectiva ni necesaria, es interminable.
En la Agencia Europea del Medicamento (EMA) también se recogen reportes de los efectos adversos de la vacuna COVID-19. En el artículo publicado en la plataforma Periodistas por la verdad “Mortalidad general e infantil de las vacunas COVID según los reportes de la EMA 26/12/2021”, muestran los 14.794 reportes de mortalidad relacionados con estas vacunas que la Agencia Europea del Medicamento había estado recopilando desde el inicio de la campaña de vacunación hasta la fecha del 26 de diciembre del 2021. 14.794 reportes fatales que, tal y como sucede en el OpenVaers, no serán más que un porcentaje residual de los reales.
Mientras que estos reportes crecían exponencialmente en sus bases de datos, la inmensa mayoría de políticos, así como de presuntos periodistas e incluso de médicos y demás profesionales de la salud, no solo se afanaban por ignorarlos e incluso ocultarlos, sino que trataban de convencer a todo el mundo de que estas “vacunas” eran efectivas y seguras. Muchos de ellos aun hoy en día continúan llenándose la boca hablando de las muchas vidas que han salvado; una falacia que ya se ha llevado consigo la vida y la salud de muchos millones de personas. Y los que todavía estarán por venir.
Me gustaría haber visto por un agujerito la cara que se les quedaría a todos estos bellacos político-mediáticos cuando durante el pasado mes de octubre se celebró la audiencia COVID en el Parlamento Europeo. Donde la directiva de la Pfizer J. Small, increpada por el eurodiputado holandés Robert Roos, reconoció que cuando sacaron las “vacunas” al mercado no tenían la menor idea de si servirían para frenar la transmisión del virus. Para asombro de todos, admitió abiertamente que lo habían hecho todo deprisa y corriendo y que ni siquiera tuvieron tiempo para probarlas.
¡Ni siquiera las probaron! La directiva de la Pfizer reconoció que experimentaron directamente con aquel porcentaje de la población mundial que accedió a inoculársela tras creer en el fraudulento relato oficial de la pandemia y sus vacunas milagrosas. Unas vacunas que, pese a haber sido improvisadas en apenas un año desde la presunta aparición del virus, resultaba que incluso para los perros guardianes de la verdad oficial –no quiero olvidarme de las Fact-Checkings como en España principalmente lo son “Newtral” y “Maldita”– eran efectivas, seguras y en absoluto experimentales.
Toda un entramado de mentiras que fue hilvanado para conseguir que miles de millones de personas aceptasen jugar a la ruleta rusa con sus vidas y con las de sus hijos de forma voluntaria. Y aunque a día de hoy ya muy pocos accederían a tender su brazo a las BigPharmas, que nadie olvide que para los residentes de los geriátricos el pinchazo todavía continua siendo prácticamente obligatorio.
Mientras, los responsables continúan campando a sus anchas como si nada hubiese pasado.
Me refiero al mismo hatajo de esbirros de las farmacéuticas que tachaba de insolidarios y de malos ciudadanos, incluso de asesinos, a quienes decidieron no inocularse. Hablo de quienes crearon Reales Decretos ilegales –por anticonstitucionales– para discriminar y perseguir como a leprosos a los verdaderos héroes de esta historia: a quienes lucharon contra viento y marea para tratar de protegerse a sí mismos, a sus seres cercanos y queridos, e incluso a completos desconocidos.