En la prensa habréis visto a menudo artículos titulados en forma de pregunta sobre una palabra que, en aquel momento, se ha puesto de moda, pero que la mayoría de los lectores no tienen por qué saber. Los medios de comunicación de Madrid han empezado a publicar artículos del mismo estilo preguntándose ¿qué es el lawfare?. Cuando en Cataluña ya hace años que sabemos que quiere decir este concepto de origen anglosajón, ahora un sector de la opinión pública española lo está descubriendo y, todavía más, empezando a creer que existe. El otro sector de la opinión pública española es el que lo practica.
Igual que con la revolución industrial, Cataluña va unas cuántas pantallas más avanzadas que Madrid y mientras aquí ya se archivan causas judiciales que nunca tendrían que haberlo sido, en la capital apenas empieza el festival de querellas, declaraciones, imputaciones y filtraciones de documentos a la prensa. A Pedro Sánchez lo veremos imputado más temprano que tarde. La imputación concreta no se sabe, pero que acabará imputado sí. Es igual si después el caso por el cual le abren causa acaba en nada, pero la maquinaria busca dos hechos: la imputación y que entre por la puerta del Tribunal Supremo a declarar.
El más grave de todo es que en la capital española todo el mundo lo da por hecho, como un hecho natural que acabará pasando. El PP lo usará como arma nuclear para culminar el desgaste político y mediático del presidente español mientras que el PSOE ya está trasladando la idea que todo ello es un montaje para derrocar Pedro Sánchez en los despachos y no en el congreso.
El lawfare funciona porque, además de quien acaba sacando provecho, siempre hay un cómplice que lo alimenta
Ahora, pues, ya se ha empezado a normalizar que el engranaje judicial puede provocar casos ficticios, hacer acusaciones sin pruebas, magnificar imputaciones y hacer caer quién haga falta. Esta fórmula de lawfare, que en Cataluña ya conocemos, viene siempre acompañada por el montaje mediático y la sobreactuación política. Cuando imputan alguien que conviene imputar, sale urgentemente la noticia, todo de avisos al móvil, emoticonos en rojo en las redes sociales e interrumpen los programas de radio y TV para informar de la última hora.
Permítanme mostrarles un vídeo donde dos catedráticos explican, de forma resumida, el que significa el Lawfare.
Y en muy poco tiempo, los adversarios políticos del imputado pedirán la dimisión si es que ocupa un cargo público. Al día siguiente, a determinados medios, saldrán detalles de aquella imputación y continuarán las peticiones de cese. El partido político del imputado pedirá respeto por la presunción de inocencia y, como mucho, dirá que se tiene que dejar que la justicia actúe cuando es, precisamente, lo qué está haciendo.
En unos meses, es posible que las acusaciones se vayan deshinchando, que las pruebas no sean tales y que la rapidez de las actuaciones se transforme en una lentitud administrativa que solo sirve para alargar artificialmente la espada que pesa encima de los acusados. A los del caso Volhov los empezaron a investigar el 2019, los detuvieron el 2020, no les han encontrado nada en cuatro años y hasta esta semana no se ha archivado la causa.
Es más, el febrero de este año, la Guardia Civil admitió que no tenía ninguna prueba. En estos 10 meses no solo no se ha cerrado la causa, sino que el juez Aguirre la intentó resucitar para atribuir alta traición a Carles Puigdemont i Artur Mas y así no aplicarlos la amnistía. En este punto quizás haya que recordar que Aguirre llegó a decir que el independentismo había pactado con Rusia el envío de 10.000 soldados en Cataluña a cambio que Vladímir Putin tuviera un aliado en este punto del Mediterráneo occidental.
El caso es que a pesar de que ya se sabe que el funcionamiento es este, esta apariencia de legalidad (tan necesaria para el efecto final) hace que se continúe cayendo constantemente en la trampa de dar credibilidad a la actuación judicial, poner metros de distancia con el acusado y sospechar que algo habrá hecho. La rueda continúa rodando y se continúa poniendo en entredicho el imputado antes de que el juez inicie una investigación. Y para que esto siga así es fundamental el papel de cómplice del político rival y el acompañamiento del montaje mediático.
Y este círculo vicioso solo se puede romper si a los tribunales se los aísla de aquello que realmente quieren hacer y que, en cualquier otro país sería ilegal como es la política. Si se quiere que los efectos de este tipo de actuaciones queden sin efecto se trataría, no hacerlos caso y actuar como si no existieran. Y, por tanto, no contar con la toga como cómplice, excusa o aliada por objetivos políticos. Es decir, un cordón sanitario. Este es el poco respeto que han generado y el desprestigio que tienen en algunos casos.