No han sido pocas las veces que hemos leído y oído hablar de las reformas laborales que, tanto PSOE como PP, perpetraron contra la clase trabajadora española a raíz de la crisis económica de 2008. La primera, la reforma de 2010, la aprobó el gobierno del que decía que alcanzaría el pleno empleo. La segunda, la de 2012, aunque no sorprendió a nadie, fue igualmente dañina –o más- para los ya maltrechos currantes de este país.
Uno de los famosos lemas de aquél 15M de 2011 rezaba: “Pesoe, pepé; la misma mierda es”. No les faltaba razón, pero tampoco les sobraba, puesto que “olvidaron” –quizá convenientemente- que la artífice de sendas reformas laborales, perjudiciales para los trabajadores y trabajadoras de España, era –es y será- la Unión Europea.
El principal órgano de gobierno de ésta, la Comisión Europea (cuyos miembros no han sido elegidos por la ciudadanía mediante sufragio universal), elabora anualmente un informe conocido como las Grandes Orientaciones en Política Económica (GOPE, en adelante), basado principalmente en la llamada “regla de oro”: respetar el límite de déficit estructural del 3% del PIB de cada estado miembro; con el fin último de lograr la estabilidad presupuestaria de la eurozona.
Pero, para que dicha restricción se haga respetar, los países miembros se dotaron de un mecanismo –conocido como Six Pack- que permite imponer sanciones equivalentes al 0,2% del PIB del país que se salte las normas (artículo 121 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). De la misma manera, los estados miembros también se dotaron de otra herramienta conocida como Two Pack, mediante el cual la Comisión Europea (repito, votada por NADIE) exige a los países que presenten un anteproyecto de presupuestos que debe ser aceptada, rechazada o enmendada por ésta. Es por ello que ningún gobierno español, sea del signo que sea, es realmente libre para fijar los Presupuestos Generales del Estado: el mismo vicepresidente Pablo Iglesias reconoció que los últimos habían sido moderados “pensando en Europa”.
Así, mediante la adopción de estas medidas coercitivas y de control, las “recomendaciones” de la Comisión Europea pasan a ser exigencias, demandas...imposiciones a los estados miembros. Tanto es así que, incluso gobiernos llamados “euroescépticos” como el de Salvini en Italia han terminado claudicando, como claudicaría también un hipotético gobierno “euroexigente” de VOX, por muchas astracanadas o performances que interpreten.
De la misma manera, en virtud de dichas “recomendaciones” de los informes GOPE en pos de la estabilidad presupuestaria europea, los gobiernos de PSOE-PP llevaron a cabo sendas reformas laborales y tomaron, entre otras, las siguientes medidas perjudiciales para la economía de los trabajadores españoles:
-Aumento del IVA del 16 al 21%.
-Aumento del IVA reducido (es decir sobre los productos de primera necesidad) de 8 a 10%.
-Congelación y disminución del salario de los funcionarios de un 5%.
-Congelación de las pensiones.
-Reducción de las prestaciones por desempleo para los nuevos inscritos,
-Aumento de la edad legal para la jubilación de 65 a 67 años.
-Gasto público disminuido en 6.000 millones de euros.
-Reducción de las camas de hospital de alrededor de un 25%.
-Privatización de los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat.
-Planes de austeridad presupuestaria de 43.000 millones de euros en 2012. -Suspensión de los convenios colectivos.
-Posibilidad de despedir sin tener que dar ninguna indemnización.
-Liberalización de profesiones reguladas, como la de los taxistas.
La profundidad y calado de las “reformas estructurales” (eufemismo para “recortes”) y la capacidad de injerencia de la Unión Europea en las economías nacionales hacen que revertir las reformas laborales de 2010 y 2012 –como pretendía cierta izquierda antes de llegar al poder- sea imposible sin abandonar la UE y la eurozona. Si no me creen, pregunten a la ministra de Trabajo “comunista”, Yolanda Díaz, quien llegó a decir que derogarlas sería “irresponsable”.
No lo olviden: solo si recuperamos nuestra soberanía económica y presupuestaria estaremos en condiciones de llevar a cabo las políticas pertinentes conducentes a incrementar el bienestar de la clase trabajadora española. Y es que, en palabras de Alexandre García Turcan: “Existe, por lo tanto, una incompatibilidad entre pertenecer a la UE y la implementación de políticas progresistas (u orientadas hacia el socialismo) en lo económico y social. Es una cuestión de soberanía nacional y de democracia, conceptos que van unidos de la mano.”