El artículo 14 de la Constitución de 1978 consagra el principio de igualdad como un derecho fundamental que garantiza que todas las personas son iguales ante la ley, sin discriminación de ningún tipo. Concretamente, establece que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”
¿Qué está pasando entonces cuando el 71,3 por ciento de los españoles creen que en España a la hora de aplicar las leyes se hacen diferencias según de quién se trate, y solo un 26 por ciento de la población considera que se da el mismo trato a todas las personas a la hora de aplicar las leyes, según la encuesta de Actitudes hacia el Estado del Bienestar II del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)?
Pues que la desigualdad ante la ley está provocando una grave anomalía democrática, al no cumplirse uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático. Una anomalía que debe corregirse de manera urgente para que no se continúe erosionando, como una gota malaya, la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, la estabilidad del Estado de derecho, y la propia democracia como sistema político.
Los datos nos permiten conocer más detalles:
- Las mujeres creen que se hacen diferencias a la hora de aplicar las leyes más que los hombres. Concretamente, el 72,1 por ciento de las mujeres frente al 70,4 por ciento de los hombres.
- Por nivel de estudios, las personas sin estudios (un 76,1%), las que tienen estudios de secundaria 1ª etapa (75%), y los que tienen estudios de primaria (73,5%) son las que creen que se hacen más diferencias.
- Por clase social, la clase alta y media alta es la que presenta el mayor porcentaje en cuanto a creer que se da el mismo trato a todas las personas con un 32,9 por ciento, mientras la clase baja/pobre es la que presenta el menor porcentaje, un 18,7 por ciento. En sentido contrario, la clase baja/pobre es la que presenta el porcentaje más alto de los que creen que a la hora de aplicar las leyes se hacen diferencias según de quién se trate, con un 78,6 %. Mientras la clase alta y media alta, tiene el porcentaje más bajo, con un 64,4 por ciento.
Estamos hablando de la percepción de que existen mayores barreras de acceso a la justicia no solo para los grupos socioeconómicos más vulnerables, sino para las amplias clases medias.
Una percepción que va acompañada por otra de impunidad de las élites ante sus acciones, al tener un acceso privilegiado a los recursos legales que les permiten eludir la justicia. Esto significa discriminación en mayor o menor grado para una inmensa mayoría de la población, y privilegios para una minoría.
Ante esta realidad surgen varias preguntas: ¿Se está cumpliendo la tutela judicial efectiva que se recoge en el artículo 24 de nuestra constitución? ¿Se está cumpliendo con el artículo 119 de la constitución que señala que “la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”? ¿Son necesarias reformas en la justicia para garantizar la igualdad ante la ley y evitar la discriminación?
Independientemente de las respuestas que dé cada uno, es evidente que, para solventar esta crisis de legitimidad en la aplicación de la ley, que es real, es necesario, como está haciendo el gobierno de España, desarrollar un conjunto de medidas que aborden las desigualdades estructurales del sistema judicial.
Desde la igualdad de oportunidades real en el acceso a las oposiciones de jueces y fiscales, pasando por la independencia de los tribunales, el respeto a la separación de poderes, la trasparencia, la ampliación y mejora de los servicios de asistencia jurídica gratuita, entre otras cuestiones.
Y entre ellas deben tener un sitio destacado los mecanismos de auditoría externa para evaluar el funcionamiento del sistema judicial.