El hecho de que más setecientas mil personas hayan apoyado con su firma la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), para otorgar la nacionalidad española a alrededor de quinientos mil inmigrantes que trabajan en nuestro país sin papeles ni derechos sociales, demuestra que la ciudadanía no asume ni acepta la paralización de la acción política, y toma la iniciativa para que se solventen los problemas que afectan al día a día de las personas. Acción que los principales actores políticos deben tomarse como un tirón de orejas para que no se pierdan en el ¡y tú más!, enredados con asuntos que no interesan, porque no resuelven los problemas de las personas. Según el último CIS sobre las preocupaciones de los españoles, la amnistía ocupa el puesto veinticuatro.
Actores políticos que aprobaron por mayoría —excepto la ultraderecha de Vox— la tramitación parlamentaria de una propuesta que certifica que la ciudadanía no está dormida, sino alerta, y quiere soluciones para los problemas reales que le aprietan el zapato impidiéndoles progresar; y no los ficticios y espurios que intentan hacernos creer convocando manifestaciones y escraches contra el enemigo político, con mensajes apocalípticos sobre la destrucción de la democracia o la ruptura de España, que estimulan las pasiones irracionales.
Esta ILP, no es la única llamada de atención ciudadana a la clase política, obligada a movilizarse ante el abandono y desinterés de las instituciones —central, autonómica y local—, por la falta de vivienda pública a precios asequibles, para alquilar o comprar, que durante décadas vienen denunciando las ONG. Problema que desprecian los gobiernos de no pocas autonomías y municipios que venden edificios completos a fondos buitre, sabedores de que su negocio es subir el precio del alquiler a los inquilinos o desahuciar a los que no tienen capacidad económica para asumir las subidas; para revalorizar su precio y tensionar el mercado inmobiliario que, interesadamente, calientan. Negocio alentado con descaro y corazón de hielo por gestores públicos que vulnera el derecho constitucional de todo español a una vivienda digna que se saltan a la torera reduciendo, al mínimo o a la nada, la construcción de vivienda pública.
O la movilización social obligada de las familias de las 7.192 personas fallecidas en las residencias públicas madrileñas durante la pandemia del COVID, ante la evidencia de que las administraciones concernidas —CAM y Juzgados— no les hacen ni caso, por lo que han tenido que orquestar su propio tribunal de investigación con expertos administrativos, jurídicos y profesionales de la sanidad, para concluir que, al menos, más de 4.000 personas se habrían salvado si no hubieran sido apartadas del tratamiento sanitario al que tenían derecho, por las instrucciones de la vergüenza emitidas por la Consejería de Sanidad de la CAM. Hoy, siguen clamando en el desierto porque quien tiene que escucharlos y reparar el daño y dolor sufrido: no solo sigue haciéndose la sorda, sino que les envía la factura para cubrir el coste del familiar fallecido en la residencia. Ignominia con recochineo propia de la vileza más cruel e inhumana de quien lo ordena.
Que la sociedad española no está muerta ni paralizada por la polarización absurda y malsana de la política oficial, son las constantes denuncias para exigir más medidas y medios contra el feminicidio y el abuso sexual que crece entre jóvenes y adolescentes. Movilizaciones que unidas a las de otros colectivos sociales y profesionales, demuestran que la española no es una sociedad pasiva, sino el eje axial que fortalece y asegura el progreso del sistema democrático al marcar el paso a los políticos sobre lo que es importante y sustancial para los ciudadanos, frente a la mera lucha por el poder en la que están enredados.