En una sociedad democrática, hay que prestar atención a los miedos, las inquietudes y los temores, que pueden tener amplias capas de la población. Es la manera de poder anticiparse y actuar para mitigarlos.
Desde hace varios años, los medios de comunicación hacen referencia a numerosas actuaciones delictivas de grupos de jóvenes que cometen robos violentos y agresiones en zonas cada vez más amplias de las grandes ciudades. Agresiones grupales que han llegado al asesinato.
Así, desgraciadamente, hemos podido leer estos titulares: “Matan a un joven de una paliza en A Coruña”; “Daños irreversibles en el joven que sufrió la brutal paliza en Amorebieta: no saldrá del coma”; “Un grupo de jóvenes roba, agrede y obliga a besar el suelo a un chico de 20 años en el metro de Madrid”; “Detienen a 7 menores por agredir y robar a dos jóvenes en Murcia”; “Detenidos siete jóvenes en Alicante por robar y pegar una paliza a un extranjero”;“Detienen a cuatro jóvenes por robar a un grupo de turistas en Manacor”
Ante ese fenómeno, y aunque España es uno de los países más seguros del mundo, hay que ser conscientes de la tendencia al alza de estos robos violentos y de estas agresiones brutales. Hay que ser conscientes de que están generando alarma social y es necesario erradicarlas cuanto antes. Porque en democracia el ciudadano confía al Estado su seguridad.
Muchos jóvenes y sus familias tienen miedo. Pero también, muchas personas mayores se sienten inseguras; hay zonas en nuestras ciudades, como parques y portales, “okupados” por pandillas que roban e intimidan con la ayuda de sus perros peligrosos; muchas mujeres, y también hombres, temen sufrir agresiones o robos cuando practican deporte por las calles.
La propia policía, en algunas ciudades, recomienda no transitar por determinadas zonas a horas concretas; los carteristas hacen su agosto todos los días del año en las zonas céntricas; pararse en un semáforo, en cada vez más zonas, es un ejercicio peligroso, porque hay grupos que aprovechan para intentar abrirte el coche, especialmente si está ocupado solo por una conductora; la delincuencia se adueña de los pueblos pequeños, y roba casas sistemáticamente ante la falta de efectivo policiales; los robos de móviles, tirones de bolso y tirones de cadenas de oro se intensifican, etc, etc, etc.
Hay un problema, que debe resolverse pronto si no se quiere dar rienda suelta al odio y la persecución. Debe resolverse pronto, porque si no se provocará una ruptura del vínculo permanente que es obligado que exista entre la seguridad de las personas y la convivencia democrática.
Hay un problema de multirreincidencia, que genera impotencia en los ciudadanos y en la policía. Unos ven como les roban, los policías los detienen, y al rato salen de las comisarias para volver a robar. Además de ser un caldo de cultivo fácil para los populismos.
Y aquí, hay que exigir más a los jueces, porque muchos ciudadanos se preguntan que están haciendo. Con las leyes que ahora tienen en su mano pueden hacer mucho más. Y hay que decir, con claridad, que es su deber democrático implicarse más.
Una democracia, no puede permitir el robo como modo de vida o profesión, sea quien sea quien lo haga. Una democracia no puede permitir la violencia y la brutalidad de grupos de jóvenes en las calles.
Una democracia debe contar con elementos legislativos para acabar con la multirreincidencia. Es decir, el Estado debe garantizar los derechos particularmente afectados por conductas violentas o delictivas, cuya prevención y control es el objetivo de las políticas sobre seguridad ciudadana.
Pero en el siglo XXI, cuando hablamos de seguridad no podemos limitarnos a la lucha contra la delincuencia, sino que estamos hablando de cómo crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas.
Por ello, el concepto de seguridad debe poner mayor énfasis en el desarrollo de las labores de prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad, que en tareas meramente represivas o reactivas ante hechos consumados.
Pero poner mayor énfasis, no significa descuidar las segundas. Ya que la actividad de la fuerza pública legítimamente orientada a la protección de la seguridad ciudadana es esencial en la consecución del bien común en una sociedad democrática.
No ser conscientes del problema generará más sensación de inseguridad y será un caldo de cultivo fácil para que aumente el apoyo a fuerzas políticas populista. Estamos a tiempo de evitar más inseguridad y más apoyo a esas fuerzas populistas.