Las dos sentencias sobre el caso Dani Alves, confirman que la justicia es interpretativa según los jueces que la imparten, lo que determina que su visión de la vida, de la realidad, su cosmogonía social, condicione las sentencias que dictan. De ahí que resulte determinante su apertura de mente o su cerrazón mental en la comprensión del contexto social, para que sea más factible que se produzca una sentencia u otra. Lo saben bien los abogados que pleitean a diario en los tribunales, o la policía y la benemérita que aguantan para llevar al juzgado el informe final de una investigación de trascendencia social, hasta que un determinado juez o jueza esté de guardia.
Esta capacidad interpretativa de la Ley de jueces y magistrados, es también la que asiste a las personas legas en la materia para criticar las resoluciones que les parecen injustas, conforme a la realidad de la vida que observan. Realidad definida por el aumento de las agresiones sexuales contra las mujeres, contexto que debería haberse tenido en cuenta por los cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña —tres mujeres y un hombre— conocedores de que su resolución, por el alcance mediático del caso, iba a tener un fuerte impacto social. Y a fe que lo ha tenido, cuando da la vuelta a la sentencia anterior de la Audiencia de Barcelona condenatoria para el famoso futbolista. Y más, cuando la resolución se apoya en la prevalencia de la presunción de inocencia del acusado, que cambio su versión hasta en cinco ocasiones, frente al testimonio de la víctima que se mantuvo segura y firme en todo momento sobre la violación sufrida.
Lo que indigna de esta resolución no es la aplicación del principio de nuestra justicia de in dubio pro reo que asiste a todo procesado, sino que lo consideren prevalente sobre la denuncia de la víctima, avalada por testigos e informes médicos, basándose en la duda que les surge sobre la veracidad de su testimonio porque mantuvo con el agresor una relación festiva en los momentos previos a la violación. La gravedad de la resolución es el mensaje que lanza a las mujeres de que congeniar y divertirte con un hombre, que luego puede violarte, es suficiente para dudar sobre si hubo o no consentimiento por parte de la agredida. Es decir; si no se observa de manera pública el No de la víctima, surge la duda de que podría haber dado su consentimiento, ya que la violación se produjo en un lavabo sin testigos. Así, en lugar de dar valor al testimonio de la víctima, que nunca ha variado su versión, se aplica la presunción de inocencia al mentiroso. De este modo se comprende que muchas mujeres prefieran no denunciar los abusos de todo tipo que sufren.
A este hecho sorprendente en el contexto social en el que estamos, se añade el corporativismo de casta desplegado por jueces, magistrados y fiscales, que han salido en tromba a defender su terruño del que califican como ataque de la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, que en la calentura de un mitin criticó la sentencia, con palabras poco afortunadas, para expresar el sentir de una gran parte de la ciudadanía.
Casta judicial que vuelve a sacar la espada porque se critican sus resoluciones, siempre con el argumento de que los temas judiciales solo pueden ser debatidos y criticados por expertos en la materia que, implícitamente, da a entender que el pueblo llano o una Vicepresidenta del Gobierno, no tienen entendederas suficientes para comprender el porqué de sus decisiones. Cierre de filas que ampara a jueces conocidos por todos para hacer de su capa un sayo en sus juzgados, y propala el pernicioso mensaje social de que el gueto judicial es intocable y no puede estar sometido a la crítica, y mucho menos a la recusación de un ciudadano o ciudadana o, incluso, de una Vicepresidenta del Gobierno, por ser legos en la materia.
¡A ver si de una vez!, el Gobierno aprueba el anunciado plan de regeneración del acceso a la carrera judicial y de reforma del procedimiento judicial, que acabe con el coto cerrado del mundo judicial y el poder omnímodo del que gozan, que profundiza en la ciudadanía la idea e imagen de una justicia injusta sujeta a intereses espurios de la ralea judicial.