Podríamos definir el “Estado de bienestar“ como un exitoso modelo político en el que el gobierno, interviniendo directamente en la economía, distribuye de forma equitativa los recursos, reduciendo las diferencias entre ricos y pobres y mejorando las condiciones de vida de la población mediante la redistribución de la riqueza y la inversión en el gasto público. Teniendo este concepto en mente los dos pilares fundamentales de este modelo son la salud y la educación y con criterios de accesibilidad , universalidad (acceso sin discriminación de cualquier índole) y gratuidad (sin pago directo pero sufragado por los impuestos de todos los ciudadanos).
Pues bien, corrían marzo y mayo del 2020 con la primera ola pandémica, cuando sufrimos el impacto en cuanto a mortalidad se refiere, con 7.291 personas mayores fallecidas en nuestras residencias públicas de la Comunidad de Madrid, residencias convertidas puramente en zonas zero. Y entonces, tuvimos la posibilidad de abrir los ojos a lo que de verdad importa.
¿Y qué pasó en esas residencias durante esos días?
A esas personas (que no olvidemos que eran personas) se les negó el derecho a la asistencia hospitalaria por vivir en un centro sociosanitario, y esto no lo digo yo, lo dicen los protocolos aplicados. Por protocolo había orden de no traslado de los residentes a sus correspondientes hospitales de referencia.
La pandemia fué establecida con estado de alarma el 14 de marzo del 2020 y no fué hasta el 25 de marzo de ese mismo año cuando se aprobó el famoso protocolo denominado popularmente “de la muerte” (manteniéndose durante 16 días la atención en residencias con borradores de dicho protocolo). Protocolo que establecía criterios para la derivación o no derivación hospitalaria, entre ellos, el grado de dependencia o la discapacidad intelectual que pudiera presentar la persona. Pero amigas y amigos, esos criterios no son éticos y no deberían ser legales, pues en nuestro estado de derecho una persona no es más o menos apta por cuestiones eugenésicas.
Óscar Álvarez, el exgerente de la Agencia Madrileña de Atención Social, responsable de estos centros en ese momento, ya mostró públicamente los temores ante el protocolo que impedía el traslado de las personas residentes a los centros hospitalarios.
Según lo relatado por las personas que entraron en dichos centros durante esos días, las habitaciones eran compartidas por personas con y sin covid e incluso por personas con y sin vida. Las actas de la Policía Municipal, constatan la presencia de cadáveres sin recoger. Hechos que confirmó el cuerpo de bomberos que manifestó que algunas personas fallecidas llevaban en torno a 7-10 días en sus habitaciones en avanzado estado de descomposición. En la misma línea, las inspecciones municipales recogieron las quejas de las direcciones de residencias por la incapacidad para poder atender a los residentes con los medios materiales y humanos de los que disponían y poder garantizar la seguridad de sus trabajadores que debían cuidar “en contexto de guerra” por la precariedad en los medios.
Amigas y amigos, esas personas eran nuestra familia social (fueran familia de sangre o no) y esas personas, por protocolo, fueron aisladas en sus habitaciones a la espera de su muerte sin más cuidado paliativo que el de su mirada al techo.
Y sobre todo ese horror vivido, sólo se han abierto 9 expedientes sancionadores a 9 residencias de la CAM y no se han obtenido responsabilidades jurídicas a los creadores y gestores políticos de esos protocolos. De hecho, el pasado 17 de septiembre el juzgado de Instrucción número nueve, desestimó parcialmente la última querella presentada frente a Isabel Diaz Ayuso como presidenta de la CAM, Enrique Ruiz Escudero como consejero de Sanidad y Enrique López como responsable de la coordinación de la Consejería de Sanidad y de Políticas Sociales, admitiendo sólo a trámite lo concerniente a la gestión de la propia residencia. Y lo mismo ocurrió 18 veces antes, en los que la justicia no encontró pruebas suficientes de aquello que podríamos catalogar como omisión del deber de socorro, omisión del derecho a la vida y al cuidado y omisión del derecho a una muerte digna.
Parece mentira que cada persona porte un un cristal tan diferente para mirar la vida y parece mentira que algunas personas porten un cristal tan obtuso, que su realidad vivida sea una realidad distorsionada, tan distorsionada como para votar a aquellos que fueron supuestamente responsables de estos acontecimientos. Acontecimientos que seguimos recordando, aunque el Sr. Enrique Osorio, vicepresidente de la Comunidad de Madrid pudiera llegar a afirmar que “Eso las familias ya lo han superado, y volver a esto, por interés electoral, creo que sinceramente no es procedente” para argumentar su negativa a la creación de una comisión de investigación sobre lo sucedido.
Según a Asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales, la Comunidad de Madrid es la región donde menos se invierte en servicios sociales y en sanidad (con 1.170 euros per capita) y que más recurre a los seguros privados (el 43% de la población madrileña dispone de uno).
Según el Cofog (Clasificación funcional del gasto de las Administraciones Públicas) la inversión sanitaria para el 2022 se ha presupuestado en 8.513 millones de euros, lo que supone un 25% menos de lo que se gastó en 2020, con 9.569 millones de euros de presupuesto y 11.443 millones de euros en gasto, y un 7% menos de lo que se gastó en el 2019. Por lo que actualmente el presupuesto para sanidad en la CAM es un 7% inferior a la situación prepandémica.
Si a ello le sumamos los 7.500 profesionales despedidos desde el 2020; los 180 millones de eurosgastados en la construcción y equipamiento del Hospital Isabel Zendal, ese “hospital milagro” que que ya desde el inicio estuvo infrautilizado y que actualmente sólo atiende a 49 pacientes en rehabilitación mientras 144 profesionales trabajan en él; la derivación de pacientes desde los centros sanitarios públicos madrileños a los centros gestionados por lo privado o puramente privados como manera de reducir listas de espera, suponiendo esta gestión un sobrecoste en la atención sanitaria y bajo amenaza velada al paciente, ante la no aceptación de la opción privada, de terminar al final de una dilatada lista de espera, que supone un total de 800.000 personas en espera para consultas y cirugías según indican la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública y CCOO; el desmantelamiento de los servicios extrahospitalarios, de los Servicios de Atención Primaria y de los Servicios de Atención Rural en pro de un supuesto “nuevo modelo de gestión sanitaria” planteado por el Sr. Ruiz Escudero y aplicado por la Sra. Diaz Ayuso, pues qué quieren, el caldo de cultivo para el malestar social se ha dado y con creces.
Y como por nuestra sangre corren principios de defensa de lo social y de lucha por el cuidado, abrimos los ojos y asumimos como primer principio, como el principio fundamental de supervivencia humana tanto en el sentido biológico como en el psicosocial el ejercicio del cuidado, el cuidado como cuidado del grupo, el cuidado como cuidado de nuestros bienes públicos y de nuestro capital material y humano. Y esa reivindicación del malestar social se hizo imprescindible en las calles, calles que llenamos el pasado 13 de noviembre con más de 200.000 personas unidas con el principal objetivo del cuidado social, para que dejen de ser expoliados nuestros bienes públicos y ser nuestras vidas menospreciadas. Y el 21 de noviembre los especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria y Pediatras que ejercen su labor asistencial en Servicio Madrileño de Salud iniciaron huelga indefinida y… y parece que por fin, las personas entendimos lo que de verdad importa, que no es más ni menos que la salud y el cuidado.