Juicio del 'procés': ¿justicia o venganza?

El Estado español, con Felipe VI a la cabeza, va a demostrar al mundo cómo se hacen las cosas en este país: con las tripas. El juicio del procés catalán ya comenzó con una provocación del Tribunal Supremo a los acusados y a todo el independentismo catalán. Muy pocos se dieron cuenta, pero ahí estaba, presidiendo la sala: un retrato de Alfonso XIII, el primer monarca que impidió la aplicación el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Toda una declaración de intenciones, sobre todo por el desapego y los engaños que ese rey hizo a los políticos catalanes de la época. Un detalle importante: Alfonso XIII prometió a Cambó que hablaría en catalán cuando visitara Barcelona, promesa que rompió. Algo muy propio de la dinastía borbónica. Sólo hubiera faltado que al lado del bisabuelo del actual Borbón hubiesen colocado a Felipe V.El juicio del procés nace tan viciado como el ambiente que se respira en el Tribunal Supremo. Diario16 ha publicado ya las causas por las que el procedimiento es nulo y no debería haber llegado a juicio. Sin embargo, todo indica que, por mucho que los abogados de los acusados presenten argumentos jurídicos incuestionables, la sentencia ya está dictada. A mi parecer, eso no es justicia, es venganza.La venganza lleva consigo la crueldad y la injusticia. No existen vindicaciones justas porque siempre hay víctimas y, en este caso, por más que las acusaciones pretendan ocultar la verdadera realidad que se esconde en esta causa judicial detrás de la mampara de que lo que se está juzgando son hechos y no un movimiento político. Este argumento esconde demasiadas falsedades impropias de los representantes del Estado. La realidad es el Estado está pretendiendo acabar con el movimiento independentista catalán a través del tercer poder, ejemplarizar para evitar un nuevo desafío.Sin embargo, como decía la tercera ley de Newton, «para cada acción existe una reacción igual y opuesta» y lo que realmente se está consiguiendo es el fortalecimiento del independentismo.La venganza del Estado hacia los políticos catalanes está encima de la mesa y el aparato está pretendiendo dar una apariencia legal a lo que, en realidad, es otra cosa. En este periódico publiqué hace unos meses un análisis en el que se comparaban las penas que se están pidiendo para los representantes del pueblo catalán que están siendo juzgados con las que cumplieron los golpistas del 23F.Un golpe de Estado es la toma del poder político de un modo repentino y violento, por parte de un grupo de poder, vulnerando las normas legales de sucesión en el poder vigente con anterioridad. Se distingue de los conceptos de revuelta, motín, rebelión, revolución o guerra civil. Usualmente estos términos se utilizan con poca propiedad o con intenciones propagandísticas, y en el transcurso de los hechos y procesos históricos se suelen combinar entre sí.Nada de esto ocurrió en Cataluña aquel 1 de octubre en el que los catalanes sólo pretendían votar. No existió más violencia que la aplicada por el propio Estado español con las vergonzosas imágenes de la policía cargando contra ciudadanos pacíficos en las puertas de los colegios electorales. No hubo intención de tomar el poder político puesto que los líderes del referéndum habían sido elegidos democráticamente en las elecciones de 2.015. No se produjo ninguna revolución porque los centros vitales no fueron tomados por nadie.A pesar de todo lo anterior, la Fiscalía está pidiendo para los políticos catalanes penas de 25 años de prisión.Por tanto, nos hallamos en un momento histórico en el que se está perpetrando una venganza por parte del Estado hacia los políticos catalanes encarcelados y acusados. Eso no es justicia, es otra cosa, y la ejemplarización judicial siempre ha traído consecuencias funestas para España, sobre todo cuando lo que se pretende es cauterizar un movimiento popular. Lo ocurrido aquel día 1 de octubre y las reivindicaciones políticas del independentismo no pueden ser resueltos a través de una resolución judicial. Los problemas políticos deben resolverse a través de la política, del consenso, del diálogo y del acuerdo, jamás desde los órganos del tercer poder que, por otro lado, están más predispuestos a la condena y la venganza que a impartir justicia.