España sobre todo desde principios del siglo pasado ha sido un país de emigrantes. En aquel entonces la emigración española se dirigía y establecía fundamentalmente en Latino América.
Salvo los de intercambio y salidas al extranjero para mejorar y/o ampliar estudios y conocimientos, los componentes que obligan a las personas a emigrar fuera de sus países, son el social-económico e igualmente como estamos viendo el político, con tantos millones de refugiados que huyen de las guerras en sus respectivos países.
Este tipo de emigración lamentablemente también la padecimos durante y después de la Guerra Civil (en realidad Guerra de España pues, contra la II Republica legalmente constituida se enfrentó la Alemania nazi de Hitler y la fascista Italia de Mussolini), con tantos cientos de miles de desplazados que se vieron obligados a abandonar nuestro país, siendo en la mayoría de los casos bien recibidos en los países de destino. Uno de los ejemplos mas importantes y significativos fue el de la gran y positiva acogida dispensada por México a los exilados republicanos españoles, estando al frente del gobierno mexicano el presidente Lázaro Cárdenas, amigo personal del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín.
Desde mediados del siglo pasado hasta bien entrada la década de los 80, sólo en Europa residíamos y trabajábamos más de tres millones de emigrantes españoles. Todos contribuimos mediante el envío de remesas económicas al sostenimiento de la economía española, posibilitando la realización de infraestructuras y servicios.
No causábamos gastos a nuestro país, pues durante nuestra estancia en el extranjero los gastos que ocasionábamos en todo tipo de servicios: sanitarios, educativos, sociales, etc. eran cubiertos por los países donde residíamos, mediante nuestras aportaciones correspondientes a sus respectivas haciendas públicas.
Después del tiempo transcurrido y como consecuencia del fallecimiento de la mayoría, sobrevivimos algo más de 850.000 emigrantes, quienes en enero de 2015 por Hacienda fuimos notificados que estábamos obligados a declarar la pensión percibida del extranjero. Se basaba en la disposición adicional única de la ley: 26/2014 de 27 de noviembre.
Anteriormente a esas fechas y cuando íbamos a hacer nuestras correspondientes anuales declaraciones en Hacienda, se nos informaba que las del extranjero no eran necesario declararlas y sin embargo, la referida disposición adicional no solamente nos obligó, sino que lo hizo con carácter retroactivo, con el gran quebranto que esa injusta medida ha causado a tantos miles de emigrantes jubilados, que ya se habían adaptado a vivir con sus pagas de jubilación, muchos de ellos exclusivamente con la extranjera, por haber desarrollado toda su vida laboral en los países donde trabajaban y residían, complicando su régimen de vida el pago con carácter retroactivo, debido a que como suele ocurrir con muchos pensionistas, mediante sus pagas ayudaban a hijos y/o nietos que se encontraban en paro o con graves problemas sociales y económicos.
El Gobierno de Mariano Rajoy con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda en marzo del 2012, amnistió a grandes defraudadores “auténticos patriotas”, que tenían sus depósitos en paraísos fiscales. Con estos defraudadores profesionales se ha tenido mucha (demasiada) consideración, hasta el extremo de que las detracciones a quienes se acogieron a la amnistía fiscal fueron prácticamente simbólicas, en la mayoría de los casos menos del 3% y en la de la princesa María Cristina de Borbón, prima del rey Juan Carlos I a quien imitaba, no llegó a pagar ni el 2%, concretamente 73.437 euros de más de 4 millones que tenía ocultos. No ha ocurrido igual con los emigrantes españoles retornados, pues las detracciones de sus declaraciones de la renta contemplan un promedio del 30%.
Algunos funcionarios de Hacienda llegaron a manifestar que, desde las altas instancias, se rumoreaba que este era un colectivo fácil con el que ensañarse y poder ser exprimido, algo que sin duda tuvo en cuenta Montoro, no así con los de su estirpe, con quienes se mostró muy permisivo y condescendiente, demostrándose que es un camelo la manida frase: “hacienda somos todos”.
Esta referida frase, hipócritamente la repetía con mucha frecuencia como ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Éste ahora puede que sea el protagonista del acto más corrupto que se haya producido en nuestros país desde el advenimiento de la democracia, pues estuvo utilizando su cargo institucional como ministro de Hacienda en los gobiernos de Aznar y Rajoy, para fraudulentamente hacer leyes a la carta que beneficiaban a grandes empresas, de forma coordinada entre éstas y el bufete de abogados que creó: Montoro y Asociados y posteriormente con la denominación de Equipo Económico, al incorporarse entre 2011 y 2018 en el Gobierno de Rajoy. Menudo personaje y “cuanta autoridad moral tenía”, como ministro de Hacienda velando por el bien común de la ciudadanía.
Entre la amnistía fiscal, saqueo de la hucha de las pensiones, recortes en becas y el rescate bancario, se estima que el coste originado fue de ciento veinte mil millones de euros. El caso es que parte del equipo de Cristóbal Montoro, se mantiene asistiendo en el área económica a Alberto Núñez Feijóo. Con estas pandillas teníamos y tenemos a zorros cuidando a las gallinas.