Nuestra sociedad debate hoy en día sobre la pertinencia de un hipotético indulto a los condenados por la llamada “sentencia del procés”. Tertulianos hiperventilados, políticos taimados, independentistas irreductibles, patriotas de sacristía y gesto hipostasiado, famosos de todo pelaje y condición…todos se pronuncian sobre el indulto aún no aprobado, y sobre los efectos que el mismo tendrá sobre la convivencia e integridad de nuestro país.
El indulto es, en nuestro ordenamiento jurídico, una medida graciable. Es decir, que es potestad únicamente del Consejo de Ministros el aprobarlo o no. Su aprobación no implica nulidad o limitación alguna de la responsabilidad penal determinada por la sentencia condenatoria firme, es decir, de la “verdad jurídica” asociada a los hechos probados de dicha sentencia, sino que, parcial o totalmente, detiene el cumplimiento efectivo de la pena en base a criterios de justicia política o de utilidad social que poco o nada tienen que ver con los fundamentos jurídicos de la condena.
Además, tradicionalmente el indulto no podía ser impugnado ante los tribunales, salvo por motivos procedimentales. Decimos “tradicionalmente”, pues una sentencia relativamente reciente del Tribunal Constitucional referente al indulto de un conductor kamikaze abre la posibilidad de que el poder judicial entre a valorar la suficiencia y coherencia de la motivación gubernativa del indulto, impidiendo que el mismo sea total, pero no parcial.
Los políticos y militantes sociales independentistas condenados en la “sentencia del procés” lo han sido por delitos como la sedición, la malversación de fondos públicos o la desobediencia. Ninguno de ellos (o ellas) ha sido condenado por llevar a cabo “un golpe de Estado” y tampoco por un delito de rebelión que descartó expresamente el Tribunal Supremo en su sentencia. Algunos resultaron imposibles de aprehender por nuestro sistema penal, pero la mayoría de ellos y ellas están cumpliendo condena desde hace algún tiempo, sin mostrar “arrepentimiento”, pero tampoco ninguna conducta punible o antisocial en sus respectivos centros penitenciarios.
La fundamentación jurídica del indulto a estos presos es inatacable. El indulto, ya lo hemos dicho, es una potestad graciable del Consejo de Ministros. Una hipotética revisión judicial de la medida sólo podría dar como resultado convertirlo en parcial, lo que no tendría efecto práctico alguno, ya que el gobierno puede indultar a los penados sólo por la fracción de pena que les queda por cumplir.
La oportunidad política de este indulto puede ser debatida. Se afirma, por parte de la oposición, que el indulto de personas “no arrepentidas” sólo envalentonará a los independentistas, que verán que la sedición no tiene consecuencias. El gobierno, por su parte, indica que el indulto es una medida de concordia imprescindible, reclamada por gran parte de la ciudadanía catalana, que puede abrir un nuevo escenario que permita recuperar la convivencia en Cataluña.
Lo cierto es que este indulto es una condición necesaria, pero no suficiente, para dicha restauración de la convivencia en Cataluña. El llamado “problema catalán” es mucho más complejo y serio que las consignas que braman los chauvinistas hiperventilados de uno y otro bando, o los buenos deseos de una clase política que sólo apuesta por su reelección.
El “problema catalán”, en puridad, es el problema de España. El problema de la inacabada construcción nacional de una España que fundamentó su identidad como entidad política en una imaginería imperial periclitada, propia del Antiguo Régimen, y en las derivas autoritarias recurrentes de sus élites que han impedido, una y otra vez, constituirse a los pueblos de España en una “comunidad nacional de ciudadanos”.
España sufre no haberse constituido como Nación, es decir, como Comunidad Política de ciudadanos libre e iguales, tras la pérdida de las últimas colonias del Imperio. Sus élites dirigentes (entre las que había, no cabe negarlo, también muchos catalanes y vascos) han diseñado históricamente una España ciega a su esencia pluricultural, plurilingüe, diversa y múltiple. La diversidad irreductible (también ideológica) de España ha pretendido ser negada, una y otra vez, por medidas autoritarias, montañas de sangre, “consensos” falaces, y normas jurídicas adecuadamente diseñadas para no poder ser reformadas sin una ruptura brutal de la convivencia.
El problema del indulto a los presos del procés, no es un problema jurídico, ni un problema “de orden público”, ni una buenista cuestión de “concordia”. Es el problema de como reconstruir España cuando cerca de la mitad de la población catalana ha roto con su imaginario y con su proyecto.
Volver a suturar a la Patria española no pasa por la simple represión, que implicaría desplazar, aumentados, al futuro los problemas que ahora ya son bastante graves. Tampoco por indultar y olvidarse, procurando elevar un manto de silencio sobre el resto de militantes independentistas condenados o perseguidos y sobre el problema de fondo, para garantizar una precaria mayoría parlamentaria.
Se habla de una hipotética mesa de diálogo, tras los indultos, que poco podrá hacer si no puede hacer lo fundamental: involucrar a toda sociedad en un proceso de reconstrucción sobre nuevas bases. Unas bases que tienen que partir de la comprensión de que, en el mundo globalizado en el que vivimos, sólo las comunidades nacionales grandes y cohesionadas (Estados-Continente como China, Rusia o Estados Unidos) tienen alguna posibilidad de limitar los efectos perversos del libre flujo de los capitales. Pero también de la comprensión de que una realidad plural que no pudo ser homogeneizada por la brutal represión franquista, no va a desaparecer simplemente porque los togados y los que confunden patriotismo con bravatas y exabruptos decidan recurrir a la violencia, legal o no.
Así que la “mesa de diálogo”, para ser tal, tiene que implicar, en un proceso abierto y participativo, a toda la sociedad catalana. Obreros, independentistas, españolistas, profesionales, jóvenes, empresarios, mujeres…en un proceso de reflexión colectiva de masas.
Porque sólo ese proceso de reflexión y debate colectivos en toda la geografía española puede ser, en puridad, el proceso de construcción nacional que España necesita. Un proceso constituyente, abierto, plural, del que pueda salir una España de ciudadanos libres y libremente federados. La España que España se merece ser.
Sin un proyecto así, sin apelar a la creatividad de nuestro pueblo para resolver el problema territorial irresuelto por las élites, transitaremos una y otra vez por el trayecto pendular que nos condena a las derivas autoritarias o al caos cantonalista. Tenemos que inventar nuevas libertades, nuevos derechos, y nuevos abrazos federales. Y lo tenemos que hacer entre todos y todas, ya.