Mientras los líderes mundiales celebran en Egipto otra nueva cumbre sobre el clima, Conferencia de las Partes o COP 27, en España se reabre el debate entre la ciencia y los negacionistas climáticos que dirigen partidos de masas. A la vez que en la COP se negocian acuerdos vinculantes entre estados para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la verdadera líder del Partido Popular cuestiona en la Asamblea de Madrid incluso que exista una emergencia climática. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, explica que la “izquierda” confunde "cambio y emergencia" climática para imponer nuevas formas de consumo que "empobrecen" a la sociedad, identificando una "gran estafa" que responde a 'lobbies' globalistas. Y entonces las televisiones ponen a la misma altura a científicos con imbéciles climáticos como Esperanza Aguirre, que replican el negacionismo conspiranoico de nueva lideresa.
En una sesión institucional, en la Asamblea de Madrid, la imbecilidad climática encuentra los altavoces para eliminar años de consensos políticos. Se anula que en 1972 se celebró en Estocolmo la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, la primera en tratar los problemas medioambientales, que sirvió que los países tomaran conciencia del deterioro ambiental causado por las actividades humanas y el impacto de los problemas medioambientales en todas las personas. Se olvida el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) de 1972 para coordinar los esfuerzos de los países en favor del medioambiente y del desarrollo sostenible. Se oculta el Protocolo de Montreal de 1987 que prohibía las emisiones de cientos de gases que destruyen la capa de ozono. Se invisibiliza la Cumbre para la Tierra de 1992 celebrada en Río de Janeiro, en la que se acordó la agenda 21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible, acordando diversos convenios sobre el cambio climático, la biodiversidad o la conservación de los bosques. Desaparece el Protocolo de Kyoto de 1997, que tomaba como base la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático de 1992 y pretendía lograr el desarrollo sostenible cumpliendo compromisos cuantificados de limitación y reducción de emisiones. No existen los Objetivos de Desarrollo del Milenio del año 2000, con ocho propósitos para garantizar, entre otros aspectos, la sostenibilidad del medioambiente. Se borra el acuerdo de París de 2015, con los objetivos principales de evitar un aumento importante de la temperatura del planeta, limitar los gases de efecto invernadero y crear un fondo de ayuda a los países en desarrollo para que puedan mitigar los efectos del cambio climático. Y se niega la necesidad de la Agenda 2030 de la ONU de 2015. El principio neocon de Ayuso es barrer cualquier acuerdo y alterar la propia realidad.
Calcando los argumentos del antecesor de la imbecilidad política de masas, George W. Bush, Ayuso enarbola el negacionismo climático hasta las últimas consecuencias. La primera guerra por el discurso climático surgió a raíz de las medidas concretas que planteaba el Protocolo de Kyoto. En noviembre de 1998 EEUU firmó el tratado del Protocolo, pero no lo ratificó. En 2001 todavía no se había presentado para su aprobación. A EEUU, bajo el mandato de Bush, le tocaba recortar sus emisiones un 7%. La primera potencia mundial ya generaba el 25% de dióxido de carbono de todo el mundo. El presidente se oponía a ratificar el protocolo por no obligar a las naciones en desarrollo a limitar sus emisiones y por estimar que los costes de las medidas eran superiores a los beneficios. Para él era inaceptable el acuerdo en un momento de recesión (otra vez) de la economía, aunque en la campaña de 2001 prometió, y después incumplió, reducir las emisiones de CO2 en las plantas de generación eléctricas. Argumentó hace veinte años, como hace Ayuso ahora, que no había pruebas científicas que permitieran establecer una relación entre el calentamiento global y las emisiones de gases de efecto invernadero. Ese año ya un informe de la Academia Nacional de Ciencias indicó que la temperatura global estaba aumentando y que la actividad humana era un factor fundamental en el proceso. Pese a la evidencia científica, el Senado tumbó la ratificación del tratado.
La posición de la Administración Bush se vio legitimada por algunos grupos científicos con investigaciones financiadas por industriales norteamericanos que estaban en contra de cualquier medida para la reducción de emisiones. Uno de los científicos que introdujo el argumento de la duda fue Richard S. Lindzen, profesor de meteorología el MIT y miembro del Panel sobre el Cambio Climático de la Academia Nacional de las Ciencias de EEUU. Interpretaba, como la Presidenta madrileña, que no se puede inferir que el dióxido de carbono sea el responsable del cambio climático, por lo que no se pueden desarrollar políticas basadas en esa suposición porque el clima siempre está cambiando. Esta opinión marginal fue defendida entonces por el Instituto Cato, el laboratorio de ideas neoliberal en el que colaboran ahora economistas de cabecera del Partido Popular, y de La Sexta, como Daniel Lacalle o Juan Ramón Rallo. En el 2000 el académico ambiental de este think tank, Patrick J. Michales, publicó el libro Los gases satánicos con conclusiones similares a las de Lindzen, aderezadas con la creencia de que el Protocolo de Kyoto era un arma de Europa para destruir la economía norteamericana. El germen conspiranoico estaba creciendo de la mano de los grupos de presión neoliberales.
La conspiración actual es que la emergencia climática es “comunista” y el nuevo espantajo que sustituye la Protocolo de Kyoto para que los negacionistas con intereses señalen con el dedo es la Agenda 2030 del “consenso progre”. La Agenda satánica es invocada por neoliberales y ultraderechistas como el nuevo foco del mal, de todos los males económicos. Y eso que, aunque en la agenda aparece claramente el concepto de universalidad de los objetivos, no genera responsabilidades. Prima la voluntariedad. En la Agenda se especifica que el compromiso de los objetivos será voluntario por cada estado, aplicándolo según considere. Ya en 2017 un informe de la Federación de Plataformas de ONG de Desarrollo Europea (Condord) reflejaba que el 70% de los países europeos no tenían ni la organización ni los procesos definidos para llevar a cabo la agenda y sólo un 18% disponían de espacios específicos de participación de la sociedad civil. Después de una pandemia mundial que ha desdibujado los objetivos y en mitad de una guerra y una espiral inflacionista mundial, la situación no parece mucho más esperanzadora. Según el índice ODS elaborado por REDS en 2017, España ocupaba el puesto 23 de 34 de la OCDE en nivel de cumplimiento, destacando negativamente tras los gobiernos de Rajoy la disminución de la ayuda oficial al desarrollo, las emisiones de gases de efecto invernadero y la falta de estrategia activa de protección del océano. Y pese a estas condiciones, un gobierno de coalición con un Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha conseguido subir a España al puesto 20 sin ser siquiera capaz de comunicarlo ni explicarlo.
Estos objetivos de desarrollo sostenible sólo pueden tomarse como un principio para armarlos con más políticas sociales y de desarrollo, pero no está en la propia agenda de las naciones ni después de una pandemia global. Es una agenda muy contradictoria en objetivos, como reducción de asentamientos urbanos, reducción del cambio climático, reducción de desigualdades y protección de los océanos que no se está explicando a la opinión pública. No hay capacidad coercitiva en la ONU para que se cumpla la agenda. No se tiene en cuenta una fiscalidad mundial, siendo innegociable para un sistema neoliberal. Es imprescindible formar e informar a la sociedad civil no ya para organizarse y llegar más allá de lo que plantean los ODS, sino para poder librar la batalla de las ideas contra los think tanks neoliberales y sus medios de comunicación que impiden a las mayorías sociales mirar hacia arriba. Han pasado cincuenta años desde la Conferencia de Estocolmo. El planeta no soporta otros cincuenta años vendiendo humo.