La actuación de las autoridades judiciales y policiales españolas está comenzando a pagar un precio carísimo en términos de cooperación y credibilidad ante la comunidad internacional, particularmente en el contexto de su gestión del independentismo catalán. Este descrédito se observa en episodios recientes como él la petición a Interpol de la búsqueda de figuras prominentes del independentismo catalán, en este caso, Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg, que no han sido «localizados» en Francia o Suiza para declarar como investigados en el caso Tsunami Democràtic.
La Magistrada Susana Polo del Tribunal Supremo, quien lidera la investigación, citó Puigdemont y a Wagensberg para que declarasen por videoconferencia como investigados por el caso TsunamiDemocràtic entre el 17 y 21 de junio, poco más de un mes después de los comicios catalanes del 12 de mayo.
Este miércoles, ha trascendido el oficio de la Policía Nacional, fechado el 7 de mayo, en el que el Grupo 1 de la Oficina Central Nacional Interpol España comunica a la magistrada el resultado de su encargo. Tras una petición de colaboración a Interpol y las autoridades de Francia y Suiza, las autoridades policiales francesas y suizas no han podido determinar la ubicación de Puigdemont ni de Wagensberg en Francia o Suiza.
¡Qué fuerte!
Bueno, pero, ¿se acuerdan de que García Castellón, hace tres días, ha negado información sobre la policía patriótica a una jueza andorrana? Pues nos pagan con la misma moneda. Y el problema es que, a partir de ahora, continuarán pagándonos igual.
Esta petición, además, se produce en un contexto delicado, es una citación tras las elecciones catalanas del 12 de mayo y emitida en medio de la campaña electoral para la presidencia de la Generalitat, a la cual Puigdemont se presenta como candidato por Junts.
Cada día las televisiones se conectan con Argelès-sur-Mer en Francia, donde Puigdemont realiza dos mitines de campaña diarios, además de atender a la prensa y a los organismos internacionales. No se ha escondido un minuto; ha realizado actividades de campaña, y ha hecho públicas declaraciones desde esta población que muestran su actividad política continua.
Desde que fue destituido en octubre de 2017 bajo el artículo 155 de la ConstituciónEspañola tras el referéndum del 1 de octubre, Puigdemont ha residido en Bélgica, y más recientemente cerca de Perpiñán, Francia, por la campaña electoral. El disgusto de los organismos internacionales como Interpol es claro. No quieren ser manipulados en asuntos políticos que han acabado judicializados. Y especialmente en casos que tocan derechos fundamentales como la libertad de expresión. Y es que todo el mundo, salvo España, plantea interrogantes sobre la proporcionalidad y la motivación política detrás de estas acciones judiciales.
Internacionalmente, estas prácticas de las que los jueces españoles son cómplices, han sido percibidas, incluso por otros jueces, como una manipulación de la ley y una invención de delitos, lo que eventualmente erosiona la imagen de la judicatura y la policía españolas ante los ojos de la justicia internacional.
Y es que España, por mucho que se autoengañe, no tiene las patentes de corso que tienen Estados Unidos, Rusia, China o Israel.