El año está transcurriendo con la celebración de eventos de extraordinario calado político. Uno de ellos ha sido la 54ª reunión del Foro Económico Mundial, también llamado Foro de Davos. Otro, el famoso encuentro del G7 o grupo de los siete países con peso político, económico y militar, global. Y el último, el Club Bilderberg, formado por un grupo reducido de personas consideradas las más influyentes del mundo.
En estos círculos de poder encontramos las familias más ricas de nuestro planeta, miembros de casas reales, “filántropos” como Bill Gates, grandes lobbies americanos y europeos, que gracias a su poder y control de los medios de información pretenden manejar el destino de la humanidad a su antojo.
Este grupo de personas que en su mayoría ni conocemos ni hemos votado en la práctica se constituyen así mismos como la nueva gobernanza global. Desde sus exclusivos jets, sus selectas partidas de golf y cenáculos privados suelen “pronosticar” los problemas que asolan a la humanidad y, como buenos manipuladores de masas que son, también proponen las “soluciones”. De este contubernio y gracias a los gobiernos títere de la UE surge la Agenda 2030, un documento de 17 objetivos aparentemente de desarrollo “sostenible” que, para captar sus verdaderos fines, hemos de aprender a leer al revés. Objetivos que, de no analizar su verdadero trasfondo, todo el mundo estaría de acuerdo, como es el caso de querer acabar con el hambre en el mundo. Lo cierto es que nos encontramos ante un documento elaborado por los mejores equipos de márquetin y publicidad que a primera vista es incontestable, pero que lamentablemente no es más que el aparador que esconde tras de sí los viles intereses de los grandes lobbies armamentísticos, farmacéuticos, energéticos, tecnológicos, etc.
Como rechazo a los verdaderos objetivos de estas élites enmascarados en la Agenda 2030 ha surgido una candidatura española para las europeas que rompe las viejas etiquetas: Iustitia Europa. Se trata de un movimiento ciudadano que, a diferencia del resto, no incorpora en sus listas ningún político profesional, tema que para ellos es un hecho diferencial, pues rechazan las subvenciones a las que como partido pueden acceder y solo aceptan las donaciones provenientes de las personas que apoyan sus ideas.
Este grupo, que ya ha vivido la censura de la Junta Electoral de Barcelona es el único partido en España que defiende apasionadamente las terapias naturales y que ha asumido el compromiso de defender su dignidad luchando por su regulación en el Parlamento Europeo. De incluirse las terapias naturales en el sistema sanitario se reducirían de forma estratosférica los gastos que actualmente el Estado y las CA (Comunidades Autónomas) dedican a la compra de medicamentos y, dicho de paso, se aliviaría la salud de los usuarios de la Seguridad Social, hoy con multitud de dolencias derivadas en buena parte por la toma excesiva de medicación.
Una reivindicación que incluyen y que nos parece esencial es trabajar para que sea reconocido a nivel europeo el derecho a poder elegir si nos queremos tratar con medicina convencional, o bien con medicina natural, y qué remedios queremos o no tomar: un derecho que, aunque mucha gente no lo sepa, ya se recoge en la Ley de Autonomía del Paciente (Ley 41/2002), pero del que se habla poco y que claramente se vulneró durante la pandemia. España, a diferencia de otros socios Europeos, es uno de los países más reticentes en el reconocimiento de las terapias naturales. El desprestigio y criminalización de todo lo que no sea el concepto de medicina única viene de lejos, por ello nos viene bien recordar que en la etapa de los ministros del PSOE Pedro Duque y María Luisa Carcedo, gracias al apoyo político del partido Ciudadanos y al de los gobiernos autonómicos de todos los gustos y colores, se destinaron importantes sumas de dinero público para llevar a cabo una campaña que calificaba a las terapias naturales de pseudoterapias y las consideraba intrusismo profesional, estigma negativo que procuran repetir, aunque sea de manera subliminal, la mayoría de los comunicadores aprovechando su presencia en las grandes plataformas mediáticas y canales públicos.
