Si nuestro país cuenta con el doble de la media de la Unión Europea de funcionarios públicos, por lógica, los trámites administrativos requeridos con la Administración se tendrían que realizar con mucha más agilidad y eficacia. Sin embargo, ha venido (y viene) ocurriendo justo lo contrario.
Son varias las medidas sociales aprobadas, como el bono social eléctrico contemplado en el Real Decreto 897/2017 del 6 de octubre, pero no ha tenido los efectos teóricamente pretendidos, pues no lo reciben cerca de un 80% potenciales beneficiarios. Sin embargo, uno de cada tres hogares que si lo reciben tienen ingresos medio-altos. Inexplicable, pues el mismo, iba fundamentalmente dirigido a las familias con pobreza severa o en riesgo de exclusión social.
igualmente viene ocurriendo con el IMV (Ingreso Mínimo Vital), que estaba destinado a 850.000 familias o 2.330.000 ciudadanos. Se estableció en la Ley 19/2021 con una cuantía que varía entre 461 y 1015 euros y está destinado igualmente para personas con pobreza severa o en riesgo de exclusión social.
Sin embargo, hasta la actualidad y como consecuencia de los trámites administrativos y tanta burocracia, sólo lo han percibido (la mayoría de forma retardada), 589.948 familias o 1.771.480 personas teniendo todos los derechos como legitimas perceptoras.
Con el SMI (Salario Mínimo Interprofesional), ocurre otro tanto de lo mismo. Concitó grandes expectativas su incremento del 54% desde el año 2018, hasta establecerse en la actualidad en 1.134 en 14 pagas. Sin embargo, no se adoptaron las medidas previas oportunas y necesarias, para que muchos empresarios no pudieran extorsionar a sus empleados, obligándoles a trabajar horas extras no remuneradas.
Esto sin duda, genera frustración e indignación a las personas que vienen padeciendo, la ineficacia de la Administración o las arbitrariedades y extorsiones de gran parte de empresarios desaprensivos. En consecuencia, las personas que padecen estas situaciones, podrían ser víctimas propiciatorias de la reaccionaria derecha extrema del PP o fascista extrema derecha de Vox, que con sus lenguajes populistas canalizan electoralmente sus descontentos e indignación.
Por eso no es de extrañar, que en barrios humildes y de clase trabajadora, la mayor parte de sus municipios y comunidades autónomas estén gobernados, por las dos organizaciones políticas mencionadas, siendo de los ejemplos más evidentes y significativos el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, gobernados por el alcalde José Luís Martínez-Almeida e Isabel Días Ayuso respectivamente, ambos del PP y con gobiernos de mayoría absoluta.