La memez no se marcha de vacaciones

La insensatez no entiende de vacaciones ni fechas veraniegas. El pasado sábado anunciaban desde la Generalitat de Cataluña a los cuatro vientos la interposición de denuncia en los juzgados contra tres funcionarios públicos, tres guardias civiles, por los interrogatorios realizados a varios altos cargos del ejecutivo catalán, alegando que los mismos no eran conformes a la ley. Llama la atención la estrategia utilizada, pues no se puede declarar ignorancia, de estos responsables políticos que parecen querer situar a la Guardia Civil en el centro del huracán y responsabilizarla de los males que les acechan. Mal vamos si a estas alturas hay que explicar que los guardias civiles realizan su labor como policía judicial en coordinación con el juzgado, y que a este se le mantiene informado de las acciones que se realizan; que es el juzgado quien dirige la investigación, pero que son los propios agentes quienes para el esclarecimiento del delito tienen la facultad de iniciar la apertura de diligencias, siempre garantizando la presunción de inocencia y salvaguardo los derechos constitucionales.Estos representantes tienen todo el derecho del mundo a realizar las acciones que consideren mas convenientes para alcanzar sus intereses, pero siempre dentro de la legalidad y del respeto a las normas y a las leyes. Pero en lo que no se puede estar de acuerdo es que se instrumentalice la justicia y se mantenga bajo presión a estos servidores públicos que tan solo han realizado su trabajo y ahora se verán en un proceso judicial hasta la mas que probable ratificación de su inocencia.No todo vale, ni de todo se puede hacer un circo. De esa decisión de denunciar a los agentes surgió la idea de realizar una manifestación en las puertas del cuartel de la Guardia Civil en Barcelona, algo que a su vez derivó en otra manifestación concurriendo a la misma hora y mismo lugar pero con signo opuesto.Ojalá que esto sean hechos puntuales y no se ponga el centro de atención en la Guardia Civil, porque finalmente son sus trabajadores quienes pagan las consecuencias, y en muchas ocasiones sus familias puesto que el lugar escogido para realizar estas manifestaciones no solo era el centro de trabajo de los guardias civiles, sino también donde viven sus familiares.