La ley del “Sólo Sí es Sí” exige la dimisión de Irene Montero. El seísmo político y social es máximo. La nueva norma aprobada a instancias del Ministerio de Igualdad está dando lugar a un aluvión de rebajas de condena a favor de muchos agresores sexuales.
No obstante, la ministra no hace autocrítica. Más bien todo lo contrario: tilda a los jueces y magistrados de “machistas”, asegurando que el problema no radica en la ley sino en la interpretación que hace la judicatura.
Desde la presidencia del ejecutivo, Pedro Sánchez actúa con cautela. Es plenamente conocedor del choque de trenes que la nueva norma supone, pero a la vez quiere marcar distancia respecto del tono utilizado por la ministra de Igualdad.
La comisión permanente del CGPJ, por su lado, reprochó las palabras de Irene Montero y recordó que en una sesión celebrada en el mes de febrero el órgano de gobierno de la magistratura ya advirtió al Ministerio de Igualdad de las lagunas observadas en el anteproyecto de ley, sin que éstos tomaran medidas.
Irene Montero carga contra los jueces y magistrados: “son machistas”
Irene Montero aseguró que los jueces y magistrados son machistas, considerando que ese es el único motivo por el que estamos viviendo un episodio de numerosas rebajas de penas a agresores sexuales.
Alguien debería recordarle a la ministra de igualdad tres cosas. La primera es que los jueces y magistrados están únicamente sometidos al imperio de la ley. Por lo tanto, más allá de una actitud machista de nuestra judicatura, parece que el único motivo por el que se están produciendo estas rebajas de condena es la ineptitud y falta de rigor legislativo.
La segunda es que en su condición de integrante de un poder del Estado (el ejecutivo), tiene el deber de preservar el Estado de Derecho con todos los condicionantes que ello conlleva. Por lo tanto, le asiste un deber de respeto hacia las instituciones y demás poderes del Estado, incluido el judicial.
Y en tercer y último lugar, debe advertirse a la titular del Ministerio de Igualdad del grave desacato a las normas democráticas que supone dirigirse en esos términos a los integrantes del poder judicial.
No es aceptable que una ministra acuse a los jueces y magistrados de “saltarse la ley” como consecuencia de su actitud “machista”. No lo es porque en tanto que ministra debe conocer las reglas del juego. El poder legislativo legisla y el poder judicial enjuicia a partir de las leyes aprobadas por los cauces parlamentarios. Tan sencillo como eso.
Por lo tanto, en mi humilde opinión, la ministra podría incluso haber cometido un presunto delito de calumnias al haber imputado con temerario desprecio hacia la verdad un delito de prevaricación a jueces y magistrados al acusarles de incumplir la ley como consecuencia de sus actitudes “machistas”.
Incumplir la ley por aquel que está sometido a ella en el ejercicio de sus funciones puede ser constitutivo de un delito de prevaricación. Imputar un delito con conocimiento de su falsedad, un delito de calumnias.
El gobierno revisará la ley del “Sólo Sí es Sí”
Y por último, el gobierno trata de calmar las aguas anunciando que revisará la ley del “Sólo Sí es Sí”. Algo cuanto menos sorprendente desde un punto de vista legal y jurídico ya que aun enmendando los errores de la nueva norma, nada impedirá que asistamos atónitos a la rebaja de numerosas condenas.
El motivo es muy simple. Y es que uno de los principios del derecho penal es la irretroactividad de las normas de carácter sancionador o de condena, salvo aquéllas que beneficien a los condenados o imputados.
En este caso, es evidente que la ley del “Sólo Sí es Sí” es más beneficiosa que la anterior regulación. De ahí que resulte aplicable a los casos que, incluso, han adquirido firmeza.
Ahora bien, si el ejecutivo aprobara una norma por la que se modificara la ley del “Sólo Sí es Sí” para impedir la rebaja de penas, ésta no sería aplicable a los condenados que ya hubieran solicitado la reducción dado que sería más perjudicial y, por lo tanto, no tendría carácter retroactivo.
La asunción de responsabilidad como integrante del poder ejecutivo debería conllevar ahora la dimisión de la ministra. No puede seguir ocupando un cargo que asumió con el objetivo de preservar y enaltecer la voz de las mujeres cuando ha conseguido todo lo contrario: desprotegerlas frente a los agresores sexuales.
Si ella no da el paso, Pedro Sánchez tiene un terreno pantanoso por delante. ¿O acaso su electorado vería con buenos ojos que el gobierno progresista y feminista de coalición legislara a favor de los agresores sin ninguna consecuencia? La única solución es la dimisión o el cese de la Ministra de Igualdad.