Semana entretenida en las redes sociales, con el caso Oltra y la incontinencia verbal y escrita de las jaurías políticas irracionales de sendos bandos y/o “bandas”.
El artículo 24 de nuestra Constitución, encuadrado en el capítulo segundo, “de los derechos y libertades”, sección primera “de los derechos fundamentales y de las libertades públicas”, establece que todos tenemos derecho a utilizar las pruebas pertinentes para la defensa y a la presunción de inocencia. Sobre el papel y dándole una lectura pausada queda bien y suena mejor, hasta que unos y otros, los de las bandas, alentados en unas ocasiones por sus líderes políticos y en otras por el periodismo patrocinado de residuo, lo desvirtúan de tal manera que llevan a los vulnerables a una confusión extrema, acusando sin piedad y sin descanso, tratando de invalidar de forma inmediata las garantías del sistema para una defensa centrada y esclarecedora.
Las manifestaciones furiosas de las bandas políticas y sus adeptos, afiliados o no, hacia el lado de la inocencia o patrocinando la presunción de culpabilidad, configuran tribunales populares, que tratan de primar lo mediático sobre lo jurídico y en ocasiones lo consiguen, de modo que cuando llega la resolución el daño está hecho y puede ser irreparable, porque la absolución no quita del todo “las manchas de tinta”, esas que pueden guiar a un inocente al más absoluto de los ostracismos.
Lo curioso de estos casos, viciados por la falta de escrúpulos políticos y la utilización espuria de falsos victimismos y/o de acusaciones infundadas o indiscriminadas, es que acaban por sentar las bases para el posicionamiento a favor o en contra, de forma que los que promueven el revuelo público de destrucción consiguen sus objetivos, y es precisamente ahí donde hay que poner el foco, trabajando para que el sistema funcione y no se ningunee ni distorsione para intereses particulares.
Durante cinco días hemos leído auténticos despropósitos, a izquierda y derecha, situando la meta en la destrucción política del oponente. Con el fin de obtener rentabilidad de convencimiento electoral son capaces de sacrificar el derecho fundamental a la presunción de inocencia, o a olvidarse por completo de los antecedentes de la historia, de forma que la falta de escrúpulos es tal que hay quien consigue abstraerse por completo de que nos encontramos ante un caso donde una menor resultó abusada, despejando las variables a interés por razón de ventajismo político, ya que si la afiliación fuera otra habría manifestaciones por doquier, lo cual radiografía que las políticas feministas que dicen defender pueden retorcerse sin el mínimo rubor.
Es tal el entramado propagandístico organizado a base de ideología, que la doble moral de la izquierda adquiere una dimensión superior, ya que para defenderse de acusaciones públicas y fuera de sede, van creando nuevas variantes feministas, como la que deja completamente de lado a la víctima de un abuso si hay que poner todo el foco en un compromiso de coalición de gobierno, que parece ser lo que consideran el bien jurídico protegido. O de esa derecha que integran “ilustres políticos” con ego desmedido, que se presentan como constitucionalistas y que no dudan ni un ápice a la hora de quebrar, uno tras otro, los derechos de la carta magna, aparentando una transparencia que no tienen y que adolece de falsedad cuando la ofrecen.
La política española es pura ficción. La partitocracia o poder excesivo de los partidos en el sistema democrático, hace que primen los respectivos intereses de poder y para el poder, sobre el interés general y sobre cualquier derecho que deseen anular. Publican y señalan víctimas donde no las hay, no dudan en manipular para que la verdadera víctima adquiera la condición de presunto delincuente, al que flagelan de inicio, o rizando el rizo, mostrando un total desprecio sobre las víctimas que lo son, en una contradicción insalvable respecto a las políticas que defienden.
En un próximo artículo les contaré un caso que pondrá el dedo en la llaga, en el que un gobierno “de derechas” mató la presunción de inocencia fuera de sede judicial, y, en contra de cualquier indicio de responsabilidad criminal generó la confusión señalando como abusador a quien en realidad era la víctima. Un gobierno que de la mano de alguien que ostenta mucho poder, que ejerce incluso desde fuera del foco mediático, promocionó y facilitó la imputación pública a través de los medios, y ello, mientras “las izquierdas” y sus políticas feministas sin contraste aplaudían y “retuiteaban”, en una torpeza infinita pero aprovechando corrientes para sus objetivos de adhesión, de modo que los dos bandos se retroalimentaron entonces, estafando a la verdad, y lo harán cada día si les permitimos que continúen con esta actividad política de mentiras, manipulación, acosos y destrucción.