Cuando una persona tiene en su mano la llave para desbloquear la renovación del máximo órgano de la judicatura española, y no lo hace, se convierte en un personaje sospechoso, al dar pábulo a la idea de que quizá existe un interés inconfesable para no hacerlo. Lanzar ahora el órdago de su disposición a dimitir para forzar el desbloqueo del CGPJ, da pie a la pregunta obvia: ¿Por qué ha esperado tanto?¿Por qué no lo ha hecho antes?, visto, después del debate en el Senado, que las posiciones entre PSOE y PP están igual de alejadas que lo han estado toda la Legislatura.
La irritación mostrada en el tono de su discurso de apertura del año judicial, y en sus declaraciones inesperadas del día anterior ante la prensa, llevan implícita otra incógnita: ¿Por qué despierta ahora de su letargo de cuatro años en los que no ha forzado la máquina, dejando que la imagen de la justicia se haya ido degradando, aún más, ante el ciudadano? ¿Será porque los vocales conservadores del CGPJ se han subido a su barba, dispuestos a incumplir el acuerdo del Congreso que les obliga a designar al juez que corresponde a su sector para renovar el Tribunal Constitucional?
Resultado: el daño ya está hecho —la UE nos ha sacado los colores por esta irregularidad que distingue en negativo a la Justicia española—por su inoperancia equidistante al poner en pie de igualdad,la responsabilidad que tiene el Gobierno y el PP en el bloqueo de la renovación del Consejo. Equidistancia injustificable porque es el PPel que incumple la Constitución negándose toda la Legislatura a la renovación con todo tipo de argumentos espurios, para defender sus mayorías en el Consejo y el Constitucional, fruto de la obtenida en la anterior Legislatura. Bloqueo contumaz que forzó al Gobierno a elaborar dos leyes, aprobadas por el Congreso, tras casi tres años de bloqueo. En 2021 para impedir que el CGPJ pueda nombrar altos cargos en Tribunales Superiores, Salas y Audiencias, mientras esté en funciones; y en 2022 forzándoles a nombrar a los dos jueces que les corresponden, para renovar el Tribunal Constitucional —el Ejecutivo debe nombrar otros dos—, con el fin de que no mantenga la mayoría conservadora irregular, como en el CGPJ.
Este juego de poder que Lesmes ha consentido, al que podía haber puesto límite hace ya uno, dos o tres años; le hacen corresponsable del circo en el que se ha convertido el poder judicial en España, como ejemplo palmario de que la transición democrática no afectó al ámbito judicial, que sigue siendo un coto de la clase pudiente y conservadora. Según el informe de 2019 de la Asociación de Jueces y Fiscales, la media europea de jueces es de 21 por cada 100.000 habitantes mientras en España es de 12. Déficit que justifica la lentitud de la justicia española —una justicia lenta es ineficaz y menos justa—, efecto de los seculares presupuestos insuficientes y un sistema de acceso a la carrera judicial decimonónico, memorístico, que precisa de un mínimo de cinco años de estudio diario para aprobar unas oposiciones, que veda el acceso a quienes carecen de recursos para aguantar ese dispendio.
Aún está en la memoria cómo la derecha se echó, cual jauría, sobre el Ministro de Justicia Mariano F. Bermejo —Gobierno de JLR Zapatero— hasta forzar su dimisión por asistir a una cacería sin tener licencia para cazar en esa provincia; y acabar así con su proyecto de reforma de acceso a la carrera judicial, que daba un vuelco al modelo de exclusividad, que así, sigue existiendo. De ahí que el Vicepresidente y Consejero del Gobierno de IDA, y juez, Enrique López, declarará impúdicamente a un medio de la derecha que: <<el PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial>>. Lesmes no abrió la boca para desmentir una afirmación que hace añicos elequilibrio ideológico que deben tener los encargados de impartir justica, al hablar a las claras del viento que sopla en las altas esferas de la judicatura española, dando por bueno que, efectivamente, la mayoría de jueces y juezas juegan en el equipo de la gaviota.