Desechada la idea de la aprobación de una necesaria Reforma Fiscal en esta legislatura que consiguiese un mejor y más justo reparto de la riqueza y de la contribución al mantenimiento del Estado del Bienestar que nos hemos procurado, a poco más de un año del final de la legislatura, si no hay adelanto electoral, nos queda la certidumbre de que tampoco se va a derogar la llamada “Ley Mordaza”.
La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de marzo de 2015, más conocida por Ley Mordaza, aprobada por el PP de Rajoy gracias a su mayoría absoluta con el fin de mantener a raya a la mayoría social que sufrió y padeció los mayores recortes sociales y en libertades de la historia democrática de nuestro país, levantó mucha polémica y la indignación de todas las formaciones políticas que hoy conforman, no solo el Gobierno progresista, sino la mayoría parlamentaria que lo sustenta. Por ello, no se entiende que no se haya acometido, más allá de la expresión de la voluntad, la derogación de la misma y se haya ido dando larga a la tramitación de una nueva norma acorde con la realidad social del país y homologable en cuanto al respeto de las libertades y derechos a los países de nuestro entorno.
Mantener mecanismos que facilitan la impunidad policial, cuya existencia sirve para desalentar a la ciudadanía de utilizar sus derechos no es de recibo en estado democrático de derecho. La Ley Mordaza limita de manera desproporcionada el ejercicio de algunos derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
Conocido y constatable es el hecho que cuando el autoritarismo gana espacio y la ciudadanía pierde derechos, suele ser irreversible. Por ello, al menos es necesario la derogación del articulado de la ley más lesivos para los derechos fundamentales y los que proporcionan en la práctica impunidad a la policía y discreción judicial correspondiente.
Si para no acometer la Reforma Fiscal no se ha sabido argumentar los motivos, ya que más necesaria que en estos momentos nunca será, para no derogar la Ley Mordaza tampoco se está dando razones plausibles para ello, lo que está despertando toda clase de rumores sobre los verdaderos motivos, entre ellos el posible otoño caliente en cuanto a movilizaciones que se espera debido a la situación económica de continua alza de precios y demás. Si esa fuera o fuese la verdadera razón, el llamado Gobierno progresista quedaría muy deslegitimado para llamarse así.
De cumplirse lo que las encuestas predicen y la derecha llega al Gobierno, se encontraría con su propia fiscalidad casi intacta y Ley de Seguridad Ciudadana vigente que le permitiría ahondar en el injusto sistema tributario y en el recorte de derechos y libertades.