Ante la polémica desatada con la aplicación de la ley de amnistía, he consultado a la academia de la lengua la definición de los siguientes términos: Juez, magistrado y togado.
- Persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar.
- Miembro de un jurado o tribunal.
- Persona nombrada para resolver cualquier asunto o materia, especialmente una duda o controversia.
- Podrá actuar como juez único de una causa.
- Podrá presidir o formar parte de un tribunal.
- Podrá ser nombrado para resolver una causa concreta.
Se pueden ver, según textos consultados, varias o parecidas definiciones y/o ejemplos, pero todos coinciden que su trabajo es impartir justicia aplicando la ley. Igualmente, todos coinciden en que deben respetar la ley en vez de desobedecerla negándose a su aplicación según su criterio.
De lo que los jueces Marchena y Llarena hablan es de malversación, como si los implicados, a los que les niegan la ley de amnistía, se hubieran beneficiado personalmente, cosa que no ha sido así como saben perfectamente, pero amnistiar a quienes han condenado o han elaborado una causa les fastidia que una ley, de alguna manera, contradice lo que ellos piensan y les quite su razón.
Por tanto, se mantienen las órdenes de detención contra los implicados, que, según ellos, no tienen derecho al beneficio que la ley de amnistía les concede, manteniéndose las ordenes vigentes. Ya tuvieron que soportar que las mismas fueran rechazadas en varios países europeos y, creo que esto, todavía no lo han superado.
La reacción de este par de jueces le ha dado una gran alegría a Núñez Feijóo que, además, ha reaccionado como lo que es, un líder sin carisma que se pone contento con la judicatura cuando cree que le dan la razón y, sin embargo, no tiene reparo alguno en declarar, públicamente, su desconfianza en el Tribunal Constitucional.
Personalmente, a quien le interese el tema, aconsejaría la lectura del libro titulado La Justicia en el banquillo (Arpa editoras). Su autor es el juez Joaquín Urías, jurista, exletrado del Tribunal Constitucional. En su libro acabado de publicar, constata que "Perviven los hábitos, maneras e ideas de la dictadura en el funcionamiento del Poder Judicial español".
Su libro es un texto que merece la pena leer y tenerlo cerca para consultarlo, ofrece todas las claves del problema. Recuerda que la actual ley orgánica del Poder Judicial es de 1870 y que en 150 años solo ha sufrido cambios estéticos, manteniendo la esencia del modelo. Los mismos jueces boicotearon la reforma que pretendía la República y fueron los primeros a legitimar el golpe de estado de Franco, todavía venerado hoy en buena parte del ámbito judicial.
Esto explicaría que el cambio a la democracia -denominado régimen del 78- no realizó determinados cambios, con lo que todavía perviven determinadas actuaciones como la que ahora nos ocupa.