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La encuesta de Suárez y la investidura de Sánchez, o no (1 de 2)

16 de Agosto de 2023
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Hay hechos repetidamente olvidadizos porque su recuerdo destapa siempre decisiones inconfesables, o confesadas, pero cuando el daño que causaron ya no tenía arreglo.

Es como si nacieran marcados por una impertinencia cuyos efectos en diferido implican, además, una violación del derecho al conocimiento veraz del pasado* que impide a las siguientes generaciones construir el futuro en base a lo que de verdad ocurrió y no a lo que se van inventando los que mandan para que no se descubran sus trampas.

Suele tratarse de hechos que, en el momento de producirse, ocultaron de manera interesada sus propios autores, los de las grandes mentiras o las amenazas más o menos veladas y que, salvo esas minorías intrigantes y maniobreras, nada conocía el resto de la sociedad.

Y después, cuando por fin afloran las maldades de nuestro pasado, aparecen rápidamente dos grupos de defensores de lo establecido con el argumento de que “llevamos el periodo más largo de paz de toda nuestra historia”, una frase cargada de miedo a nosotros mismos y con la que consiguen que a millones de personas les parezca que están construyendo en sus cabezas, y por sí mismas, la falacia de que si hubiéramos conocido la verdad nos habríamos vuelto a matar.

Y es que no hay estrategia política más eficaz, pero también más cruel e interesada, que la de hacer que parezca que las falsedades que quieren convertir en lugares comunes de una sociedad parezca que han sido creadas por sus propios miembros. Ese imaginario colectivo que tantas veces ha sido envenenado desde el poder a lo largo de la historia. Un poder formado, en muchas ocasiones, por personas elegidas por la propia sociedad. Para mayor escarnio.

(Solo para reducir este peligro una exigente limitación de mandatos en la ley electoral merecería la pena, permítame que haya abierto paréntesis para meter la promoción de esta reforma, le prometo que no me pagan, aunque algunos, si pudieran, me “pegarían”, cariñosamente, por supuesto).

Salen a la palestra, por una parte, quienes nos recuerdan al instante, pues de esta simpleza sí que nunca se olvidan, que “agua pasada no mueve molino”, como si las personas no fuéramos más que agua o molinos. O sea, cosas. 

Y también aparecen quienes se atreven a negar los hechos aflorados, y con mayor virulencia si pueden aprovechar que sus protagonistas han fallecido sin dejar sus pasados por escrito para, al menos, morir pensando que sus almas no arderán siempre en el infierno por haber mentido tanto durante sus vidas.

Ambos grupos de cuestionadores de la historia, o mejor tergiversadores para llamarles por el nombre de sus intenciones, reciben siempre una ayuda impagable de unos gobiernos que, con argumentos tan democráticos como la muy franquista y vigente Ley de Secretos Oficiales (1968) se dedican 99 días de cada 100 a conservar la herencia viva del peor pasado, en lugar de legislar para deshacer los nudos que nos siguen atando.  

Todos sabemos, porque salió por la tele en noviembre de 2016, pero todos olvidamos a los diez minutos cada vez que alguien lo recuerda, que en 1995, es decir, 19 años después de que perpetrara lo que se disponía a confesar, y también otros 19 antes de fallecer, Adolfo Suárez tapó el micrófono con la mano para que no quedara grabada la confesión que decidió hacer a Victoria Prego, aunque esa ocultación sí le salió mal y usted mismo puede comprobarlo escuchando lo que aparecerá en su pantalla si escribe en el buscador las palabras “Suárez Prego encuesta”.

Por si no le funciona la pantalla, lo que Suárez le confesó a Prego fue que, tras ser nombrado presidente por Juan Carlos I y, a la vista de que Felipe González no dejaba de intrigar para que otros países europeos exigieran la celebración de un referéndum sobre monarquía o república, lo que hizo fue encargar unas encuestas sobre la forma de Estado y, “como perdíamos”, decidió incluir al rey en el texto de la Ley para la Reforma Política  que se sometió a referéndum a finales de 1976 y, aprovechando que tenía la sartén por el mango, ordenó a los famosos constitucionalistas de 1978 que aquello eran lentejas y que “o las tomas o las dejas”, pero todas.

(Conviene abrir otro paréntesis para recordar que esa sartén no la habría tenido agarrada solo Suárez si González, en lugar de presumir en Europa, hubiera reclamado ese referéndum en España, el país donde tendría que haberse celebrado, pero claro, esa decisión le obligaba a implicarse en la “ruptura democrática”, una consigna que le habría atado las manos a democracia de verdad o seguir perdiendo contra la UCD, que era algo tan difícil de aguantar como no ganar al estilo de 1982).

Cerrado el paréntesis, debemos regresar al título para preguntarnos, ¿a qué viene mezclar la encuesta de Suárez con la investidura de Sánchez?

Las casualidades de la vida han querido que se produzca una coincidencia temporal entre un recuerdo y una actualidad.

Por eso mismo, y como esta semana los 350 escaños del Congreso están decidiendo sus organigramas, los dejaremos tranquilos.

Quién sabe si después, o mientras, nuevas coincidencias inocentes nos proporcionarán la respuesta.

Pase lo que pase, habrá de esto, como mínimo, otra entrega, de rabiosa actualidad en explosiva mezcla con un pasado que nos quieren seguir ocultando porque les da la Real gana. ¿Los 350 sin ninguna excepción? ¿O sólo los que mandan?

Continuará…

*Reconozco que me he inventado lo del “conocimiento veraz del pasado” como un derecho que, así escrito, exista. Lo que se le aproxima más es el texto del artículo 20 de la Constitución, que recoge el derecho “a comunicar y recibir libremente información veraz”, lo que creo que me concede razón bastante al no incluir fecha de caducidad alguna en los hechos veraces que deseen conocerse, pero también es cierto que en el Reino de España sigue habiendo quien defiende que el bombardeo de Guernica no fue cosa de aquella aviación nazi que tan decisivamente ayudó a los golpistas del 18 de julio en sus matanzas de los españoles que no les gustaban y, que sepamos, durante los últimos casi 90 años aún podemos contar muchas más personas, entre vivas y muertas, que fueron condenadas por defender la verdad que las que lo hayan sido por imponer las mentiras de los franquistas y sus sucesores. A estas ni siquiera las inhabilitaron para seguir haciendo política y cobrando del erario.

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