Cada día nos encontramos en Madrid con nuevos datos a cual más sorprendentes. Ahora resulta que la presidenta Ayuso no tiene los justificantes de sus compras, hechas con pólvora del rey, es decir, con dinero público. Ha convertido a la Comunidad más rica de España en su feudo privado, del que no ha de dar cuentas a nadie. Con lo de uno cada cual puede hacer lo que quiera. Solo que aquí ni los fondos son suyos, ni ella es la señora feudal medieval.
El caso es que la presidenta de la Comunidad de Madrid adquirió material sanitario de China para emplear en la primera ola de la pandemia y hacer frente a la crisis sanitaria, velando por la sanidad de los ciudadanos madrileños. Los vuelos que llegaron a Madrid, por vía de emergencia, fueron 23 y transportaron toneladas de material. Por las informaciones que llegan parece que se gastaron unos 19,5 millones. Ahora, cuando la oposición política solicita los albaranes de modo oficial en la Asamblea de Madrid, la respuesta del Gobierno es lacónica: “el material sanitario trasladado desde China no se acompaña de albarán al ser la Comunidad de Madrid importador directo del mismo”.
La sorprendente respuesta implica que alguien está mintiendo y que no es posible saber si llegó el material, ni quién lo recogió. El comprador de un producto tiene como prueba documental del mismo su entrega, lo que técnicamente se denomina alabarán, pero la compradora, en este caso la Comunidad de Madrid, no tiene documentación de tal entrega, por lo que tampoco puede demostrar que se recibió, aunque sí se pagó. ¿Qué clase de gestión es esta? ¿Se importaron estos productos? ¿Salieron de un almacén? ¿Se trasladaron mediante una empresa de transportes? No se puede saber nada con fundamento, porque la gestión del organismo público madrileño es de una opacidad total.
Todavía más. Normalmente, el vendedor se queda el original del albarán del producto que ha vendido. En el caso de que la Comunidad de Madrid lo hubiera extraviado –lo que es difícil de aceptar-, sólo tendrá que pedir la copia a la empresa que se lo vendió, pero, aunque se le exige dicho albarán, no lo proporciona. Esta actuación es increíble. ¿Hay que deducir entonces que la Comunidad de Madrid carece de documentación de compra del material y entrega del mismo? Tampoco se puede creer. Acaso lo que no quiera es entregarlo para que no sea posible fiscalizar nada. Algo tiene que estar pasando aquí y es, desde luego, gravísimo política, moral y socialmente. No se trata de una simple anécdota.
Vayamos por un momento principio. Hay unas palabras luminosas de la presidenta de la Comunidad en el Pleno de la Asamblea de Madrid, ofendida por las dudas suscitadas: “Está todo documentado, ¡todo documentado!, como lo están las compras. Señor Gabilondo, no me diga que miento con las compras porque tengo fotos y videos de cada albarán, de cada camión y de cada avión que ha entrado en la Comunidad de Madrid”. Claro, ¿qué se puede decir ante una respuesta tan contundente? Nada, pero ahora resulta que no tienen los albaranes. Una de dos: o a la presidenta le están mintiendo sus equipos, o es ella la que mintió al jefe de la oposición en el Pleno. En cualquier caso, no parece que haya habido control alguno.
Supuestos los antecedentes anteriores, caben sospechas razonables. Sin concurrencia ni publicidad ninguna, puesto que había una emergencia, se contrataron cinco empresas por parte de la Comunidad de Madrid para 23 adjudicaciones. Una de ellas –Sport Logistics, ubicada en Zaragoza- facturó 15.227.000 € por el trasporte. Hay, igualmente, un nombre, el de Óscar Leyva, que hizo las gestiones y trabajó en Cultura y Deportes de la Comunidad. Quizás tengan algo que aportar, tanto la empresa como Leyva, pero el silencio es absoluto. En su momento se habló de que la Comunidad de Madrid había sido objeto de un fraude con los aviones. Todo tiene que estar registrado y se pueden verificar las cantidades pagadas y consultar en dicho registro. Tienen que cuadrar obligatoriamente. Así que aquí se impone una auditoría para verificar la situación.
Desde el punto de vista político, se podría organizar una comisión de investigación en la Asamblea, pero, si no la aceptan, no se consigue nada y de esto ya existen experiencias. Otra acción sería la denuncia judicial, pero sin los registros no pueden aportar pruebas documentales, luego este procedimiento tampoco vale. Será ilegal, constituirá un delito, podrá haber apropiación de caudales públicos, pero todo esto necesita pruebas para hacer la acusación y la Comunidad de Madrid no parece dispuesta a proporcionarlas. ¿Qué hacer, pues? El asunto está muy crudo.
Creo que no basta con dejar en evidencia a los dirigentes de la Comunidad. Habría que hacer mucho más. La moción de censura me parece inevitable. También en esto hay que actuar con decisión. Sacar a la luz todas las irregularidades ya sería un buen tanto, aunque no se ganara. El pueblo llano agradecería poder comprobar si hay una verdadera oposición, que puede controlar tantos desmanes como se han cometido. También sería estimulante confirmar que existe un programa de gobierno como alternativa. Otra gestión política para la Comunidad de Madrid es posible y se visualizaría a la gente que está dispuesta para hacerlo mejor. No se puede seguir oculto en las catacumbas. Hay que salir y plantear dar la vuelta a la situación, aunque se perdiera, porque nada puede estar ahora más perdido.