La legislatura anterior, 2019-2023, no se parece en nada a la actual iniciada en 2023. En la anterior, el gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos, alcanzaba la mayoría absoluta, 176 diputados, con socios serios y leales como ERC, EH Bildu, PNV y BNG. En la actual, el gobierno de coalición tiene que contar con Podemos, que después de ser elegidos bajo las siglas de SUMAR, dejaron la coalición provocando un auténtico fraude electoral al no aceptarse que Irene Montero, la única persona de este país capaz de llevar el ministerio de Igualdad, fuera incluida en el equipo de gobierno, y que ha puesto a Podemos en las puertas de la desaparición, al estar la mencionada Irene Montero perdida en el parlamento Europeo, sin trascendencia, y contar como único referente con Ione Belarra, una mujer nada carismática y poco formada.
Pero si a lo anterior se le une que, en esta legislatura, el gobierno de coalición para alcanzar la mayoría, tiene que contar con Junts, el partido de Puigdemont, muy ensimismado en la independencia de Cataluña que es lo único que le interesa, que si votó la investidura de Pedro Sánchez fue a cambio de la Ley de Amnistía que dejaba libre de cargos a Puigdemont y otros, pero que se ha atrancado por la acción de ciertos jueces como Llanera, por lo que habrá que esperar a ver qué decide el Tribunal Constitucional y, probablemente, la justicia europea.
En estas condiciones, se hace muy difícil, casi imposible, aprobar medidas importantes del gobierno de coalición, al estar Podemos muy crecido por la necesidad de sus cuatro votos, y ser Junts un partido ideológicamente muy lejano al gobierno de coalición y a sus socios preferentes. Casi todo lo que le viene bien al gobierno y sus socios desagrada a Junts que, en lo que llevamos de legislatura, no ha tenido inconveniente en votar en contra como en la aprobación del techo de gasto, paso previo para la aprobación del presupuesto para 2025, pese a que supone un aumento de unos 10.000 millones de euros para las autonomías. Ahora amenazan con votar en contra del mantenimiento de los impuestos a la banca y las eléctricas porque peligrarían inversiones de Repsol para Cataluña (Tarragona)
Resumiendo, si el gobierno quiere quedar bien con sus socios, quedará mal con Junts, por lo que es difícil que se pueda aprobar algo, y todo esto bajo la satisfacción de PP y VOX que observan cómo el gobierno las pasa canutas para aprobar algo.
Y si a lo anterior añadimos que el socio minoritario, SUMAR, no ha tenido inconveniente en pactar con el PP dos medidas sin contar con el PSOE, podremos deducir que la situación se puede poden fea para el gobierno que aspira a terminar la legislatura. Esperemos que, sacándose conejos de la chistera, vuelva a satisfacer a todos los que conforman la mayoría de investidura. Difícil están las cosas.
Por eso, cuando veo cómo actúan algunos partidos como Podemos, poniéndole ultimátums al gobierno, sin pensar que serán de imposible aprobación porque, de entrada, Junts no estará de acuerdo, mi incomprensión se desborda al no entender nada en absoluto de esa forma de proceder.
Y si sumamos el hecho de que Salvador Illa sea el presidente de la Generalitat, en oposición a las ambiciones de Puigdemont que, mediante una maniobra imposible quería alcanzar este cargo con el voto a favor de ERC y la abstención del PSOE, podemos concluir que, en esta legislatura, Podemos y Junts se sienten a sus anchas y el gobierno de coalición solo cuenta para todo con sus socios leales: PNV, EH Bildu (el mejor partido del arco parlamentario, el más social), ERC y BNG.
Apañados vamos.