Nos equivocamos la ciudadanía si aceptamos que los que dicen ser nuestros representantes, incumplan su cometido una y otra vez. La renovación del CGPJ es solo uno de los muchos ejemplos.
Este procedimiento es obligatorio por ley cada lustro y en ningún caso se contempla que las discrepancias políticas puedan impedir que se produzca. Ni unos, ni otros, ni los que están por venir tienen autoridad para entorpecer un proceso fundamental que afecta al máximo órgano de los jueces y por tanto, al buen funcionamiento del estado de derecho. De igual forma, es inadmisible que los magistrados asuman esta situación con un absurdo discurso en el que se tratan de eludir responsabilidades. En definitiva, se está estableciendo como algo factible que el poder legislativo no cumpla las leyes.
Siendo este el antecedente, ahí va la posible solución. La insaculación, era el procedimiento mediante el cual se elegía a los jueces y otros servidores públicos en la antigua Atenas. Como de su nombre se puede intuir, se introducían en una bolsa o “saquito”, unas bolas con los nombres de todas aquellas personas capacitadas para ocupar los puestos a elegir y que quisieran participar en la elección. Una mano, si no inocente al menos honesta, extrae tantas bolas como puestos hay en disputa y voilá.
Las ventajas son evidentes: los criterios para estar entre los candidatos son objetivos y de mérito; todos los que quieran pueden estar sin discriminación posible; el resultado es aceptado sin matices; se suprimen expectativas y promesas y no hay opción a la paralización del proceso.
Sin embargo, en el caso del que hablamos existe un importante inconveniente: al resultar imposible que los políticos lleguen a un acuerdo sobre la honestidad de quién saca las bolas del “saquito”, este procedimiento no es factible en el estado español. O sea, lo de siempre. Pa qué meterse en fregaos. Al final, la democracia ateniense y todo lo que supuso, igual no era para tanto.