El concepto de medicina única claramente se puso de manifiesto durante la etapa Covid, cuando el gobierno español y todas las CA optaron por coaccionar a la población a vacunarse. Personas que se vacunaron para obtener el “passcovid” para poder trabajar, viajar, ir a un restaurante, etc., y que a día de hoy padecen efectos adversos o sufren por la desaparición de un ser querido, tienen que escuchar al exministro de sanidad afirmando que los que se vacunaron lo hicieron porque quisieron. Por ello nos parece especialmente interesante la demanda interpuesta por la candidatura Iustitia Europa para exigir, de parte de las empresas farmacéuticas, un fondo económico de 27 mil millones de euros dedicado a las afectadas y afectados por las vacunas Covid-19, cuantía proporcional a los miles de millones de dosis que se han desperdiciado y que los ciudadanos europeos estamos pagando a través de la deuda pública y los préstamos reembolsables de los fondos europeos.
Ante la conculcación de derechos y libertades vivida durante la pandemia Covid-19, consideramos que, en beneficio de la sociedad en su conjunto y de la propia democracia, es de interés luchar por apoyar un movimiento que defiende el derecho a la libre vacunación, lo que significa llanamente que quien se quiera vacunar lo haga y quien no que sea respetado en su decisión, sin que las autoridades sanitarias y los medios de comunicación, lo estigmaticen o discriminen como ha sucedido en los últimos tiempos con los no vacunados de la Covid.
Además de la defensa de las terapias naturales, Iustitia Europa se presenta como una opción netamente pacifista que, a la vez que defiende la paz, denuncia el negocio de la guerra y con ello la política belicista de la OTAN. Deberíamos poder elegir qué Europa queremos: la Europa de los derechos humanos y de la paz, o bien la Europa de la pérdida de libertades que, casi sin que nos demos cuenta, nos está arrastrando a la guerra. Una guerra que, además del endeudamiento público que conlleva para la economía de los países que participan en ella, puede colocarnos en un escenario de imprevisibles consecuencias para nuestra supervivencia. Mientras la partitocracia española se rinde ante las exigencias de Ursula von der Leyen y de la OTAN, siempre al servicio de los lobbies americanos, la candidatura Iustitia Europa acaba de denunciar al presidente del gobierno español por desviar de los presupuestos públicos más de 1.000 millones de euros para la guerra de Ucrania, dinero que ensucia nuestras manos de sangre y que hemos de recordar, se suma al endeudamiento que arrastra España.
El fundador y presidente de Iustitia Europa es Luís María Pardo, abogado en ejercicio experto en derecho internacional y administrativo. Actualmente, Pardo es uno de los mayores exponentes en la abogacía española contra la restricción de los derechos fundamentales en Europa desde 2020, con notables éxitos judiciales y administrativos en Tribunales y Juzgados, como la supresión del passcovid en Aragón. Pardo, además, es guardia civil en excedencia y analista militar. En la entrevista adjunta(1) Pardo cuenta que en 1998 y 1999, sirviendo en la Armada Española, le tocó estar en la guerra de Kosovo, experiencia por la que pudo conocer en primera persona lo que él denomina “el negocio de la muerte”. Según Pardo, pacifista y defensor de los derechos humanos y libertades, Europa no se puede construir sobre las cenizas de la guerra, sino únicamente sobre los cimientos de la paz. Para él es impensable que la UE no haya activado una mesa diplomática para poder sentar a las partes, en lugar de involucrarnos en una guerra que no nos viene ni nos va y que claramente beneficia a los grupos de presión armamentísticos, al igual que la pandemia benefició a los lobbies farmacéuticos, a las empresas de mascarillas, batas, hidrogeles y demás.
En la candidatura electoral de Iustitia Europa también encontramos el presidente de Cofenat (Asociación de profesionales y autónomos de las terapias naturales) y otros profesionales, destacando el protagonismo que en la misma tienen los representantes del mundo rural. Tanto la agricultura como la ganadería española han ido viendo restringida de forma progresiva su actividad debido a las directivas actuales de Bruselas en favor de otros países como Marruecos, políticas que han puesto en riesgo nuestra soberanía alimentaria: de no cambiar las directrices europeas nuestro alimento cada vez dependerá más de otros países.
Para quien lo desee, y a diferencia de otros partidos, Iustitia Europa, como muestra de transparencia y buena fe, ofrece su contrato electoral. Encontraréis más información detallada aquí: https://iustitiaeuropa.es/contrato.electoral/
Marta Domènech es redactora de artículos de opinión y autora del libro Súbete al árbol más alto (Autoconocimiento en tiempos de transformación)